El hecho criminológico más destacado de la pasada campaña electoral ha sido, sin lugar a dudas, la agresión de un joven de 17 años al Presidente del Gobierno en funciones el pasado 16 de diciembre en Pontevedra mientras paseaba por esta ciudad. Desgraciadamente este suceso ha sido el que ha marcado el debate en los medios de comunicación sobre las causas y consecuencias de la delincuencia juvenil, y no lo ha sido el debate profundo que debemos tener sobre el modelo de seguridad y de prevención de la delincuencia que podría tener España, pero eso es harina de otro costal.
Diversos medios se hicieron eco de las características del agresor, centrándose en que proviene de una familia sin problemas, aparentes, y el hecho de que es un chico inadaptado y con múltiples problemas de comportamiento. Si esto fuera cierto, debemos preguntarnos por qué no se ha hecho nada con él con anterioridad a este suceso. Y la respuesta es sencilla, simplemente porque no existe ningún tipo de programa en el que se trabaje con menores conflictivos, más que cuando han cometido algún delito y, por supuesto, han sido detectados. Ahora tendremos que ver qué medidas se proponen desde la justicia juvenil y si serán efectivas o no. Y sobre todo, volveremos a ver que se echa en el olvido la necesidad de contar con programas preventivos de la delincuencia juvenil suficientemente evaluados y puestos en marcha por profesionales con conocimientos criminológicos.
Las características del agresor que se han explicado en diversas informaciones son acordes con el cambio que existe en el perfil de chicos y chicas internados en centros de menores desde el año 2000 más o menos, en el que se ha pasado de un tipo delincuencial muy relacionado con problemas de marginalidad, con familias multiproblemáticas; a un perfil de joven de clase media, media-alta y que hace de la violencia un medio más para conseguir cualquier fin que se proponga. Siendo este un ejemplo de que la explicación de la delincuencia juvenil no es algo sencillo y para su prevención se necesitan programas con una base empírica suficiente y profesionales especialmente formados en la materia.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la mayor parte de delincuentes juveniles abandonan la comisión de delitos a los 18-20 años, y, un porcentaje elevado de ellos, sin que se hayan detectado y, por tanto, sin que se haya trabajado con ellos. Ahora bien, lo que sí puede ser preocupante es un grupo de menores, del 5%, que seguirá su carrera delictiva o aquellos sujetos que comienzan el mundo del crimen con delitos violentos o en organizaciones criminales, porque éstos inician más tarde su carrera delictiva y no la abandonarán por sí solos. Este grupo es al que hay que prestar atención para detectar de manera temprana estos chicos e integrarlos en programas preventivos adaptados a sus necesidades.
En este sentido y en los últimos años también se han desarrollado numerosos instrumentos para evaluar el riesgo de violencia o de delincuencia juvenil, algunos de ellos adaptados al contexto español, y que se utilizan en medios de justicia juvenil, pero cuya aplicación también sería muy interesante desde centros educativos en los que ya se detecten problemas conductuales violentos, porque han demostrado su idoneidad para una adecuada intervención temprana con los delincuentes juveniles.
También se debe aclarar que el conocimiento que tenemos de los programas de agresores juveniles con los que se trabaja en España parecen estar funcionando, según una revisión extensa de los profesores Santiago Redondo, Antonio Andrés-Pueyo y Ana Martínez de la Universidad de Barcelona promovida por el Ministerio de Sanidad en el año 2012. Además, tampoco parece haber duda de que el modelo de justicia juvenil que tenemos, la ley de responsabilidad del menor y su aplicación, son las adecuadas; sobre todo por la gran flexibilidad de las medidas y por centrar la acción en la educación y superior interés del menor.
Ante las voces que pedirán una medida ejemplar para este tipo de agresiones, debemos aclarar que se corre el riesgo de mantener a este chico en la carrera delictiva, pero si se trata desde una perspectiva educativa, centrándonos en las causas profundas de su comportamiento podemos hacer que no desarrolle esa carrera delictiva.
A raíz de este y otros problemas similares se hace necesario que, de una vez por todas, se tenga una estrategia nacional de prevención del delito, más allá de la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la que se integren los conocimientos criminológicos sobre carreras delictivas y en los que se actúe desde los mismos centros educativos, porque recordemos, son lugares especialmente propicios para realizar una intervención temprana y evitar en el futuro la delincuencia.
También es muy necesario que se invierta en investigación criminológica de carreras delictivas, a través de estudios longitudinales, en los que se puedan observar los factores de riesgo y protección en periodos amplios de la vida de los niños y jóvenes. En este caso existe muy poco interés por los poderes públicos en este sentido actualmente y es un error que se está cometiendo porque, como dice el profesor de la Universidad de Barcelona Antonio Andrés-Pueyo, para luchar de manera conveniente contra la violencia es necesario conocer detalladamente sus características y los contextos en los que se produce, debido a que la interacción entre el individuo y el ambiente es la clave de todo este proceso, del que conocemos muy poco en España, y lo poco que conocemos no de aplicación real en la prevención de la problemática de violencia y delincuencia juvenil.
