El juicio de las tarjetas Black de Caja Madrid que sentará, el próximo  23 de septiembre, a 64 representantes de la entidad, incluidos sus ex presidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, ya tiene una repercusión a algo más de tres meses de su comienzo. Los acusados se han dividido en dos colectivos, los altos directivos, por un lado, y los consejeros, por otro, cuyas defensas han iniciado una guerra interna. Un enfrentamiento que salpica a los auditores de la actual Bankia.

Los ejecutivos de la época de Miguel Blesa han reaccionado contra el equipo gestor actual de Bankia por un informe de auditoría interna que sostiene que sus tarjetas Black eran ilegales porque se aprobaron fuera del circuito ordinario.

Hay dos clases de acusados: los que ocupaban cargos ejecutivos en la entidad, con contratos de alta dirección, y los consejeros, designados por los partidos políticos y sindicatos. El juez instructor, Fernando Andreu, no distingue sobre ninguno de ellos pero los defensores de los ejecutivos quieren que el tribunal que les va a juzgar, la sección cuarta de la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional, sí lo haga. Y es que  un gesto tan sencillo como éste les puede suponer la absolución a costa de los “compañeros del consejo”.

Las defensas de estos acusados parten del supuesto de que las tarjetas Black que usaban no era “un sobresueldo en b”, sino parte de su retribución que fue establecida en 1994. Y al estar incluidas en su salario, su regulación y aprobación dependía expresamente del presidente de la entidad, en este caso de Miguel Blesa.

Dicha remuneración debía ser refrendada por la comisión ejecutiva, como así se hacía, y no por la comisión de medios tal y como señala el informe de auditoría interna que debía de hacerse. Algo que rechaza el grupo de los ejecutivos.. Por eso, la conclusión del informe de Bankia que les incrimina es falsa, según su versión.

De hecho, esta tesis fue recogida por el fiscal, Alejandro Luzón, y apoyada por el juez Andreu Pero la acusación particular, entonces en manos de UP y D, recurrió la decisión y la Sala de Lo Penal admitió dicho recurso. A partir de ese momento, en el auto de transformación del procedimiento abreviado ya no se hacen distinciones entre los altos directivos y los consejeros.

Y esto supone la petición de penas entre 3 meses y 3 años de prisión por apropiación indebida para los llamados “ejecutivos” quienes insisten en que los movimientos de sus tarjetas Black se recogían en una cuenta controlada por el Banco de España y por Hacienda que, incluso, dio por buenos estos productos en las inspecciones que llevó a cabo. No opinan de la misma manera los defensores de “la otra parte”, los consejeros, ni de las acusaciones, Fiscalía, Frob y particular. Y así, está claro que el juicio de las tarjetas Black va a ser interesante desde su mismo comienzo. En las cuestiones previas es cuando aflorará esta “guerra sucia” de los clanes de Caja Madrid.

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