Con rapidez (la reunión duró hora y media), y contundencia. El Tribunal Constitucional no se lo ha pensado dos veces y ha anulado la iniciativa aprobada este miércoles pasado por el Parlament de Catalunya, con los votos de Junts Pel Sí y la CUP, en la cual se establece, “si no hay un acuerdo para la celebración de un referéndum”. la vía unilateral hacia la independencia. La instancia judicial, además, da un plazo de 20 días a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y a la Mesa, para que informen sobre el cumplimiento de sus órdenes, “a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas en el art. 92.4 Ley Orgánico del Tribunal Constitucional”. En otras palabras, una clara advertencia de que se tomarán medidas si se incumplen las suspensiones decretadas.

De esta manera, el Constitucional recoge las demandas del gobierno de Madrid. De momento, no sanciona no adopta acciones penales, pero sí deja abierta la puerta al inicio del proceso correspondiente si vuelve a producirse una desobediencia. En fuentes de la Cámara de Barcelona, se ha señalado que Forcadell “tiene la intención de seguir con su plan. Este miércoles se va a de vacaciones hasta finales de mes, a Etiopía y deja en funciones al vicepresidente”. Por su parte, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, advirtió, este fin de semana, de que incumplirán las resoluciones que al respecto establezca el Constitucional y, al mismo tiempo, ha subrayado la voluntad del ejecutivo de seguir adelante con la hoja de ruta para alcanzar la independencia de forma unilateral “si no se produce un acuerdo en torno a un referéndum”. En opinión de Munté, “lo único que se está haciendo es  abrir un debate sobre la exploración de las vías de desconexión de España, en el caso de que, al final, no se acepte la celebración de un referéndum por la independencia”. Para la Generalitat, esta actitud “va a ser difícilmente explicable en el exterior, ya que no se está hablando de cumplimiento de la Ley, sino de democracia”.

No lo entiende así el Constitucional que asume el planteamiento del Gobierno. Fuentes jurídicas explican que no es posible proceder a la adopción de medidas concretas. Para abrir el camino hacia las mismas. Primero deben explicarse los “presuntos responsables” de lo que se considera “una infracción”.

Y es que toda cautela es poca para un asunto que se está poniendo muy feo para todos. Y más después de que el PP en el Senado haya decidido oponerse a que los catalanes tengan grupo parlamentario propio.

 

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