FACUA-Consumidores en Acción ve extremadamente grave que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, compareciera en el Congreso de los Diputados a finales de agosto para explicar el enorme agujero de seguridad de LexNet y ocultara la existencia de más de 400 descargas ilegales de datos altamente sensibles y secretos de los ciudadanos, a pesar de saber de ellas desde un mes antes.
FACUA solicita a Catalá que identifique a los afectados por el acceso a sus datos de forma ilegal y se dirija a estos para que si hubieran padecido alguna clase de daño por el acceso de terceros a esa información altamente sensible de sus procesos judiciales, puedan ejercer su derecho a tomar medidas legales contra el Ejecutivo.
En su explicación el 31 de agosto, Catalá tan sólo desgranó que 49 usuarios de esa plataforma telemática para las comunicaciones en el sistema judicial lograron entrar en los buzones de sus compañeros, en los que los abogados y procuradores reciben documentos judiciales. Sin embargo, Catalá ‘olvidó’ contar que el sistema de auditoría de la plataforma había detectado también que aprovechando el fallo de seguridad, algunos usuarios habían descargado ilegalmente ciertos documentos judiciales con información confidencial.
Una semana más tarde, en una reunión privada con representantes de colectivos judiciales, el ministro sí reconoció que se habían producido ese número de descargas y elevó el número de accesos ilegales de 49 a 73, tanto de abogados como de procuradores y graduados sociales. Entre los asistentes a la reunión se encontraban la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Javier San Martín, y el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, quien reunió las declaraciones en un documento que distribuyó entre su colectivo.
FACUA considera gravísima la negligencia cometida por el Ministerio de Justicia al haber puesto en marcha un sistema con un enorme agujero de seguridad cuyas consecuencias serán difíciles de conocer y más aún que su mayor representante, Rafael Catalá, oculte el alcance real de las incursiones ilegales.
Con sólo cambiar el ID que le identifica, cualquier abogado o procurador podía publicar y acceder a todo tipo de documentos en causas ajenas así como notificar o borrar cualquier sentencia de la Administración de Justicia. Para FACUA es un escándalo de enormes dimensiones el hecho de que los usuarios de LexNet hayan podido acceder a todo tipo de datos de terceros: autos de jueces y escritos de abogados con información sobre sus clientes, además de documentación aportada por Policía y Guardia Civil sobre sus investigaciones para causas judiciales.
FACUA advierte de que errores de mucha menor entidad habrían provocado la dimisión del ministro de Justicia de cualquier democracia avanzada, mientras que en España, el Gobierno está intentando maquillar la magnitud de lo ocurrido, que representa un auténtico escándalo ya que se ha puesto en juego la privacidad de cientos de miles de ciudadanos.
Catalá emitió tras la reunión un comunicado en el que señalaba “la normalidad en el funcionamiento del sistema LexNeT tras la oleada de ciberataques». FACUA considera muy grave que el Ministerio de Justicia excuse el no hacer públicos los datos argumentando que eran «provisionales» y esperaban al informe sobre el fallo de seguridad. Informe que aún sigue en elaboración.
Larga lista de errores
Desde su implantación -es obligatorio desde 2016-, numerosos profesionales del Derecho han criticado una larga lista de errores técnicos y de diseño en LexNet, un sistema lento y obsoleto impuesto sin proveer a los juzgados de medios técnicos y humanos necesarios para su correcta aplicación y que está entorpeciendo la labor de todos los operadores de la Administración de Justicia.
Hasta la fecha no había trascendido una irregularidad de las dimensiones de la que ha salido a la luz a finales de julio de este año, cuando el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, dio a conocer en Facebook el agujero de seguridad ante la falta de respuesta a su queja por parte del Ministerio. Justicia paralizó unos días el acceso a la plataforma para modificar su código fuente, pero no ha aclarado desde cuándo existía el problema, cuya gravedad ha minimizado con argumentos que vienen refutando públicamente numerosos abogados.
