El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, conocía los riesgos que entrañaba el viaje del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, y podría haberlo evitado. Eso se desprende del informe del Consejo de Estado al que ha tenido acceso El País. Hoy Trillo es embajador de España en Londres.

Hoy Trillo es embajador de España en Londres

Así lo describe el dictamen: “Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”. De esta forma, responsabiliza directamente al ministerio de Defensa de lo ocurrido.

El informe fue aprobado el pasado 20 de octubre por unanimidad de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, presidida por el ex ministro José Manuel Romay Beccaría, también del PP. De él se desprende que el equipo de Federico Trillo es responsable de la muerte de los 62 militares. Es decir, que aunque no se aprecia delito, sí responsabilidad. El accidente sucedió a causa de la negligencia de Defensa.

El Consejo de Estado admite que la causa fue “el agotamiento y el estrés de los pilotos del Yak-42 y su falta de formación para afrontar situaciones como la que vivieron”. Es la primera vez que se reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en el mayor siniestro del Ejército español actual en tiempos de paz.

 

“Una burla”

En mayo de 2012, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el archivo de la causa del Yak-42 por considerar que no había delito. Pocos días antes, el 30 de marzo del mismo año, Mariano Rajoy nombraba a Federico Trillo embajador de España en Londres.

la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el archivo de la causa del Yak-42 por considerar que no había delito

En cuanto a los responsables, condenó al general médico Vicente Navarro a tres años de prisión y a los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez a un año y seis meses por un delito de falsedad en documento oficial. Habían falsificado las identificaciones de 30 de los fallecidos, en lo que supuso uno de los episodios más ignominiosos de actuación en el Ejército español.

El general falleció sin cumplir condena. Los comandantes Ramírez y Sáez fueron indultados por Mariano Rajoy en abril de 2012. Tras dicho indulto, el presidente de la Asociación de Víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, declaró: “Señor Rajoy, así no se hace memoria de 62 militares. Esto es inhumano y una burla“.

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