El alcalde socialista de la localidad onubense de Punta Umbría (Huelva), Gonzalo Rodríguez Nevado, ha dimitido de su cargo al verse “involucrado” en la investigación de las subvenciones para cursos de formación para el empleo otorgados por la Junta de Andalucía, que lleva a cabo la policía en el marco de la operación Eduende.

“La presión política, la utilización partidista, el daño a mi familia y, por encima de todo, tratar de enviar cualquier perjuicio, alteración o injerencia en el Ayuntamiento de Punta Umbría o a su equipo de gobierno, que debe poder realizar su labor de gestión en estas difíciles circunstancias sin ningún tipo de presión ajena a la política municipal, me obligan a dar un paso atrás y dejar la alcaldía”, dice el regidor dimitido en un comunicado. “Es una decisión difícil, los que me conocen saben de sobra mi pasión por Punta Umbría y sus gentes, que son las mías, pero esa misma pasión me obliga a este sacrificio personal”, continúa.

Se trata de la segunda dimisión en una semana de uno de los elegidos para comparecer en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar responsabilidades políticas en este asunto, tras la del interventor general Adolfo García, lo que no les exime de ser citados. Gonzalo Rodríguez Nevado está citado entre los 69 comparecientes como administrador de la empresa El Paraíso SL.

Gonzalo Rodríguez Nevado declaró el 15 de junio de 2015 en el marco de la operación Eduende, tan sólo dos días después de ser investido para afrontar su tercer mandato. Entonces negó los hechos y aseguró que los asuntos por los que prestó declaración “pertenecen a una empresa familiar de la que está desligado desde el año 2007” y lo que se investiga es “posterior”.

Está pendiente de declarar como investigado en la fase final de esta causa, abierta por presuntas estafas, falsedades y fraude de subvenciones en la provincia en 2011, lo que se calcula para mayo de 2016. “Espero y confío, que finalmente quede demostrado que no he cometido acto ilegal alguno, no tengo responsabilidad ni directa ni indirectamente”, ha remarcado.

Concretamente, en la provincia hay un centenar de investigados y 1.000 testigos, todos ellos dueños o representantes legales de las 29 empresas que ha estado revisando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde septiembre de 2014 bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva.

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