Ya hace algún tiempo que leo con preocupación y tristeza que existe polémica en algo que me parece necesario: derogar –o modificar- la dispensa legal de las víctimas de declarar contra su agresor en casos de violencia de género. Y digo que me preocupa y entristece porque pensaba que era una cuestión casi pacífica entre quienes luchamos contra la violencia de género. De hecho, tanto la Fiscalía General del Estado en cada una de sus memorias anuales, como el Consejo General del Poder Judicial abogan por ello.

Para centrar el tema, diré que hablo de lo que en lenguaje común se conoce como “retiradas de denuncia” -un concepto que no recoge el Derecho- o de, simplemente, no declarar contra el agresor en virtud de un privilegio –que no derecho-, aunque la denuncia la haya interpuesto un tercero o se incoe el procedimiento de oficio. Una situación por la que pasaron gran parte de mujeres que luego han sido asesinadas. Un tema, por tanto, realmente importante, cuyas dimensiones exceden las de una disquisición entre juristas.

Es también interesante echar la vista atrás y conocer el origen del precepto que permite a la víctima acogerse al silencio. Y se trata, ni más ni menos, que de un artículo redactado en el siglo XIX –han leído bien, tiene más de cien años- en un momento social y legislativo totalmente diferente al actual. En ese contexto, era impensable que nadie se planteara la violencia de género –ni tampoco la doméstica- como un problema. El bien supremo era la protección de la familia tradicional y el ámbito doméstico quedaba relegado a lo que ocurría de puertas adentro, con aplicación estricta del viejo dicho de que “los trapos sucios se lavan en casa”. Así las cosas, al legislador decimonónico ni se le pasó por la cabeza que la dispensa se aplicara a estas cuestiones, sino que se trataba de resolver el conflicto de lealtades que surge cuando alguien es testigo de un delito cometido por su marido –o su padre, o su hijo, entre otros- y tiene que colocar en la balanza dos opciones: si cumplir su deber ciudadano y declarar, o cumplir con su deber afectivo y familiar y callar. En definitiva, constituía una exepción al deber de declarar de cualquier testigo ante el órgano judicial cuando se es requerido para ello. En modo alguno estaba pensado para el caso de que la testigo en cuestión fuera a su vez la víctima del delito.

Así que resulta cuanto menos curioso que un precepto pensado para proteger pudiera convertirse en un arma de doble filo para aquella a quien trataba de beneficiar, que es precisamente lo que ha venido ocurriendo desde la noche de los tiempos, y que lo que se configuraba como una excepción se convierta en un uso generalizado.

Pero todavía resulta más llamativo que, en los tiempos actuales, con un nivel de concienciación acerca de la violencia de género mucho mayor que antaño, surjan voces que defiendan la persistencia de esta dispensa como instrumento de protección de la mujer. Algo que creo que no solo es un tremendo error sino que puede poner en riesgo muchas vidas. A las pruebas me remito, ya que no hay más que echar un vistazo a las estadísticas de mujeres asesinadas y se verá que la mayoría de ellas o no habían denunciado o se habían echado atrás en su denuncia.

  En una sociedad avanzada que aspira a la igualdad, ya bien entrado en siglo XXI, no podemos pretender en modo alguno que el legislador ampare y hasta anime al silencio a las víctimas. No se les puede dar ningún instrumento para que el maltrato siga confinado en los muros del hogar, y menos con excusa de protegerlas, porque eso solo protege a una persona, el maltratador, al que dota de un arma extra para torturar a su víctima al dejar en manos de ella la iniciación o continuación del procedimiento. Hay que asumir de una vez por todas que el maltrato es un delito público, y que nunca hay que permitir que quede intramuros, como no se permitiría en la corrupción o en el terrorismo, por poner algún ejemplo.

Hagamos una comparación. ¿Acaso se ha planteado el legislador alguna vez que el castigo del tráfico de heroína quede en manos del pobre yonqui, que no es más que una víctima, diciéndole que denuncie porque es lo mejor para él?. Jamás hemos visto ni veremos una campaña donde se inste a los dorgodependientes a denunciar a sus camellos. Ni lo veremos, claro está. Porque en ese caso el estado tiene claro que su labor es reprimir y erradicar el tráfico ilegal, y el comprador, quiera o no, es llamado a declarar sin que nadie se plantee otra cosa. ¿Por qué no tiene que tener igual de claro el estado que su labor es reprimir y erradicar la violencia de género?¿Por qué sigue cargando sobre los hombros de la víctima la existencia del proceso?

Creo que se parte de un error de base. Se habla de “obligar a denunciar” como si fuera a haber una policía recorriendo los hogares en busca del delito. Y no se trata de eso. Lamentablemente, y aunque se suprimiera la dispensa legal, gran parte de la violencia de género seguiría sin aflorar al exterior porque la víctima no acudiría a denunciar y nadie conocería el tema. Pero, en los casos en que se conoce de alguna otra manera, no se puede dar a la mujer la llave para dar carpetazo al asunto a riesgo de su propia vida. Y aun hay más. Lo que es absolutamente inaceptable es que este privilegio no tenga fecha de caducidad, de modo que la mujer que denunció pueda echarse atrás en cualquier momento, hasta en el propio juicio. Porque eso genera someterla a una serie de presiones añadidas que pueden dar al traste con su determinación inicial.

Y, llegados a este punto, habría que analizar de qué se está hablando cuando se refieren a que el precepto protege a las víctimas. ¿De unas eventuales represalias del estado por faltar a su obligación a declarar como testigo o por mentir para proteger a su verdugo? Lo dudo mucho pero, aún aceptando esa posibilidad, habría que aplicar la regla del conflicto entre bienes protegidos. Y ese riesgo de ser encausada cede por goleada ante el riesgo de ser asesinada. Sin ningún género de dudas. A lo que habría que añadir que el Derecho cuenta con herramientas para atemperar o reducir el castigo según las circunstancias, en el improbable caso de que éste se produjera.

Que quede claro. A las mujeres que sufren este tormento solo se les puede proteger con medidas efectivas. Dotándoles de medios para protegerlas, para vigilar al agresor, para salir adelante y sacar adelante a su familia y para iniciar una nueva vida. Y, para las generaciones futuras, invirtiendo en educación y prevención. Pero nunca dándoles opción a guardar silencio y seguir sufriendo su tortura en soledad, como si estuvieran dando vida al “calladita estás más mona” que tantas veces hemos escuchado.

La solución a la violencia de género pasa necesariamente por dotar a las mujeres de herramientas para librarse de la dependencia económica, emocional o, simplemente, del miedo atroz al maltratador o a un futuro incierto. Pero esa herramienta jamás debe consistir en una llave para cerrar la habitación del pánico con ellas dentro. Y mucho menos patrocinada por el Estado.

Llevamos más de 100 años de vigencia de la dispensa legal y miles de mujeres asesinadas. No son cifras que aconsejen mantenerla, desde luego. ¿No creen?

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4 Comentarios

  1. Tu odio a los hombres te pasará factura susanita gisbert,todos los dias fomentas victimismo y eres una feminazi de primer nivel lo k sin duda te.hara terminar en una carcel donde seas obligada a trabajos forzados y no habrá amnistia alguna para las terrorista$$$$ de genero.y yo estaré detras para comprobar k se cumpla en su integridad.femietarra es poco.adjetivo para ti y tu igor personal Miguel lorente acosta.lo dicho al trullo van a ir tus huesos.ya voras…

  2. Tal vez la obligación de personarse en la causa penal resulte contrario a los intereses “financieros” del neofeminismo ilustrado…
    … tal vez algunas “falsas denunciantas” se lo piensen dos veces si tienen que argumentar y defender su denuncia FALSA en un juicio con riesgo de acabar CONDENADAS en lugar de dejar la faena en manos ajenas.
    Aunque luego queda el tema de los indultos recurrentes y encadenados por causas injustificables.

  3. Siento decirlo y no es un insulto hija mía.Eres una imbécil integral.
    Y ya que eres tan aficionada a la cultura verás que el significado de la palabra imbécil es sumamente claro y diáfano.
    No conoces la ley ni sus fundamentos y hablas a la ligera sobre algo que no entiendes simplemente porque está en contra de tus planteamientos.
    Y sabes porque no entiendes algo tan simple.Porque las mutaciones legales te impiden ver que estás fuera de la ley natural.
    Simplemente tu postura viola la ley.No se puede pedir a un individuo que que se auto incumple.Es simplemente un disparate.
    Por desgracia las mutaciones de la ley forman mafias no humanas servidas por fuera de la ley ajenos a la naturaleza humana

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