Sentada en la última fila del banquillo de los acusados por el caso Nóos, con la foto de su hermano el rey de España enfrente de ella presidiendo la sala de vistas, Cristina de Borbón tiene a los poderes fácticos del Estado totalmente de su parte, y en la primera sesión del juicio iniciado ayer lunes 11 en Palma de Mallorca escenificaron con contundencia esta posición sin ambages. La fiscalía reclamó por activa y pasiva durante la vista que se aplicara en su caso concreto la doctrina Botín, la misma que el ex ministro de Justicia del Partido Popular Alberto Ruiz Gallardón prometió derogar con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2013 y que ya aprobada definitivamente el pasado 2015 nunca se vio una línea de lo prometido en el texto final.

Otra afirmación que quedará ya para los libros de historia judicial de este país es la que pronunció la Abogada del Estado, representada en este juicio por la letrada Dolores Ripoll, quien argumentó que la afirmación “Hacienda somos todos” sólo es un eslogan publicitario no aplicable al derecho. Según la exposición de motivos que debería inclinar al tribunal que juzga a la infanta a favor de su exculpación, la Abogada del Estado afirma que “no existe la acusación pública en materia tributaria”. Añadió que una acusación pública como la de Manos Limpias (que pide ocho años de cárcel para la infanta como cooperadora necesaria en dos delitos contra Hacienda cometidos por su marido) puede denunciar una infracción en materia tributaria, aunque según su criterio debe tenerse en cuenta que el perjuicio por esta actuación es únicamente el erario público cuya defensa corresponde en exclusiva es la abogacía del Estado.

De este modo, Ripoll aseguró al tribunal que los Servicios Jurídicos del Estado acusan o no dependiendo exclusivamente del resultado de una instrucción y siempre sobre delitos penales, no sobre infracciones administrativas, en clara alusión al hecho de que las irregularidades tributarias de la infanta no alcanzan los 120.000 euros que suponen la frontera del delito.

Por su parte, el fiscal del caso, Pedro Horrach, no tuvo reparos en acudir a la figura de Manuel Azaña, presidente de la II República, para defender sus tesis a favor de la infanta Cristina. Consideró el fiscal que mantener a Cristina de Borbón sentada en el banquillo de los acusados del caso de desvío de fondos públicos a empresas de su marido, Iñaki Urdangarin, implicaría “quebrantar la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada” contra la hermana del Rey.

Esta estela de la fiscalía y la Abogacía del Estado fue cogida ipso facto por el abogado de la infanta, Jesús María Silva, que llegó a aportar hasta una decena de sentencias, tanto del Supremo como de varias Audiencias provinciales, en las que se desarrolla la doctrina Botín, por la que se impide juzgar a una persona por delito fiscal en el caso de que ni la fiscalía ni la Abogacía del Estado ejerzan acusación contra ella.

La abogada de la acusación particular ejercida por Manos Limpias, Virginia López Negrete, argumentó que “el retorcimiento de la defensa de la infanta perjudicaría a la justicia española, dejaría perjudicada a la Corona y la propia Infanta quedaría estigmatizada socialmente si no se sigue con este juicio”.

Las tres magistradas del juicio del caso Nóos (Rocío Martín, Samantha Romero y Eleonor Moyá) se dan de plazo cuatro semanas, justo antes de que el próximo 9 de febrero se retome la vista oral, para razonar sus argumentos a través de un auto. Lo habitual es que las cuestiones previas se resuelvan in voce después de unos minutos de deliberación por parte del tribunal. La complejidad jurídica del caso ha hecho optar por la respuesta escrita y más reposada.

También deberá pronunciarse el tribunal sobre la petición de la defensa de Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarin, para que el tribunal llame a declarar como testigo al rey emérito Juan Carlos I.

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