La Guardia Civil, en la denominada operación “HETERAS”, llevada a cabo en Melilla, ha desmantelado una organización dedicada al tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, que operaba en la ciudad desde hace varios años, deteniendo a cuatro de personas (tres varones y una mujer) y una quinta en calidad de investigada.

En la operación se han llevado a cabo dos registros domiciliarios  en dos pisos ubicados en el mismo inmueble que la red utilizaba como locales de alterne, donde se han intervenido tres kilogramos de polen de hachís, diversas dosis de cocaína dispuesta para el consumo,  libros de familia expedidos a nombre de terceras personas, un pasaporte español expedido a nombre de un recién nacido, así como cierta cantidad de dinero en metálico de curso legal español y marroquí, además de abundante documentación y teléfonos móviles.

La operación se inició a principios del pasado año, cuando la Guardia Civil pudo constatar la existencia de una organización  que utilizaba a mujeres, alguna de ellas menor de edad, de nacionalidad marroquí, con fines de explotación sexual y laboral. Para ello, captaban a  mujeres con escasos recursos económicos ya que apenas podían hacer frente a la subsistencia de sus familias y tenían pocas posibilidades de acceder a un trabajo legal en España, al ser extranjeras y no poseer la documentación necesaria para ello.

Una vez introducidas en Melilla mediante el engaño, las obligaban a ejercer la prostitución en dos pisos de un inmueble de dicha localidad.

Por tal motivo, los agentes procedieron al registro de los dos pisos, donde hallaron en el interior a varias de las mujeres que estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución. Cabe destacar que en las viviendas, además de constituir la residencia de las víctimas,  también se consumía y distribuía droga y se vendía alcohol y tabaco.

Igualmente, los agentes han podido constatar que las mujeres eran tratadas en un régimen de semi esclavitud ya que no disponían de libertad. Además eran obligadas a consumir drogas para que estuvieran activas y las inducían para que se las facilitaran a sus posibles clientes.

El líder de la red (varón de unos 40 años de edad y  nacionalidad marroquí), era el encargado de supervisar y controlar el precio y número de servicios que tenían que realizar las víctimas. Asimismo, se aseguraba de que las mujeres llevaran un horario ininterrumpido para que ejercieran la prostitución y les cobraba el alojamiento y la manutención, dejándoles unos insignificantes ingresos que apenas alcanzaban para la subsistencia de ellas.

Algunas de las mujeres explotadas se quedaban embarazadas y daban a luz en el Hospital Comarcal de Melilla. Tras ello, los proxenetas las obligaban a pagar un precio estipulado para buscarles  hombres de nacionalidad española que asumieran la paternidad del recién nacido. De esta forma obtenían la documentación nacional del recién nacido y, a su vez, la tarjeta de residencia para la madre, con el consiguiente fraude para el Estado al documentar a inmigrantes irregulares en España.

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