El dinero del Estado no se podrá invertir en el referéndum. Es la última vuelta de tuerca del Ejecutivo de Mariano Rajoy en respuesta a la convocatoria de Carles Puigdemont a la consulta soberanista.

La Comisión delegada para Asuntos Económicos, que preside por Mariano Rajoy, ha acordado impedir la tramitación de expedientes de gastos por parte de la Generalitat de Cataluña dirigidos a financiar el referéndum del 1 de octubre.

Sin lugar a dudas la noticia, publicada hoy por Diario16, en la que el barómetro catalán indica que  un 49,4% de los catalanes responde ‘no’ a la independencia, frente a un 41,1% que está a favor de la secesión.

El Ejecutivo ha decidido imponer a la Generalitat una serie de requisitos que pasan por exigir una certificación semanal de gastos e ingresos a todos los interventores de las consejerías, responsables económicos financieros de las entidadades en las que no existan interventores delegados así como al director general de Presupuestos y al de Política Financiera.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha efectuado un informe en la comisión delegada y luego el Consejo de Ministros se ha dado por enterado del acuerdo. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, no pudo aclarar si se había alertado o avisado antes de la comunicación pública a la Generalitat de esta medida hasta ahora inédita en España.

Los procedimientos contemplados para vigilar las cuentas de las Comunidades Autónomas que se beneficiaron del FLA ya se anunciaron en su día, cuando se aprobó ese mecanismo de ayuda en plena crisis económica, y se reforzaron en noviembre de 2015 ya pensando en que se complicase la situación política en Cataluña con el proyecto de referéndum.

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