El Estado debe 6.000 millones a la Seguridad Social por el pago de prestaciones por desempleo

En los objetivos presupuestarios remitidos por el gobierno de Madrid a Bruselas se indica que el déficit de la Seguridad Social se reducirá hasta el 1,4% del PIB en 2017. Tanto fuentes del organismo como expertos cualificados no entienden cómo se va a hacer. Los 400 millones que se obtendrán subiendo las bases de cotización son insuficientes.

Reducir al 1,4% el déficit de la Seguridad Social supone, en términos absolutos, 3.000 millones de euros. La subida de las cotizaciones no da para llegar a esta cantidad. Pero es que, además, el Estado debe a la tesorería 6.000 millones de euros que ésta adelanta para pagar las prestaciones de los desempleados. Un dinero que nadie sabe cuando se repondrá y del que poco o nada se ha hablado.

Aunque el Gobierno se ha trazado como objetivo la creación de 500.000 nuevos puestos de trabajo, en el mejor de los casos tampoco darían el dinero suficiente para acercarse, siquiera, a estos tres mil millones. Sobre todo si se tienen en cuenta los incentivos en materia de cotizaciones sociales que van a recibir los empresarios a cambio de esos nuevos contratos laborales.

Y es que en el sistema pesa, y mucho, las famosas “tarifas planas”. Los expertos dicen que, con ellas, el sistema es insostenible. De ahí que se esté planteando la posibilidad de financiar las diferencias a través de los presupuestos generales.

Es otra de las vías que se plantean. Los presupuestos podrían hacerse cargo de partidas como las de los complementos de mínimos, y las pensiones de viudedad y orfandad. El total anual por estos conceptos se acerca a los 8.000 millones. Darían de sí para hacer frente al dinero que se necesita para alcanzar la previsión del déficit y para no tener que hacer uso del total de los 15.000 millones que todavía quedan en la “hucha de las pensiones”.

Los expertos advierten, de todas maneras, que esto es hacer “trampas en el solitario”. Sacar el dinero para la Seguridad Social de los presupuestos significa incrementar el déficit de la administración general que, recordemos, no puede sobrepasar el 1,1% del Producto Interior Bruto, según lo estipulado en las propuestas remitidas a Bruselas. Subir las cuotas sociales a las empresas supone, también, una nueva carga sobre las mismas, cuando se ha estrechado el margen con el incremento “encubierto” del Impuesto de Sociedades.

Además, hay que tener en cuenta que el déficit del sistema público de pensiones está avanzando, en 2016, más que el ritmo de crecimiento de las cotizaciones. El avance de éstas se compensa con el incremento del gasto en pensiones, especialmente por el aumento del número de jubilados y de la cuantía de la pensión media como consecuencia de que los trabajadores que están retirándose han cotizado en los segmentos altos de las bases imponibles. Pero también, y este es un dato imprescindible para comprender lo que está pasando, porque la caja de la Seguridad Social adelanta la “nómina” las prestaciones por desempleo. Y aunque el Estado debe hacer las transferencias correspondientes de estos “adelantos”, últimamente no se están haciendo, lo que supone engrosar el déficit de liquidez. Según datos de los Servicios Públicos de Empleo, el Estado ha dejado de ingresar por tal concepto a la Seguridad Social 6.000 millones de euros, una cantidad suficiente para enjugar el déficit.

Este y otros asuntos van a ser discutidos en el seno de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Es allí donde se esperan soluciones para poder sostener el sistema público de pensiones más allá de 2017. Entre otros, la eliminación de los topes de cotización de las bases máximas, subida directa de las cuotas, y la modificación del RETA, el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos.