Asalto a las pensiones públicas

En un supermercado donde compro habitualmente, a menudo coincido en la cola para pagar en la caja con personas mayores, pensionistas. Y, mientras espero, he visto bastantes veces que alguna anciana o anciano hurgan en el monedero. Buscan monedas para completar la cantidad a pagar que les indica la cajera por su modesta compra. Arroz, mortadela, patatas, una botella de leche, verdura, salchichas…

En ocasiones, la mujer o el hombre ancianos no encuentran las monedas que esperaban y entonces indican a la cajera con un suspiro que aparte algún alimento comprado para que alcance el dinero. No es excepcional sino señal, síntoma. Pues así viven varios millones de pensionistas en este país.

En España, hay algo más de 9.000.000 de pensionistas, una quinta parte de la población total, y algo más de la mitad reciben pensiones inferiores al salario mínimo. Es decir, en el Reino de España más de la mitad de pensionistas viven en el umbral de la pobreza, si se le puede llamar vivir a hacerlo con 600, 500, 400…euros al mes. Porque eso es lo que perciben, o incluso menos algunos, más de cuatro millones y medio de pensionistas.

A pesar de tal panorama, la Unión Europea exige la reducción de las pensiones. Le llaman reforma a que los jubilados que están razonablemente bien sean pobres y los que ya son pobres caigan en la miseria. Aumenta así el asalto a las pensiones públicas en España.

Quiebra: Profecía nunca cumplida

Grandes diarios, emisoras de radio y televisión insisten desde hace años en que el actual sistema de pensiones púbicas es insostenible. La mayor esperanza de vida –dicen– hace que no se puedan pagar las pensiones públicas en un futuro no lejano. Cada vez hay más pensionistas que viven más. Ese mantra que no cesa es la avanzada del organizado asalto al sistema público de pensiones. Porque las pensiones públicas son muchos millones de euros y las élites del sistema quieren echarles el guante de algún modo. Por eso hay una campaña catastrofista contra las pensiones públicas que lideran el FMI, Banco Mundial y la Unión Europea, con la remunerada ayuda de presuntos expertos.

Esos expertos profetizan desde hace más de veinte años la quiebra de las pensiones públicas. Un repaso a la hemeroteca y varios escritos del economista Juan Torres o del sociólogo Vicenç Navarro muestran que muchos estudios de tales expertos han profetizado en el Reino de España la bancarrota del sistema público de pensiones en 1995, 2000, 2005, 2007, 2010, 2012… Pero no han acertado ni una sola vez.

La pensión digna no es una adicción

El FMI, Banco Mundial y la Unión Europea, con la entusiasta complicidad del Banco Central Europeo, Banco de España y todas las patronales y círculos de economía (neoliberal, por supuesto) rizan el rizo en sus ataques a las pensiones públicas al sostener que la mayor esperanza de vida «acarrea costos financieros extraordinarios por las jubilaciones a los gobiernos”. FMI dixit. Incluso aseguran que el hecho de que la gente viva más en los países desarrollados es “un riesgo financiero”. ¿Insinúan acaso que se precisaría algún tipo de “solución final”? Que se sepa, un viceministro japonés ya pidió a los jubilados de Japón que se hicieran el hara-kiri para aliviar las cuentas públicas, pero evidentemente no debe ser el caso.

un viceministro japonés ya pidió a los jubilados de Japón que se hicieran el hara-kiri

Pero sí se atreve a decir Christine Lagarde, directora del FMI, que la economía mundial es “adicta” a los años de bienestar y se ha de “desenganchar con medidas estructurales”. En el lenguaje de esa gente, medidas estructurales son retrocesos sociales, contrarreformas que acaben con lo bueno que aún quede e ignorar los derechos de la ciudadanía. Y ahora resultará que los derechos sociales son una “adicción” y que para el FMI cobrar una pensión digna es como esnifar cocaína.

La falacia de la insostenibilidad

La economista Miren Etxezarreta, que se ha dedicado a estudiar las pensiones públicas, escribe que “lo de que no hay dinero para las pensiones es una falsedad. Las pensiones son parte del gasto social del país, pero tenemos un sistema que ha decidido que las pensiones se paguen con las cotizaciones de los trabajadores, con un trasvase generacional. Pero ese modo no es obligatorio”. Y, continúa Etxezarreta, “para mantener la falacia de que las pensiones públicas son insostenibles se actúa como si la Seguridad Social no fuera parte del Estado”.

La presunta insostenibilidad de las pensiones públicas desaparece si su financiación es parte de los presupuestos generales del Estado. Como es parte también el sostenimiento y actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo. ¿Por qué no se habla entonces de sostenibilidad de la Guardia Civil? Porque sería ridículo y porque ahí no hay nada que trasvasar al poder económico, pero sí lo hay en las pensiones.

Lo que el Estado ha de atender se financia con los recursos que el Estado ha de conseguir. Incluidas las pensiones. ¿Por qué las pensiones han de ser financiadas con cotizaciones sociales? Miren Etxezarreta insiste en que “es falso que las pensiones deban pagarse con cotizaciones sociales de los trabajadores. En Dinamarca se financian con impuestos”. Porque son un derecho.

Un derecho es un derecho

Cobrar una pensión es un derecho irrenunciable. Así lo indica el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el artículo 41 de la Constitución Española ordena que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes”.  Y, ya puestos, recordemos que “derecho” es poder exigir y ejercer lo que corresponde a las personas y la ley establece a su favor. Que nada tiene que ver con la equívoca sostenibilidad, como no tiene que ver con el big bang y el origen del universo.

son unos 90.000 millones de euros anuales de fraude según cálculos de GESTHA

Pero como no pueden negar un derecho a la brava, los “expertos” neoliberales pretenden entonces que incluir las pensiones en los presupuestos generales del Estado aumentaría el déficit público y desequilibraría la economía. ¿Déficit? ¿Desequilibrio? ¿Hablamos del carísimo rescate bancario que ha costado a la ciudadanía de un modo u otro más de 220.000 millones de dinero público para salvar al sector financiero? ¿Analizamos los escondidos gastos militares en las cuentas de otros ministerios que no son el de Defensa? ¿Hablamos de derroches suntuarios y de obras públicas faraónicas, innecesarias, inútiles, como las autopistas radiales de Madrid o los aeropuertos sin tráfico aéreo construidos en medio de la nada? ¿Recordamos el dinero que se escapa en la elevada y organizada corrupción que no cesa? ¿Mentamos los escandalosos sobrecostes que duplican la factura de tantas contratas públicas que ejecutan grandes empresas privadas? ¿Hablamos del contínuo trato de favor fiscal a la Iglesia? ¿Comentamos el altísimo fraude fiscal que no acaba y los insuficientes medios y personal de la Agencia Tributaria para combatirlo?

Porque son unos 90.000 millones de euros anuales de fraude según cálculos de GESTHA, el sindicato de técnicos de Hacienda. Y no habría sostenibilidad que valga como excusa de reducirse el fraude fiscal solo a la mitad.

España, a la cola en pensiones

La camaradería intergeneracional y que una generación aporte cotizaciones a las pensiones de otra no ha estado mal, pero cobrar una pensión decente es un derecho humano, no un ejercicio de solidaridad y menos una inversión. Que una generación pague las pensiones de otra con sus cotizaciones sociales pudo ser acertado hace unos años para esclarecer y ordenar las cuentas públicas. Pero un derecho lo es, haya solidaridad generacional o no. Y, por supuesto, no tiene ni ha de tener nada que ver con la equívoca sostenibilidad.

Porque la pensión media en España es 40% menor que la media de la Unión Europea

Por cierto, de los cinco mayores países de la Unión Europea, España es el que menos porcentaje del PIB dedica a pensiones públicas. Dedica el 8% del PIB e Italia el 15. Lo que gasta el Estado español en sus pensionistas es cuatro puntos menos del PIB que los estados francés y alemán. Una pensión en Austria o Italia es casi el doble que en España, pues cada punto menos del PIB son 10.0000 millones de euros. Si el gobierno español dedicara a las pensiones el mismo porcentaje de PIB que Francia, Alemania o Italia las pensiones aumentarían más de 500 euros mensuales de media automáticamente. Porque la pensión media en España es 40% menor que la media de la Unión Europea en países miembros con economías equiparables a la nuestra.  ¿Dónde queda lo de “actuar como los países de nuestro entorno” como gusta tanto decir a los gobiernos, incluido el de Rajoy?

Pensiones privadas y especulación

Un informe de 25 economistas y juristas españoles de hace un par de años afirmaba que “las campañas para sembrar dudas sobre la viabilidad de las pensiones públicas buscan potenciar los fondos privados de pensiones. Por eso en todas las reformas de las pensiones siempre se propone completar las públicas con pensiones privadas”.

Dándoles la razón, la banca y las empresas aseguradoras han intensificado sus ofertas de planes privados de pensiones en los últimos años. Planes privados que no son otra cosa que aportar cantidades ahorradas, fijas o no, a fondos de inversión que rinden beneficios. O no. Como cualquier otra inversión financiera con ahorros. Pero los planes de pensiones no parecen solución. Según datos de Inverco, patronal del sector, la rentabilidad media anual de las pensiones privadas individuales ha sido en España desde 2007 solo 1,36%. Flojo rendimiento al que hay que restar las comisiones de gestión de las entidades financieras, que sí son ingresos jugosos para la banca. De ahí su interés en que aumenten los planes de pensiones privadas.

Planes privados que no son otra cosa que aportar cantidades ahorradas a fondos de inversión

La solución no son planes privados sino una reforma fiscal justa, progresiva y suficiente, además de acabar con el fraude fiscal o reducirlo mucho. Eso permitiría al Estado hacer frente con holgura a sus gastos, pensiones públicas incluidas. Pero no es nada fácil, porque el actual gobierno no parece tener la voluntad de afianzar y fortalecer las pensiones públicas y por ahora ya ha vetado la propuesta de la oposición (que cuenta con más votos que el gobierno en el Congreso) de aumentar las pensiones un 2,1% desde 1 de enero de 2017.

Ante las pensiones, la protección social, el derecho a la salud y a la educación no se puede manejar conceptos económicos ni actuaciones economicistas. Es lisa y llanamente cuestión de derechos. Y los derechos son irrenunciables e irrevocables.