No será una ceremonia más ni desde luego la más tranquila. El rey Felipe VI abre este martes el Año Judicial más político de la democracia, con decenas de ex altos cargos de varios partidos, y hasta formaciones políticas como el Partido Popular, sentados en el banquillo de los acusados. Por tercera vez desde que fue proclamado rey, Felipe VI preside el solemne acto de Apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, junto al presidente de este mismo órgano y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

Qué duda cabe que el peor parado de todos los partidos será el Partido Popular. No el único. Su calvario judicial tiene una agenda a prueba de citas electorales. Será el caso Gürtel, el caso que estudiará su presunta financiación ilegal en el llamado caso Bárcenas la causa judicial que atraerá todos los focos, pero ni mucho menos es la única. Otra treintena de procesos judiciales esperan al PP de un modo u otro. En cinco casos, la formación conservadora está imputada a título lucrativo, responsable civil subsidiario e investigado penal por blanqueo de capitales. También decidirá la justicia sobre la responsabilidad penal o no de cuatro exministros de los gobiernos de Aznar y Rajoy, tres expresidentes autonómicos, 11 exdiputados y exsenadores, 17 exconsejeros autonómicos, siete expresidentes de diputaciones provinciales, 10 exalcaldes y cuatro extesoreros nacionales.

El próximo mes de octubre, cuando todavía los partidos políticos aseguren estar buscando soluciones para evitar una tercera cita con las urnas tras estos dos últimos intentos fallidos, comenzará la vista pública por la denominada primera época del caso Gürtel, comprendida entre los años 1999 y 2005). Desde el 4 de octubre desfilarán por los tribunales hasta 300 testigos, algunos de ellos figuras políticas muy relevantes en la historia reciente de este país como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre o los exministros Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato.

Incluso es posible que, en esta endiablada agenda judicial para el PP, no se espere siquiera a saber los resultados electorales del próximo 25 de septiembre en las autonómicas gallegas y vascas para conocer la sentencia por el caso de los contratos con Fitur, un juicio enclavado dentro de la trama Gürtel en Valencia que quedó visto para sentencia hace ya cinco meses y que puede derivar en condena para el Gobierno del popular Francisco Camps. Las exconsejeras de Turismo de Camps entre los años 2005 y 2009 Milagrosa Martínez y Angélica Such, entre los 13 enjuiciados en la causa, se enfrentan a una petición de 11 y 9 años de prisión, respectivamente. Están acusadas de nueve delitos por adjudicar presuntamente el stand de Fitur a la marca de la trama Gürtel en Valencia, Orange Market, vinculadas al empresario Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama Gürtel.

La ceremonia de este año sirve de pistoletazo de salida a incontables casos relacionados con la corrupción institucional. Se abre el curso en los tribunales este mismo mes de septiembre con el juicio a más de 60 dirigentes de la extinta CajaMadrid, hoy Bankia, por las llamadas tarjetas ‘black’, acusados de apropiarse de forma indebida de patrimonio de la entidad por medio de un sistema “opaco”. El carrusel de imputados que desfilarán por la Audiencia Nacional tendrá entre otros como protagonistas más destacados a los expresidentes Miguel Blesa (amigo íntimo de José María Aznar) y al exvicepresidente del Gobierno y ex gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato.

Respecto al caso Gürtel, serán 39 los encausados. El principal de ellos, supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, se enfrenta a una petición de 125 años de prisión. Su número dos, el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, a 85 años y medio. Entre otros destacados políticos, comparten banquillo de acusados los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como el exalcalde de la localidad madrileña de Majadahonda Guillermo Ortega y el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

Tampoco bajan claras las aguas judiciales para el PSOE en este año judicial recién inaugurado por el monarca. Dos históricos de la formación centenaria, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñan se sentarán en el banquillo de los acusados del juicio de la pieza política de los ERE. Las milmillonarias ayudas sociolaborales que se concedieron supuestamente sin control desde la Administración andaluza a empresas en crisis cercernó prematuramente la ya de por sí dilatada carrera política de Chaves y Griñán, que esperan fecha del juicio.

El juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro cree que ambos expresidentes andaluces cometieron un delito de prevaricación administrativa al permitir durante una década esa concesión de ayudas a través de un sistema “claramente ilegal”. Mientras Griñán reconocía el fraude en la gestión de esas ayudas a la salida del alto tribunal aunque negaba que hubiera un plan orquestado para robar, Chaves siempre ha negado la mayor.

Otros exconsejeros andaluces como la mano derecha de Chaves durante lustros en Andalucía, Gaspar Zarrías, o el ex titular de Empleo Juan Antonio Viera también deberán responder ante la justicia. A este último, además, se le imputa un delito de malversación.

Tampoco para la antigua Convergencia i Unió (CiU), hoy escindida en parte en el Partit Demòcrata Català (PDC), será un buen año judicial ni mucho menos. Se pone en tela de juicio nada más y nada menos que décadas de gobiernos autonómicos en la figura del ex president Jordi Pujol, hoy con gravísimas cuentas pendientes ante la justicia, tanto él como buena parte de su extensa familia, por ocultar su fortuna en Andorra, amén de supuestos negocios irregulares relacionados con adjudicaciones en entredicho legalmente. Es más, CiU tiene a día de hoy las cuentas embargadas por la justicia por presunta corrupción. Y por si fuese poco, el Tribunal Supremo arrancará su año judicial con la declaración el próximo día 19, en calidad de investigado, del exconseller de Presidencia de la Generalitat catalana y diputado de DiL en el Congreso Francesc Homs, en relación con la organización de la consulta soberanista del 9-N de 2014.

El acto de la apertura del Año Judicial servirá a Lesmes para exponer sus planes de futuro para el órgano de gobierno de los jueces y para el Tribunal Supremo.

Esta es la segunda ocasión en que Madrigal asiste a la Apertura del Año Judicial como máxima responsable del Ministerio Público. La fiscal general del Estado dará a conocer la memoria de este órgano relativa al pasado 2015.

En el acto también están presentes el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, así como magistrados del alto tribunal, vocales del CGPJ, fiscales, representantes de la Audiencia Nacional y de tribunales superiores de Justicia. Distintos dirigentes políticos y los miembros de las Comisiones de Justicia de las Cortes también forman parte de los invitados al acto.

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