La reforma del Registro Civil es uno de los temas que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha propuesto resolver en la presente legislatura. El futuro de este organismo no acabó en manos de los registradores mercantiles tal y como se intentó acordar en la última legislatura, no sólo por la oposición del mundo judicial como son jueces, secretarios y funcionarios principalmente, sino también por la de los propios registradores que se negaron a asumir esta competencia sin contrapartida económica alguna.

Y algo parecido sucedió con la reforma del Código Mercantil que debería haber sustituido al antiguo Código de Comercio que data de 1985. “Civilistas” y “mercantilistas” no se pusieron de acuerdo en el seno de la Comisión de Codificación sobre el anteproyecto de Ley presentado por el Ministerio en mayo de 2014.

Una vez superado el mandato provisional, la Comisión de Codificación se dispone a retomar los trabajos que llevan efectuando desde 2006. Lo que todavía se desconocen son las directrices políticas que se les señalará desde el Palacete de la calle San Bernardo.

De momento se sabe que el Código Mercantil girará en torno a la idea de mercado entendiendo éste como ámbito de desarrollo de las relaciones jurídico-privadas entre los distintos operadores. Albergará materias carentes de normativa específica y actualizará gran parte de la existente.

En cuanto a su estructura, el Código Mercantil contendrá siete libros: el primero titulado “del empresario y la empresa”, el segundo versará sobre “las sociedades mercantiles”, el tercero sobre “el derecho de la competencia y la propiedad industrial”, el cuarto regulará “las obligaciones y los contratos mercantiles en general”, el quinto específica “los contratos mercantiles en particular”, el sexto, “los títulos y valores” y el séptimo se refiere a la “prescripción y caducidad de las obligaciones mercantiles”.

En lo que al Registro Civil se refiere, Rafael Catalá ha retomado las negociaciones con los principales agentes afectados. En la oposición parlamentaria se mantiene la negativa a “cualquier forma de privatización”. De hecho se quiere volver atrás en otros capítulos adoptados por el anterior gobierno de Rajoy en lo que se refiere a las competencias asumidas por los notarios en actos exclusivamente judiciales como son las celebraciones de matrimonios. La asunción por parte de los registradores de las competencias del Registro Civil supondría, tanto para Ciudadanos como para el espectro de la izquierda, PSOE y Podemos, acabar por pagar por algo que debe considerarse un servicio público y, por lo tanto, sufragado por todos los españoles”.

Por su parte, los registradores mercantiles con los cuales se estuvo a punto de llegar a un acuerdo en la pasada legislatura, siguen oponiéndose a hacerse cargo de esta competencia, salvo que reciban una remuneración por este “trabajo”. Catalá estudia la posibilidad de que el Estado ofrezca una contrapartida a cambio de la asunción, pero, de momento, se descarta que ésta sea económica.

De hecho no habría presupuesto para ello. Y más desde que se ha dejado clara la imposibilidad de “recuperar” las tasas judiciales. Todo lo contrario. Declaradas inconstitucionales, ahora se estudia suprimirlas también para pymes y autónomos. Sólo quedarían para las grandes sociedades.

 

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