Decía mi profesor de Derecho Constitucional, en relación a los procesos de independencia que a lo largo de los años se han ido produciendo en nuestro país (cuestiones vasca y catalana), que la estrategia más lógica para poder cambiar las reglas del juego constitucional es aceptar dichas reglas y desde el propio juego, comprendiéndolo en profundidad, intentar cambiarlas. Estoy de acuerdo con él, se trata de conocer mejor que nadie las normas que rigen el juego que compone el tablero político y legal y, desde ese contexto, ganar al oponente. Pero por el contrario, si quien quiere ganar en este juego lo hace sin aceptar las reglas marcadas y aceptadas por la mayoría, podrá ganar, pero mucho me temo que lo hará haciendo trampa, y ahí radica –a mi juicio- el gran error del independentismo catalán. Creo sinceramente que la cuestión catalana, en un primer término, podría buscar una solución que se enmarque en una profunda revisión de nuestro modelo territorial autonómico, algo que es perfectamente encuadrable en nuestra actual Constitución.
Este error del que les hablo puede estar enquistado la estrategia marcada por el propio independentismo, en el sentido de crear una ruptura irreconciliable con todo lo existente, pero no es más que una estrategia que, por encima de todo, viene determinada por la propia voluntad popular emanada de la mayoría del pueblo catalán y refrendada en unas elecciones democráticas y un parlamento. Igualmente se trata de una estrategia subsidiaria, pues el procedimiento normal y principal que se derivaría de una consulta ciudadana está vetado por la propia rigidez de la Constitución.
En este punto, el político que ha de llevar la voluntad de su electorado a buen puerto tiene una gran disyuntiva: Luchar por la encomienda del pueblo o escurrir el bulto hacia la peligrosa complacencia (la solución fácil y cómoda).
En Cataluña, los políticos que luchan por la independencia han optado por la primera opción. Por mucho que la dicha esté basada en un imposible -constitucionalmente hablando-, el afán que les mueve no es más que un petitum de la ciudadanía y si la voluntad de esa ciudadanía mayoritaria está en “hacer algo” no hay nada más democrático que intentarlo.
No creo que sea necesario recordar cuales son los orígenes de nuestra democracia, un pensamiento que rompía con todo lo anterior en la idea de que los poderes del Estado debían proceder de la voluntad de los ciudadanos de nuestra nación. De la voluntad de las mayorías depende nuestro modelo de Estado y el pensamiento de las minorías, igualmente, tiene cabida y es tomada en consideración. Por ello, aquellos políticos que intenten luchar por el mandato que les da la ciudadanía no pueden tener nunca la consideración de delincuentes, pues la actividad que desarrollan no es más que el germen que da lugar a toda democracia, máxime, cuando tienen el respaldo de la mayoría de la población de un determinado territorio.
Las democracias del siglo XXI, poco a poco, se están convirtiendo en instituciones totalmente rígidas, muy poco dadas a la transformación y al cambio como para poder afrontar los retos que les propone la ciudadanía. Son democracias que suelen confundir -muy a menudo- lo que es un ataque contra la propia subsistencia de la democracia con lo que sería el desarrollo paulatino del propio modelo de Estado, o en otras palabras, las democracias no quieren más política y más democracia, lo que quieren son más personajes como Donald Trump para liderar lo que algunos llaman el “mundo libre”. Los Estados Unidos acuñaron, a través de la doctrina Monroe, aquello de “América para los americanos”, cuando en realidad querían decir “América para Estados Unidos”. Ahora hablan del “mundo libre”, cuando en realidad el mundo que predican no es tan libre. Trump es el claro ejemplo de la democracia de nuestros días…
Las cárceles, al fin y al cabo, están pensadas para delincuentes y su reinserción en la sociedad, pero un político, en el ejercicio de su actividad y en la búsqueda de la consecución de los objetivos marcados por el mandato popular, no puede tener la consideración de delincuente, por mucho que sus pretensiones y anhelos no estén alineados con el pensamiento mayoritario del resto de la nación.
Podré estar en contra de la independencia de Cataluña, por considerarla perjudicial para el conjunto de nuestro país, pero como demócrata estoy a favor de la libre expresión y de la lucha de cada uno de los pueblos que componen nuestra nación para el mejor desarrollo de la ciudadanía que la compone conforme a sus propias convicciones. Los que creemos en la unión de todos los pueblos de España también tenemos los recursos suficientes como para atajar el problema desde la política y la democracia, sin imponer ideas, sino confrontándolas. España necesita más política y más democracia y las cárceles… las cárceles para los maltratadores, violadores, “manadas”, estafadores y corruptos que llenan nuestras calles.
