Definitivamente, el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, comparecerá ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y no ante el pleno de la cámara, tal y como habían solicitado los grupos de izquierda. Arias Cañete deberá dar explicaciones ante un grupo restringido, presidido por un parlamentario de su partido, por tres asuntos: la aparición de su mujer, Micaela Domecq, en los papeles de Panamá, un supuesto uso de su influencia para dar el visto bueno a minas de uranio en Salamanca y, sobre todo, por el Caso Acuamed, la empresa pública Aguas de la Cuenca del Mediterráneo, que el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, investiga por presuntas irregularidades en la concesión de contratos de obras.
Aunque puede parecer que las propias autoridades europeas han facilitado la labor a su comisario, lo cierto es que cada vez se le ponen las cosas peor. En el Partido Popular están convencidos de que, al final, uno de los imputados, el ex secretario de estado de Medio Ambiente y ex subsecretario de la Presidencia, Federico Ramos de Armas, implicará de manera clara al ex ministro de Agricultura.
Ramos de Armas, durante su primera comparecencia ante el juez Velasco, señaló a Arias Cañete como el valedor del presunto cabecilla de la trama corrupta, el ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo. En concreto, recordó que hubo un momento en que pidió al ministro el relevo de Mateo. Arias Cañete rechazó dicho cese de plano.
El ex subsecretario de la Presidencia, hasta ahora el cargo más alto imputado en esta causa, acusó, también, a Arias Cañete de hacer oídos sordos al informe que su Secretaría de Estado le presentó en 2014, antes de una reunión del Ministro con los directivos de FCC, la empresa concesionaria de las obras de la desalinizadora de Bajo Almanzora, en Almería. En dicho informe, Ramos de Armas responsabilizó a la constructora de los desperfectos que habían surgido en la obra, por lo que aconsejaba la rescisión del contrato. Al final, Arias Cañete apostó por un pacto con FCC que se tradujo en una compensación de 9,5 millones de euros a favor de Fomento de Contratas y Construcciones. El juez Velasco investiga, ahora, ese pacto. Sospecha de un posible amaño.
La versión del Secretario de Estado de Medio Ambiente coincide con la declaración efectuada por Francisco Valiente, el ingeniero de Acuamed que denunció la trama, tras lo que fue fulminantemente despedido. Valiente aseguró ante el juez Velasco que en la obra de la desalinizadora “se siguieron las instrucciones del Ministro”.
De todas estas circunstancias deberá dar cuenta Arias Cañete a la comisión del Parlamento Europeo donde deberá comparecer. No obstante, al ser un miembro de la Comisión Europea designado directamente por el gobierno español no parece que se vayan a pedir responsabilidades políticas. Y más después de que se haya logrado que dicha comparecencia, que tendrá lugar en la primera quincena de julio, no coincida con las elecciones.
