Para cualquier persona relacionada con el complejo mundo de la propiedad intelectual era un secreto a voces: la reforma en el pago de la compensación por copia privada, conocida como canon digital, iba a ser tumbada en los tribunales. Primero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y posteriormente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo declararon nulo el real decreto 1657/2012. Este decreto regulaba un nuevo sistema: en lugar del antiguo canon digital, el Gobierno de Rajoy estableció una compensación para los autores con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Si el anterior sistema era criticado por indiscriminado, ya que el estado era uno de los mayores pagadores de canon al adquirir soportes para almacenar información que no estaba protegida por propiedad intelectual, el PP logró algo que parecía imposible: hacer el sistema aún más indiscriminado. La reforma no gustó absolutamente a nadie: a los críticos con el canon por ser el nuevo sistema aún más injusto a su juicio, y a las entidades de gestión ya que de 115 pasaron a percibir únicamente cinco millones de euros. La entidad de gestión CEDRO tuvo que ser rescatada por sus análogas europeas.
¿Qué es exactamente la compensación por copia privada o canon digital? Este es un concepto muy polémico y uno de los temas estrella entre los expertos en propiedad intelectual. En realidad es una tasa aplicada a dispositivos en los que se almacenan todo tipo de ficheros (como las memorias USB), que en origen se aplicó a las cintas vírgenes de casete para música y los VHS, Betamax, vírgenes para grabar en vídeo. Desde su creación y hasta el 2012 en teoría esta tasa debía ser sufragada por los fabricantes y distribuidores de estos soportes. Sin embargo, en la práctica su aplicación se reflejó en un aumento del precio de venta al público y fueron los clientes quienes quienes en realidad sufragaron el canon.
Pero ¿por qué hay que pagar esa tasa? ¿Qué hay detrás de la compensación por copia privada? Las entidades de gestión como SGAE hablan de lucro cesante, o dicho de otra manera, la cantidad que las industrias culturales dejan de percibir por las copias que se hacen CDs o DVDs. La cuestión es que con un uso tan extendido de internet el concepto mismo de copia privada ha quedado desdibujado y el cálculo del lucro cesante va a ser cada vez más polémico. Ahora mismo las entidades de gestión estiman daños patrimoniales valorados en unos 400 millones de euros, pero continúa siendo un misterio qué va a hacer el PP con ese agujero y qué reformas va a plantear respecto a la compensación por copia privada.
Lo que se conoció como la guerra del canon se inició en el 2003, cuando ASIMELEC, la asociación que representaba a los fabricantes de CD y DVD vírgenes, firmó un acuerdo con SGAE y resto de entidades de gestión para evitar un embargo por el impago de la tasa. Se creó una plataforma Todos contra el canon https://es.wikipedia.org/wiki/Todos_contra_el_canon para coordinar las acciones contra lo que se consideró una tasa injusta y anacrónica. Ana María Méndez, dueña de la tienda Traxtore, comenzaba poco después una lucha titánica contra todas las entidades de gestión, al considerar absolutamente desproporcionado lo que querían cobrar a su tienda, un modesto negocio familiar. En la desaparecida www.sgaecontratraxtore.com Ana María relató el día a día de una lucha que finalmente fue ganada en los tribunales europeos y que es ahora una patata caliente para el Gobierno del PP.
