No sé si por casualidad, pero en estas fechas navideñas hemos conocido diversas noticia referidas al ejército: la sentencia del Tribunal Supremo confirmando la expulsión definitiva del teniente Luis Gonzalo Segura, con una exposición del abogado del estado en su contra para enmarcar “Si tamaña es su insatisfacción personal y tal su grado de animadversión para con la Institución Militar y para con los militares (esos mafiosos y matones de discoteca que eran o compañeros suyos o sus superiores) no alcanzamos a comprender por qué no aplaude enfervorizado una resolución que le libera de tan desagradable compromiso“; las declaraciones del teniente general Gómez de Salazar, uno de los generales que aspira al cargo de JEMAD, comparando las asociaciones de militares con yihadistas; el mismo tribunal que juzgó a Gonzalo Segura permite a un capitán seguir en el ejército tras la agresión sexual a 28 soldados; el ascenso a general del coronel que acosó sexualmente a la excomandante Zaida Cantera; las campañas a favor de Millán Astray en Madrid, o a Mola y Sanjurjo en Pamplona; y, sin ser exhaustivo, el incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica referida a emblemas, calles y reconocimientos a militares sanguinarios del levantamiento militar contra el gobierno constitucional de la la II República.

Y en estas llega María Dolores de Cospedal, Doña Finiquito, al Ministerio del Ejército, coincidiendo con la negativa total incluso vetando una proposición de la mayoría del Congreso, a que la próxima subida de las pensiones exceda el mínimo legal; es decir, el 0’25%. La excusa es que eso conllevaría un coste inasumible por el Estado.

Sin embargo, el presupuesto ordinario de Defensa se verá incrementado el año próximo en más de 1.800 millones de euros, que darían de sobra para igualar el aumento de las pensiones al IPC previsto.

Ese dinero, en cambio, se dedicará a sufragar la parte correspondiente de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) que puso en marcha Aznar y cuyo montante total ronda más de 30.000 millones de euros hasta 2030. En la anterior legislatura, los pagos se atendieron a través de créditos extraordinarios, que el Gobierno de Mariano Rajoy lograba sacar adelante gracias a su mayoría absoluta, evitando así que fueran objeto de debate político y mediático con motivo de la tramitación anual de los presupuestos en el parlamento. Y tampoco Zapatero, ni sus ministros Chacón y Bono, pusieron coto a este despilfarro que no hubieran pasado la aprobación por referéndum de los españoles.

Los PEAS, que promovió al anterior titular de Defensa, Pedro Morenés, cuando era secretario de Estado del departamento, prevén la adquisición de aviones de combate y de transporte, helicópteros, carros blindados, fragatas y submarinos, entre otro material de guerra. Ni siquiera en los años más duros de recortes se suspendió su aplicación, que reporta pingües beneficios a la industria armamentística, con la que Morenés mantiene una estrecha relación, pues trabajó para ella antes de hacerse cargo del ministerio a finales de 2011. Ni que decir tiene que esta política está consensuada con el PSOE con lo que se mantendrá el gasto y la política que ya se mantuvo en tiempos de Zapatero. A pesar de que, como dice el exteniente Luis Gonzalo Segura, “nos hemos gastado 40.000 millones de euros en armamento que no necesitamos”

No obstante, los militares de tropa y marinería que terminan contrato con el Ejército cuando cumplen los 45 años, deben abandonar las Fuerzas Armadas, después de más de 20 años de servicio sin miramiento alguno a sus servicios, lo cual les deja en una situación de precariedad social y sin expectativas laborales incompatible con su condición de trabajadores.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia lleva meses concediendo la consideración de personal fijo a militares de tropa y marinería que recurren por la vía administrativa y reciben el silencio por respuesta. En la actualidad, según fuentes jurídicas, hay 16 procedimientos abiertos por este asunto en el alto tribunal autonómico. Todos ellos van a ser recurridos ante el Tribunal Supremo por la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de defensa de Doña Finiquito, dándonos un ejemplo de la importancia que para el Ministerio y para la ministra tienen los soldados y la marinería del Ejército.

Esperemos que soldados y marineros tengan un tratamiento personal que no tenga nada que ver con aquello que el exteniente Gonzalo Segura afirma en la última carta dirigida a Felipe VI: “ Y calló, Majestad, como lo hizo durante estos años mientras sus Fuerzas Armadas se fueron rellenando de acosadores sexuales, agresores sexuales, oficiales que intentaron violar a soldados, ladrones, consumidores de droga, malversadores, fascistas o torturadores. Todos ellos siguen sirviéndole y no se le percibe ofendido o preocupado”.

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Vinculado desde muy joven a la CNT y a diversos movimientos de izquierda, es militante de Los Verdes desde finales del siglo pasado. Ha sido concejal en Dénia, Presidente de Los Verdes del País Valenciano y, actualmente, Presidente de la Federación de Los Verdes. Filólogo y escritor, ha ejercido su magisterio en diversas escuelas e institutos del País Valenciano y de Cataluña, así como también en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en el Instituto de Ciencias de la Educación de las Universidades de València y Alacant. Ha sido Inspector Educativo y Director Territorial de Cultura en Alacant. Premio XXV d’Abril en Benissa con un libro de cuentos, Premio Educación y Sociedad del Ministerio de Educación por su libro de texto A debat, ha publicado una treintena larga de libros de texto para la enseñanza del valenciano, libros de cocina tradicional valenciana e innumerables colaboraciones periodísticas.

3 Comentarios

  1. Y ante todo, en ningún momento el PP y PSOE que han gobernado durante 10 años desde la entrada en vigor en el año 2006 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, ponen encima de la mesa EL INCUMPLIMIENTO DE DICHA LEY en sus artículos 20 y 21.

    Hablamos de un incumplimiento real, reconocido y que se podría considerar fraude de ley, con todas sus consecuencias.

    De las declaraciones del General, constitutivas de una falta a la ley de derechos y deberes, que este sr. parece desconocer, el MINISDEF, en voz de la Ministra, no considera ni reprenderlas ni tomar, acciones, simplemente, dicen que la opinión es la suya, no la del general. Esto no es propio de un país democrático, mas bien de la dictadura que nos precedió.

    Por menos, se ha estado persiguiendo a representantes asociativos, persecución que junto a medidas dirigidas a entorpecer la labor asociativa, falta de recursos, prohibición de difusión en unidades (presencia física o reuniones en las mismas), total falta de consideración hacia las propuestas en el seno del Consejo Asesor de Personal, no tiene carácter vinculante, baja de los informes de calificación de los representantes asociativos, con lo que supone en la carrera profesional, etc, etc.

    Este es el panorama contra el que luchamos las asociaciones militares profesionales, lo cual indica en estado predemocrático en el que se encuentran las FAS, que junto con los Gobiernos y no aplicación de Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (España, de conformidad con el artículo 64 del Convenio, se reserva la aplicación de:
    1) Los artículos 5 y 6, en la medida en que fueran incompatibles con las disposiciones que, en relación con el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, se contienen en el Título XV del Tratado Segundo y en el Título XXIV del Tratado Tercero del Código de Justicia Militar”)

  2. ¿Alguien puede explicar por qué en el Reino de España existen dos reyes, dos ejércitos, dobles fuerzas de inseguridad y, sin embargo, se habla hasta la saciedad contra gobiernos municipales, autonómicos? ¿No sería mucho mejor no contar con esas inútiles duplicidades? ¿Alguien puede explicar por qué en las academias militares de este miserable reino se sigue teorizando acerca de la necesaria eliminación del “enemigo interno”? ¿se sabe qué se quiere decir con eso? ¿Para cuándo una democratización real de las enseñanzas que se deben impartir en esas Academias?

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