El golpe sufrido ayer por el Gobierno de Mariano Rajoy con la derogación por parte del Parlamento del Decreto Ley que pretendía liberalizar el sector de la estiba fue muy duro, tan duro que se está incidiendo mucho en las cifras del coste que supone para las arcas públicas mantener el modelo actual. La maquinaria de medios afines al Ejecutivo y al Partido Popular ya se ha puesto a pleno rendimiento haciendo hincapié en el coste económico que supondrá la derogación.

La multa impuesta a España por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es de 27.522 euros diarios. Teniendo en cuenta que España fue condenada en diciembre de 2014, a día de hoy el importe total de dicha sanción alcanza los 22,8 millones. Sin embargo, dicha cantidad puede incrementarse si nuestro país es sancionado por el propio TJUE por la irregularidad inicial y por no corregir dicha irregularidad. Si esto ocurre la sanción se incrementará hasta los 134.207 euros diarios. No se sabe cuándo el alto tribunal emitirá el nuevo fallo pero, según palabras del ministro Íñigo de la Serna, «está al caer».

Sin embargo, apenas se menciona que en el día de ayer el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) admitió implícitamente la renuncia a recuperar todas las ayudas inyectadas a Bankia por la priorización de su salida cuanto antes del accionariado de la entidad frente a la recuperación del dinero entregado en concepto de ayuda pública (22.400 millones de euros).

El caso de Bankia es un ejemplo de lo ocurrido con el rescate al sistema financiero. Según un informe del Tribunal de Cuentas el coste que dichas ayudas estatales recibieron las entidades financieras rescatadas ascendió a 122.122 millones de euros si se tienen en cuenta todos los conceptos, incluidos préstamos y avales.

La derogación de la estiba supone un porcentaje mínimo de esa cantidad y, sin embargo, se pone como ejemplo de irresponsabilidad, cuando el perjuicio a las cuentas públicas será mínimo en comparación con un rescate bancario que se hizo, precisamente, en los peores momentos de la crisis económica y cuando se estaban aplicando medidas de austeridad sí que iban en contra de los intereses de los españoles.

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