Cada año, la firma Ipsos Public Affairs presenta un estudio de aprobación presidencial entre los gobernantes de América Latina. El año pasado el Estado dominicano utilizó todos los recursos de comunicación para hacer llegar la noticia a cada rincón de República Dominicana de que el presidente Danilo Medina gozaba de un 90% de aprobación de su gestión.

Este año el presidente de este país caribeño quedó fuera de este ranking por mucho, ni siquiera aparece en el listado donde los de menor porcentaje son: el presidente boliviano, Evo Morales (41 %); el ecuatoriano, Rafael Correa (36 %); el cubano, Raúl Castro (31); el brasileño, Michel Temer (30 %); el mexicano, Enrique Peña Nieto (25 %), y en el último lugar el venezolano Nicolás Maduro, con apenas un 6%.

 

El presidente mudo

En todos los países del mundo, incluyendo algunas dictaduras, los gobernantes suelen hablar a su pueblo, menos en la República Dominicana. En la actualidad hay diversos casos de corrupción administrativa que están en proceso de investigaciones tales como la compra de los aviones Súper Tucanos a la empresa brasileña Embraer, la venta de manera fraudulenta de un barrio completo llamado “Los Tres Brazos”, la venta de una mina valorada en 5 millones de dólares en tan solo 95.000, y el caso que estremeció todo Latinoamérica como es el caso Odebrecht entre otros.

Este último caso ha despertado una masa silente, la clase media, el segmento de la sociedad que ha decidido todas las grandes revoluciones y transformaciones en la República Dominicana, organizados y con un efecto bola de nieve esta empoderando a sectores indiferentes que por comodidad o porque no le afectaba no eran abanderados de las luchas sociales.

Le llaman ‘El Mudo’ pero cuenta con decenas de periodistas que hablan por él. Cada día salen al aire por radio, televisión e internet programas encargados de persuadir, no de informar. Estos comunicadores son empleados del Gobierno central, cuya función es defender al presidente, crear rumores, apagar otros y montar un circo informativo para mantener la figura del gobernante en alto y los casos de corrupción fuera de la opinión pública.

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