El Gobierno de Zaragoza ha aprobado requerir del Decanato Territorial de Aragón del colegio de Registradores de la Propiedad la colaboración necesaria para que se facilite al Ayuntamiento de Zaragoza una relación telemática de todos los inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica en la capital aragonesa.
El Ayuntamiento pide además los datos de identificación precisos para poder realizar un inventario de todos los bienes inmuebles ubicados en Zaragoza inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1978, que incluya la certificación catastral de la parcela o parcelas, y la delimitación geográfica de la finca.
La Seo, San Juan de los Panetes o la iglesia de la Madalena serían algunos de esos inmuebles.
Propiedad pública
El pasado 27 de mayo, el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción de la Chunta Aragonesista (CHA) en la que instaba al Gobierno de la ciudad a solicitar la información relativa a las inmatriculaciones desde la reforma del reglamento hipotecario en 1998 hasta la actualidad. El pleno aprobó también impulsar la recuperación de dicho patrimonio como bienes de titularidad pública.
En cumplimiento de la moción aprobada, a comienzos del pasado mes de julio se iniciaron las solicitudes de información al Ministerio de Justicia y al Gobierno de Aragón. A día 1 de diciembre de 2016, ante la falta de contestación, se reiteraron las solicitudes.
Hasta hoy el Ayuntamiento no ha recibido ninguna información ni contestación sobre las cuestiones demandadas.
Impuesto de Bienes Inmuebles
Ninguno de lo inmuebles inmatriculados de la Iglesia ha pagado históricamente el IBI. Zaragoza deja de percibir al año por concepto de IBI por estas inmatriculaciones de edificios de la Iglesia Católica 2.766.818 euros por el concordato con el Vaticano y otros 1,2 millones por la Ley de Fundaciones.
La Ley Hipotecaria franquista establecía desde su aprobación inicial en 1946 la posibilidad de inmatricular los bienes de la Iglesia Católica a través del llamado certificado de dominio emitido por el diocesano del lugar. La Ley Hipotecaria de Aznar de 1998 no derogó la inmatriculación.
Este privilegio registral desapareció del ordenamiento con el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario presentada en el Congreso de los Diputados en el 2014 y aprobada finalmente en marzo de 2015. Este proyecto faculta para la inmatriculación sólo a las Administraciones Públicas y Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia. Y ahí no entra la Iglesia católica ya que el privilegio catastral que ostentaba ha desaparecido del ordenamiento.
Una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo da la razón a la iniciativa del Ayuntamiento zaragozano.
