La Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado ha solicitado a la Guardia Civil la inspección y detención de 18 políticos y empresarios dentro de la operación Pika en Cataluña. Ésta es continuación de las tres fases de la operación Petrum que llevó a cabo la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona.

Se sigue investigando el origen y el presunto pago de comisiones del 3% (o en algunos casos del 7%) de distintos empresarios a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), ahora refundada como PDeCAT. Lo que en origen se pensaba que era un caso puntual de corrupción, ha surgido como una trama bien estructurada. Lejos queda el mítico “avui no toca” del president Jordi Pujol cuando le hacían preguntas incómodas.

Anticorrupción acusa a los implicados en la red de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos, blanqueo y malversación de fondos públicos.

El caso se remonta hasta 2005 cuando, durante un debate en el Parlamento catalán sobre el hundimiento del túnel del Metro en el barrio de El Carmel, el entonces President de la Generalitat Pasqual Maragall (PSC) le dijo al entonces líder de la oposición, Artur Mas (CiU): “Ustedes tienen un problema y se llama 3%”.

Cabe recordar que esta es la cuarta fase de una operación que comenzó por una denuncia de una concejala de ERC del Ayuntamiento de Torredembara por un caso de corrupción. Esta denuncia propició el registro de la sede de PDeCAT y diversos organismos de la Generalitat.

Lo que en origen se pensaba que era un caso puntual de corrupción, ha surgido como una trama bien estructurada

 

 

El Ayuntamiento de Barcelona de la era Trias, en el punto de mira

La lista de trabajos investigados por la Fiscalía es numerosa. Algo más de una decena de obras con grandes presupuestos entre las que destacan la construcción del dique Este del Puerto de Barcelona y la reforma de la plaza de las Glorias. Entre los diversos entes adjudicatarios que se investigan como sospechosos de haber propiciado esa trama del 3%, y que han sido intervenidos, se encuentran Infraestructures.cat (el principal licitador de la Generalitat y que ya fue registrado hace dos años en la operación Petrum), Bimsa (el licitador del Ayuntamiento de Barcelona), la Autoridad Portuaria, y el Consorci d’Educació de Barcelona.

Las investigaciones apuntan a que estas compañías públicas adjudicaban obras a aquellas empresas que aceptaban realizar una donación, presuntamente el ya famoso 3%, para las fundaciones satélite de CDC, Catdem y Forum Barcelona.

Estas fundaciones, vinculadas a la derecha nacionalista catalana, recibían este 3% del que hablaba Maragall. Aunque, según fuentes de la investigación, en algunos casos se alcanzó la cifra del 5% o del 7% del valor de la licitación. Todos los presuntos sobornos se habrían pagado, en esta parte de la investigación, durante el mandato de Xavier Trias. Esto es, entre 2011 y 2015.

 

Detenidos personajes destacados de la derecha nacionalista

Uno de los nombres, que han sido comunicados por fuentes de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, es Antoni Vives. El cual ocupó una tenencia de Alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona en la época de Trias y, especialmente interesante para la investigación, la concejalía de Urbanismo. ¡Qué raro! Otro de los arrestados es Ángel Sánchez, director general de Bimsa, la empresa pública de infraestructuras del Ayuntamiento de la ciudad Condal. También ha sido detenido el ex-gerente municipal del Ayuntamiento Constantí Serrallonga.

La gestión de Xavier Trias al frente del ayuntamiento de Barcelona, en el centro de estos últimos registros

El último nombre, que ha trascendido a primera hora de la tarde, ha sido el del antiguo gerente de CDC, Andreu Viloca, ya detenido durante la operación Petrum. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han logrado acreditar que el tesorero de CDC, detenido en 2015 y en libertad tras pagar una fianza de 250.000 euros, controlaba todas las adjudicaciones de obra pública de las distintas Administraciones gobernadas por Convergència.

Pero destacan, entre todas las detenciones las de dos personas estrechamente vinculadas a Artur Mas, personal, profesional y políticamente: Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, y Francesc Sánchez.

El primero de ellos, según fuentes internas de la investigación, habría sido ya puesto en libertad una vez realizado el registro al que debía asistir y al cual acudió personalmente el propio Fiscal. Tan sólo se ha tratado de una detención técnica para la práctica de esa diligencia. Cambra es amigo personal de Mas y uno de sus confidentes y apoyo en el procès.

Pero sin duda el arresto que más inquieta, en estos momentos, a los dirigentes del PDeCAT es el de Francesc Sánchez, hombre de partido y de confianza de Mas, y que a primera hora de la tarde seguía bajo tutela de la Guardia Civil. No se descarta, aunque sigue sin confirmarse oficialmente, que se proceda a su traslado ante el juez de El Vendrell. Él fue uno de los encargados de construir la nueva marca electoral de la derecha nacionalista, PDeCAT.

Sixte Cambra, presidente del puerto de Barcelona, detenido hoy, tiene estrechos vínculos con Artur Mas

 

El fraude en el Puerto de Barcelona y más

En noviembre de 2016 ya hubo una serie de detenciones a causa de un posible fraude en la adjudicación de la obras del dique Este del Puerto de Barcelona. Se investiga, aún a día de hoy, las posibles conexiones de la Unión Temporal de Empresas (UTE) participada por FCC, Construccions Rubau, Ferrovial-Agroman y Copisa, con el posible 3%. En el caso de la adjudicación de la reforma de la plaza de les Glorias, los investigadores sospechan que el consistorio amañó el contrato a favor de una UTE, integrado por las sociedades Copisa, Arnó, Comsa y Rogasa.

Nombres de empresas muy conocidas en el ámbito catalán y vinculadas al independentismo y el presunto pago de mordidas o sobornos. Nombres como los de la familia Miarnau (José, consejero delegado de Comsa, que ha sido puesto en libertad tras el registro) o los Sumarroca, están presentes en los expedientes.

Cabe recordar que Carles Sumarroca i Coixet fue cofundador de CDC con Jordi Pujol. Sus hijos Carles (Emte) y Jordi (Teyco) han sido vinculados con los negocios de los Pujol y con contratos públicos y ambos tienen la categoría de investigados en diversos casos. Jordi Sumarroca, propietario de Teyco, fue detenido en julio de 2015 en la primera fase de la operación Pretum.

 

Reacciones preocupantes de la CUP y ERC

María José Lecha, portavoz de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona, ha lamentado que lo ocurrido empañe el camino hacia la independencia de Cataluña, un proceso que debería ser impecable según su valoración. Crípticamente ha calificado la operación contra los tejemanejes de CDC como una “tremenda bofetada al procès”.

La CUP no se ha arrugado en denunciar la corrupción existente en el PDeCAT, dejando abierta la posibilidad de que el independentista y antisistema acabe presentándose como acusación particular en la causa. De hecho, Lecha se ha centrado sus ataques en la detención del ex-teniente de Alcalde, Antonio Vives. “Su sombra es muy alargada” ha manifestado la antisistema en referencia su otra al estar investigado también por malversación de caudales públicos en dos contratos del Ayuntamiento de Barcelona.

La CUP se plantea presentarse como acusación particular en la causa

Mireia Boya, diputada de la CUP, ha sido clara: “Y la corrupción no la queremos en la República, ni con diálogo ni sin él”. Eulàlia Reguant, también diputada, ha dejado claro que la CUP ha entrado en las instituciones no solo para quedarse sino “para levantar alfombras”.

Oriol Junqueras (ERC), vicepresidente del gobierno de la Generalitat, por su parte ha manifestado que “nos preocupa que haya corrupción y nos preocupa que haya un uso partidista de la persecución de la corrupción“. Ha recordado que en otros casos donde estaban implicados políticos del PP, la Fiscalía no ha actuado tan rápido. Aunque, ha querido remarcar, esto no supone legitimar la corrupción.

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