El diputado en el congreso del Partido Popular Joaquín Albaladejo ha sido uno de los populares más activos en sus redes sociales con la petición de la dimisión de Màxim Huerta y, cuando el que fuera titular del Ministerio de Cultura y Deportes dimitió, celebró que así fuera, parece olvidar que cuando ocupaba escaño en el Ayuntamiento de Torrevieja, ostentando la concejalía de Hacienda, los tribunales declararon que Albaladejo cobró durante cuatro años dinero público de manera irregular y todavía tiene cuentas pendientes con la Justicia. Consejos vendo que para mí no tengo.

Así, en 2014, el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Elche declaró nulo el acuerdo del pleno de 2007 en el que se acordó la compatibilidad que reclamó Joaquín Albaladejo para seguir ostentando el cargo de concejal de Hacienda, en régimen de dedicación exclusiva, a la vez que ejercía sus actividades privadas como agente de la propiedad inmobiliaria, administrador de fincas y letrado, ya que, entendía el magistrado, estas no podían considerarse profesiones “marginales”.

El alcalde de Torrevieja que impulsó la aprobación de la compatibilidad de los trabajos, posteriormente declarada ilegal, fue el popular Pedro Hernández Mateo, que a su vez fue condenado poco tiempo después a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación en la adjudicación del servicio municipal de basuras.

En el siguiente mandato, el actual vicepresidente de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la sentencia del juzgado de Elche, que aún está pendiente de resolución y que le permite a Albaladejo dilatar la devolución del dinero público.

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