El posicionamiento que la izquierda definió tanto en la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP como en la reunión de Red de Ciudades por el Clima, celebradas ambas en la capital hispalense durante la primavera pasada, fue la de adquirir ciertos comprensión y compromiso institucionales con la llamada denominada ‘Declaración de Sevilla, por la economía circular’.
Saludando que, por fin, y puede que demasiado tarde, otras formaciones políticas fueran conscientes de la necesidad de fomentar ciclos y modelos productivos distintos, y anunciando nuestra reserva y preocupación porque, más a allá de una declaración de intenciones, este documento no se quedara como tantos otros de similar proyección, en meros fuego de artificio y operación de marketing institucional, lo apoyamos expresando la exigencia de que a corto plazo se incida desde lo concreto en la transformación de tales ciclos productivos con medidas normativas, líneas de financiación y apoyo político e institucional expresos desde el marco estatal.
Consideramos, la capacidad de las entidades locales de incidir es importante si existe una verdadera voluntad política y conciencia ética sobre la finitud de nuestros recursos, pero que si no se abordan cambios legislativos y destinan líneas de financiación al fomento de otros modelos económicos y productivos a niveles estructurales (tanto federal, absolutamente ausentes, como continentalmente), los esfuerzos de la administración local, por bienintencionados que sean, carecerán del impacto necesario.
Otro déficit evidente de la ‘Declaración’, es que ignora que el planteamiento de la economía circular pretende ser integral, y por tanto, debe incluir medidas en todo el proceso de creación de los productos, desde la cuna y hasta la tumba de su vida útil, de manera que implique abordar el proceso de aumento y recuperación de ese tiempo de utilidad, o la recuperación de tales productos, ya desde el diseño mismo de sus líneas, materiales, tecnología y modelos de producción, y no solo desde el ámbito del tratamiento o la recepción y transformación una vez que están cerca de ser residuos, que es como únicamente, con una visión miope y cortoplacista, se plantea en esta ‘Declaración de Sevilla’.
Como primer paso algunas de sus propuestas, como el SDDR (sistema de depósito devolución y retorno), nos parecen positivas en tanto en cuanto a que permiten, si se implementan, un feedback directo e inmediato que desde el primer momento empezará a dar resultados y cuya implantación, porque ya se ha probado en determinados ámbitos territoriales, pueden ser efectivas y viables; pero, por otra parte, esas mismas experiencias nos dicen que muchas de estas propuestas per sé no son suficientes y que es importante garantizar que se tomen decisiones de mayor novel.
Leyes estatales, europeas, e incluso, acuerdos de comercio global, pueden materializar y fomentar de manera integral y desde normativas indiciarias, otros modelos de consumo y, por lo tanto producción, económicas.
Declarar que el efecto sobre la biodiversidad y la creciente escasez de recursos de nuestro modelo productivo pueden llevarnos a un colapso medioambiental supone asumir que el actual estado de relaciones económicas, de carácter capitalista, debe ser no sólo controlado sino intervenido, por el bien común de una sociedad, la global, que sólo dispone de este mundo: un planeta.
Estas exigencias son responsabilidad, fundamentalmente, de los gobiernos nacionales y de sus estructuras de integración transnacionales, pero también deben ser una importante preocupación para ciudades y entidades locales: Naciones Unidas estima que, en 2050, hasta el 70% de la población mundial habitará en ciudades, dependiendo de sus administraciones e instituciones de gestión el hacer frente, en el día a día, a la impúdica voracidad consumista de esa población y, por lo tanto, a la desorbitada generación de residuos y problemas medioambientales que generará.
Si los modelos de economía circular, economía colaborativa, intercambista, responsables social, financiera, laboral y medio-ambientalmente, no se instauran como los mejores posibles para intentar preservar nuestro espacio e intentar salvar nuestras vidas (las de la sociedad global, la del único planeta del que disfrutamos), y estos modelos no se implementan al nivel de relaciones de poder geopolíticas y transnacionales, será entonces inútil, insistimos, por muy bienintencionadas que sean, las medidas que desde lo local se articulen o intenten consolidarse: porque fracasarán o su impacto no será el necesario.
La máxima de la economía circular pretende que se transformen nuestros residuos en recursos; ofrece una de las soluciones (no completa) a la crisis ambiental que sufrimos (que es plenamente patente); y contrapone resultados de relaciones económicas y sociales más igualitarias, justas e integradoras, con respecto al modelo económico de desarrollo lineal (capitalista).
Hoy día ya es evidente para una mayoría de la población que no podemos construir nuestro futuro sobre el modelo de “coge, fabrica y tira” (derivado directamente del proceso histórico de acumulación de capital ínter clasista). Pero es igual de evidente que no existe el interés necesario, por parte de aquellos poderes que realmente pueden hacerlo, de tender definitivamente hacia esos otros modelos, esas distintas medidas, y aquellas apuestas en financiación, que se hacen urgentes.
En fin, en términos históricos se hace difícil no apoyar un gesto como éste, en tanto en cuanto la Declaración supone un punto de partida para lo local apueste por modelos que tiendan a la circularidad económica, favoreciendo que el valor de los productos se alargue durante un mayor tiempo; los residuos y recursos se reduzcan al mínimo; y se conserven dentro del ciclo económico volviendo a ser útiles, disminuyendo por lo tanto su valor especulativo, con plusvalías menos drásticas y condensadas; pero bien es necesario, en el aquí y el ahora, que incidamos interna y externamente a estos foros, encuentros y plataformas, sobre la necesidad REAL de transformar y subvertir las redes económicas existentes: si no lo hacemos nosotras pocas lo harán.
En esa línea, la izquierda, en las instituciones o foros en los que se trabaje debe esforzarse para «personalizar» y mejorar la Declaración, evidenciando las contradicciones a las que nos enfrenta, y politizando la causalidad histórica que nos lleva a apostar por estos modelos, como contribución propia de ecología política y de gestión diferenciada, para aquellas administraciones que debatan su adhesión.
