La Policía Nacional ha destapado un fraude de más de 2.500.000 de euros a la Seguridad Social, en Gran Canaria y Fuerteventura. Los agentes han revisado 3 expedientes, siendo investigadas 7 personas físicas y 8 mercantiles, de las que resultaron implicadas 7 de ellas por el fraude de 2.596.627,07 euros al sistema de Seguridad Social. Los responsables del delito han resultado ser principalmente los administradores de las mercantiles, testaferros o personas de su entorno familiar.

Las investigaciones arrancaron a principios del presente año mediante el requerimiento de actuación a la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS), adscrita a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, por parte de la propia Tesorería General de la Seguridad Social, al haber detectado numerosos casos en los que varios grupos de empresas habían dejado de pagar las cuotas de los trabajadores, presuntamente con ánimo defraudatorio y de apropiación indebida de esas asignaciones.

Una vez confirmada la existencia de que estas irregularidades eran delictivas, por parte de la Sección de Investigación de la Seguridad Social se coordinó un dispositivo policial dentro de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, que afectó a las poblaciones de Maspalomas y el Puerto del Rosario (Fuerteventura), y que culminó con la implicación de los investigados por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.

 

Análisis de las formas de defraudación

La diferente casuística utilizada por los responsables de las empresas investigadas estaba orientada a la ocultación de los bienes y titularidades de las empresas. De esta forma se quiebran las legítimas expectativas de derechos de cobro por parte de los acreedores, produciendo una situación de insolvencia irreal.

Principalmente se valían de la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que se transfiere la actividad que venía desarrollando la deudora, así como los elementos patrimoniales de aquella. Para ello creaban un conglomerado de sociedades denominados “Grupos de Empresas”, constituyéndose una empresa principal “limpia” que ostenta el patrimonio y otras descapitalizadas que complementaban la actividad de aquella mediante la sucesiva transmisión de la titularidad de los bienes que pasaban de una razón social a otra, o incluso a empresarios individuales, impidiendo la localización y traba de los mismos, buscando con ello un solo objetivo, siendo éste el ánimo defraudatorio a la Seguridad Social.

Es de destacar que estas empresas se dedican principalmente a la explotación hotelera, en la que una empresa realiza las labores propias de esta explotación soportando los gastos propios de la misma -cargas sociales con alta de trabajadores, etc.- mientras que se utilizan a touroperadores o empresas en las que se utilizan personas del entorno familiar (testaferros) para ocultar los ingresos o beneficios obtenidos de dicha explotación hotelera, evitando y obstaculizando, de esta manera, que la TGSS pueda llevar a cabo mediante los mecanismos de recaudación propios que tiene este organismo los cobros de deuda oportunos.

 

No solicitaron aplazamientos del pago 

Pese a ser conocedores de la deuda, no se solicitó aplazamiento alguno del pago, ni se llevaron a cabo actuaciones encaminadas a la regularización de la situación de las mercantiles deudoras. Incluso, con una actitud obstructiva ante las reclamaciones de comparecencia o de personación ante los organismos citados, el administrador no mostró actitud colaboradora, ni atendió a las reclamaciones.

Además, mientras permanecía en esta aparente situación de insolvencia las empresas mantenían de alta a trabajadores en el sistema de Seguridad Social, continuando la mercantil con la consiguiente actividad y la percepción de ingresos en metálico, pudiendo evadir fácilmente el embargo de los ingresos al realizarse los pagos en efectivo.

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