La semana pasada se celebró el Día Mundial del Cáncer. En todos los informativos, en todos los periódicos, en todas las radios se hicieron menciones a todos los tipos de cáncer posibles y a los sistemas de prevención. Sin embargo, no se hizo ninguna referencia a los trabajadores afectados por esta enfermedad por causas laborales: exposición a agentes cancerígenos, como el amianto o el humo del tabaco en la hostelería, por poner dos ejemplos.
En este sentido Comisiones Obreras ha denunciado que se hace mucho hincapié en las campañas de prevención contra el cáncer en general pero que las Administraciones Públicas se olvidan de aquellos que están generados por causas laborales.
Según la Sociedad Española de Oncología Médica se han diagnosticado 248.000 nuevos casos de cáncer en nuestro país. No obstante, la determinación del origen laboral de los diagnósticos sigue estancada. Comisiones denuncia que en 2016 las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social sólo comunicaron 36 casos, 22 con baja laboral, cuando según el sindicato se estiman más de 10.000 los tumores provocados por la exposición a agentes cancerígenos en el puesto de trabajo. Para dar esta estimación CCOO se apoya en los datos publicados por la Comisión Europea donde se calcula que el 53% de las muertes producidas en el trabajo en la Unión Europea tienen como causa el cáncer.
El hecho de que no haya un registro del cáncer por causas laborales genera que los trabajadores no puedan acceder a las prestaciones de contingencia profesional además de repercutir en los costes del Sistema Nacional de Salud dado que esos tratamientos, determinándose que se trata de cánceres provocados por la exposición del trabajador a agentes cancerígenos, tendrían que correr a cuenta de las Mutuas. Por otro lado, la no existencia de un registro de cáncer laboral resta eficacia a los sistemas de prevención ya que, según CCOO, “no se previene lo que no se registra”.
CCOO reclama a las Administraciones Públicas “un compromiso para afrontar el cáncer laboral” para que no se repitan situaciones como las ocurridas con los trabajadores afectados por la exposición al amianto de la fábrica de Uralita de Getafe tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que se les obligaba a devolver las indemnizaciones recibidas. El sindicato también reclama que se tomen medidas para la eliminación total de los agentes cancerígenos de los centros de trabajo, agilizar los procesos de revisión del listado de enfermedades profesionales y extender el derecho a la vigilancia de la salud postocupacional a los trabajadores que han estado expuestos a agentes cancerígenos.
