• Tanto el TTIP –actualmente en fase de negociación entre la Unión Europea y EEUU, como el CETA –entre la UE y Canadá– han suscitado preocupación entre la ciudadanía respecto a la defensa de valores democráticos y la protección de derechos
  • Estos tratados limitarían seriamente las competencias de los Ayuntamientos frente a grandes inversores. La proposición reclama la soberanía municipal en contratación pública, aplicación de moratorias y otras medidas
  • También solicita que las medidas tomadas por los ayuntamientos no puedan ser demandadas por inversores extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional privado, ya que dicho mecanismo puede coaccionar la legislación en beneficio del interés público
  • Países como Alemania, Austria, Reino Unido, Holanda, Italia, Bélgica o Francia cuentan con cientos de ayuntamientos que han aprobado mociones para debatir sobre estos tratados

Es necesario iniciar un debate público transparente sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), de acuerdo a una proposición aprobada el miércoles 25 de mayo en el Pleno del  Ayuntamiento. Con los votos de Ahora Madrid y el PSOE se ha expresado el rechazo a esos acuerdos comerciales mientras no se mejoren las condiciones. La defensa de las competencias municipales debe quedar garantizada.

Ambos tratados –el TTIP está en proceso de negociación entre la UE y EEUU desde 2013, y el CETA, firmado entre la UE y Canadá, cuya ratificación se espera para finales del presente año– han suscitado preocupación en una parte importante de la ciudadanía con respecto a la protección de derechos laborales, medioambientales o de salud. Es preciso despejar cualquier opción de que el interés comercial de inversores y empresas transnacionales pueda llegar a prevalecer sobre el general.

La proposición defendida por Ahora Madrid y PSOE recuerda que los municipios españoles y las comunidades autónomas están “en el punto de mira” del TTIP y del CETA. Tal y como establece el mandato negociador de la UE sobre el TTIP: “todas las autoridades y entidades de nivel inferior al central (como estados federados o municipios) deben cumplir efectivamente el capítulo de protección de inversiones de este Acuerdo”. Con la entrada en vigor de estos tratados, sostiene la proposición, la autonomía de las administraciones municipales, reconocida como un derecho constitucional en el artículo 137 de la Constitución Española, debe quedar garantizada.

Es fundamental –subraya la iniciativa– que la contratación pública quede excluida de los tratados, de manera que el Ayuntamiento pueda decidir libremente el formato de las licitaciones públicas. También reclama que se puedan seguir aplicando criterios de proximidad o de desarrollo sostenible local. Se deben mantener las competencias municipales sobre la aplicación de moratorias a nivel local sobre prácticas peligrosas en zonas de alta sensibilidad medioambiental o, por ejemplo, al restringir el uso de técnicas consideradas peligrosas para la salud humana o ambiental (pesticidas y herbicidas).

Según apunta la proposición, las medidas tomadas por los ayuntamientos no deberían poder ser objeto de demanda por parte de inversores extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional privado, ya que dicho mecanismo puede coaccionar la legislación en beneficio del interés público.

Cada vez son más las ciudades contrarias a la aplicación de estos acuerdos comerciales, al que también se oponen numerosas organizaciones sociales a ambos lados del Atlántico. El año pasado se reunieron más de tres millones de firmas contra estos tratados procedentes de 23 Estados Miembros de la UE. Alemania, Austria, Reino Unido, Holanda, Italia, Bélgica o Francia cuentan con cientos de ayuntamientos que han aprobado mociones para pronunciarse sobre el TTIP y el CETA.

Comercio justo de mercancías y servicios

Reconociendo la importancia del comercio de mercancías y de servicios para el bienestar de la ciudadanía, la proposición ratificada en el Pleno considera que la competitividad y el crecimiento económico no deben ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales de la UE.

La agenda comercial multilateral sobre la bilateral sería la manera más adecuada de regular el comercio internacional, en favor de un desarrollo sostenible e inclusivo. Un comercio justo, internacional o de proximidad, que respete los derechos laborales y los aspectos ecológicos y sociales, debe primar en la agenda de la acción económica y comercial.

Por ello es importante la realización de estudios de evaluación del impacto riguroso sobre los costes y beneficios que se generarían con la aplicación del TTIP y del CETA.

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