Carles de Ahumada me llamó el domingo 2 de julio. Es el director de una pequeña cooperativa vitivinícola y ejemplar de Vallbona de les Monges, Lleida, que entre sus actividades cotidianas también desarrolla la solidaridad internacional con Guatemala. Me contactó para decirme si veía posible viajar al país centroamericano para participar en una comisión de investigación sobre los desalojos de familias del Petén. En ese momento ni si quiera sabía muy bien a lo que se refería, aunque ya había escuchado hablar de desalojos forzados. No imaginaba que lo sucedido en la Laguna del Tigre había sido tan dramático.

Fueron 17 horas desde Madrid para llegar a Ciudad de Guatemala con escala en Nueva York, son ocho horas de diferencia que ni si quiera he podido llegar a notar porque una vez allí Ramón Cadena, un prestigioso abogado de la CIJ amenazado varias veces por su constante labor a favor de las comunidades indígenas y de campesinos, no nos dejó descansar ni un minuto en el transcurso de una semana. Si llegaba a las diez de la noche a Guate, a las tres de la mañana ya volvía a estar de pie para coger otro avión para el Petén.

La Comisión de Verificación sobre los Desalojos del Petén la ha designado el Diputado de la Bancada de Convergencia, Leocadio Juracán. La izquierda en Guatemala es minoritaria en el Congreso y además está muy atomizada, pero Juracán es un diputado comprometido con las Comunidades y habiendo estado en la lucha campesina durante 25 años, tiene claro que va a utilizar todas las posibilidades que le brinda el reglamento del Congreso para impulsar iniciativas que favorezcan a los más desfavorecidos. Su ingenioso asesor, José Chic, tiene maña para encontrar soluciones a su posición minoritaria y consigue que Leocadio, tal y como reconoció el viceministro de Medioambiente, siente a todo el gobierno de a una, a dar explicaciones sobre cualquier cuestión.

Los miembros designados para esta comisión somos Ramón Cadena y Robert Mercatante, director de la ONG estadounidense Human Rights Defenders Project y yo misma. Nos acompañó durante el viaje otra abogada tan profesional como humana, una garífuna llamada Francisca Sánchez que nos ayudaría con la organización y la logística. Llegamos a Santa Helena y nos alojamos en un hotel bañado por el Lago Petén Itzá, desde la habitación y cruzando el agua tengo delante la isla de Flores, uno de los recovecos más turísticos del Petén. Detrás de la isla se divisa una vegetación espesa, exuberante y selvática. Me sorprende que la belleza del lugar no esté plagada todavía por autocares de turistas blancos vestidos con ropas de estilo colonial de Coronel Tapioca.

La primera reunión del programa fue con las Comunidades que viven en la Reserva de la Biosfera Maya en el Petén. Nos encontramos con unas 20 personas que representan por lo menos a unas ocho o nueve comunidades distintas que bien han sido desalojadas o que están amenazadas de serlo próximamente. No he dormido, pero no tengo sueño, sus caras de angustia y a la vez de esperanza por vernos sentados allí preocupados por sus problemas, me desvelan. Las Comunidades tienen nombres pintorescos: Laguna Larga, El Reloj, El Sacrificio, La Mestiza, El Picudo, La Rebancha, El Pialito…

Ya ha habido nueve desalojos en 10 años (2007-2017) y los procesos de desalojo siempre se dan de la misma manera: una denuncia del CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas), un proceso judicial en marcha, una criminalización de la Comunidad en los medios de comunicación relacionándola con el narcotráfico y la tala furtiva de árboles en área protegida. Uno de los representantes comunitarios nos dice: “No nos dieron ni media nota, no nos avisaron y tuvimos que recogerlo todo corriendo, nos dejamos muchas pertenencias en la casa, llevábamos niños enfermos y ancianos que tenían que hacer el camino a pie… Fué muy duro. Ya llevamos más de siete u ocho años y no nos han visitado nunca desde el Estado para ver si necesitamos algo”.

Secretario Laguna Larga.

Los desalojos forzados de estas comunidades afectan a miles de personas, una comunidad puede estar formada por 100 o hasta 500 personas y las consecuencias de estos desahucios son la falta de vivienda, alimentos, salubridad, atención médica y escolarización de los niños. Básicamente la diferencia consiste en pasar de una vida sin muchas garantías, pero dignamente construida desde la libertad y el esfuerzo colectivo de la comunidad a una extrema pobreza forzada por el Estado.

Después de los desalojos, el CONAP ha mandado destruir sus antiguas viviendas, las iglesias y las escuelas que habían construido entre todos. No todo ha sido destruido, pero sí intencionadamente inhabilitado con motosierras. Los militares mataron o se comieron a sus animales de corral, porque ni policías ni militares viven en mejores condiciones a pesar de ser funcionarios. Cuando desalojaron Laguna Larga, que es el desalojo más reciente y en el cual hemos basado nuestra investigación, tanto a militares como a Diprona (policía medioambiental) el gobierno les ordenó ocupar la Comunidad para evitar que sus habitantes volvieran. Ellos también han tenido que sobrevivir en malas condiciones, maltratados por el gobierno cumplen órdenes para maltratar a quienes viven por debajo de ellos.

Las representantes de las comunidades (me doy cuenta de la elocuencia de las mujeres con respecto a los hombres, aunque ellos sean mayoría en la reunión) hacen análisis más allá del impacto social sin buscar nuestra compasión sino preocupadas por dar explicaciones políticas que no nos confirman pero que nos apuntan para que investiguemos. Una de ellas toma la palabra: “Sabemos que hay grandes proyectos millonarios que se quieren implementar en la zona. Nos acusan de usurpación de tierra porque somos pobres, pero no tardarán en venderla si es preciso a millonarios como Richard Hansen o Roan Balance para complejos turísticos… Ha habido saqueos arqueológicos promovidos por gente adinerada y respaldadas por el mismo Estado… También hay grandes concesiones petroleras que se están llevando a cabo, ni siquiera sabemos cuánto petróleo se están llevando porque PERENCO no permite instalar contadores en los tubos de extracción… Por otro lado, hay negocios de palma africana que se han agrandado y que están destruyendo masa forestal, ¿y nosotros que vivimos en chocitas de madera y tenemos agricultura y ganadería de subsistencia somos los peligrosos para el medioambiente?”. Petroleras, talas de árboles autorizadas y negocios turísticos sí, personas no. Las Comunidades no parecen estar al tanto ni si quiera del proyecto Guatecarbón uno de los principales sospechosos de su desalojo precipitado 12 años de que años después de la denuncia de CONAP.

Después de reunirnos con las comunidades pasaremos dos días de reuniones kilométricas con La Pastoral Social, la iglesia al contrario que en España juega un papel político y social muy importante en favor de los más vulnerables tal y como demostró el obispo Fiandri defendiendo el honor de las comunidades cuando se las criminalizó; nos sentamos también con la Procuraduría de Derechos Humanos que debía haber velado por el cumplimiento de los mismos; el Alcalde de San Andrés… fuimos hasta tres veces a visitar la jueza de primera instancia que ordenó los desalojos pero nunca nos recibió, nos toreó, nos hizo perder tiempo en la sala de espera a través de sus administrativos y a diferencia de los demás actores que han tenido algo que ver con los desalojos y que, con más o menos tensión, nos atendieron siempre bien, se “pasó por el forro” a la Comisión de Investigación, al Diputado Juracán, a la CIJ, a Human Defenders Project y si cabe, al Senado de España.

Digo con más o menos tensiones porque sí nos recibió el Juez que ejecutó los desalojos. Allí vimos a Ramón y al juez, los dos juristas, desplegando sus cuernos ramificados. Ramón no podía ocultar su indignación por la ejecución del juez por no haber tenido en cuenta los derechos humanos de las comunidades y limitarse a ejecutar una orden. El Juez se sentía interrogado y cuestionado por una “comisión privada de mindundis” puesto que según él los únicos legitimados para tal labor eran los Procuradores de Derechos Humanos.

Las comisiones políticas de investigación molestan y mucho, son un “grano en el culo” para quien gobierna y para el poder judicial, especialmente si es corrupto. Nos dice que “la injerencia” entre organismos de verificación está prohibida, cree que así nos intimida y en ese momento saco a relucir mis cuernos de cierva política y le recuerdo que las comisiones políticas de investigación son legítimas y están amparadas por el reglamento de las cámaras, por tanto, son públicas. La única diferencia es que el juez no está obligado a contestar y lo tomó al pie de la letra, ciertamente esquivó todas nuestras preguntas hasta que en una de ellas metió la pata hasta el fondo. Ramón dispara: “¿en qué momento usted notificó el desalojo a las familias?”. El juez responde: “Las familias tuvieron conocimiento del desalojo en el mismo momento y lugar. No es necesario avisar antes porque si uno mira las redes sociales pues ya ellas se encargan de ello, ¿verdad?”. El juez reconoce que se saltó una parte del protocolo de desalojos de las propias Naciones Unidas esperando que las RRSS hagan su trabajo. Siento náuseas y no creo que sea por la cantidad industrial de frijoles que estoy comiendo.

El sábado 15 salimos para México. La Comunidad de Laguna Larga se encuentra en medio de la selva y acceder a ella en estación de lluvias a pie o en “picop” (ranchera) es del todo imposible por los que nos toca rodear todo el Parque Nacional, desde Santa Helena a la Libertad, cruzar la frontera a México por el Ceibo, del Ceibo a Tenosique, ciudad de narcotraficantes donde haremos noche y de Tenosique al Desengaño por donde accederemos a la selva. El recorrido son unos 600 km en total que tuvimos que apresurarnos a completar a pesar de mal estado de las carreteras.

En la frontera de México nos esperaba el señor Baldemar de los grupos Beta y el personal de Atención al Migrante del gobierno de México, nadie lo había invocado, pero él nos quería acompañar, escoltar. Sin embargo, no se lo habíamos pedido y hubo un momento en que no sabíamos si de verdad quería brindarnos protección y facilidades o controlar todos nuestros pasos hasta que Ramón, líder indiscutible de nuestra delegación, se bajó de la furgoneta y dijo: “Gracias, a partir de ahora seguimos solos”. Su “gracias” sonó tan contundente que el señor Baldemar, no sin antes hacernos mil y una fotos en todas las posturas posibles individuales y de grupo, desapareció por la carretera con su camiseta naranja corporativa.

La humedad de la zona empezaba a notarse, una humedad que mi cuerpo no acostumbraba. Era como estar en un baño turco al aire libre, un baño de esos que tienes que probar porque has pagado la estancia en el balneario pero que no aguantas en él ni cinco minutos. Del baño turco puedes escapar, de la humedad de la selva en época de lluvia no.

Más que a la humedad yo tenía miedo por los mosquitos, concretamente por el Zika, el Denge u otros “zancudos”, como les llaman los guatemaltecos, palabra que siempre me provoca una carcajada porque describe muy gráficamente la forma de las patas de los insectos. Solo llevaba una pulsera antimosquitos rota y no tuve tiempo de comprar ningún spray. Da igual, vamos allá. Nos encontramos a las 5 de la mañana para por fin sí, poder visitar a la comunidad de Laguna Larga.

Fue un camino en picop realmente incómodo, a penas cabíamos en el remolque ya que la comunidad queda lejos del Desengaño que es el pueblo más cercano y obviamente cuando alguien hace viaje todos aprovechan para llenar el auto: que si un campesino, que si su hermano, que si un niño con un bidón lleno de hielo, hecho que ya anticipaba que no hay modo alguno de conservar los alimentos frescos en el campamento. Poco a poco se fue llenando el espacio del remolque hasta que me quedé en una postura plegada de la que me resarcí hecha un cuatro.

Habíamos tenido suerte porque el día antes había parado de llover y el camino estaba bastante seco y no nos tuvimos que detener para sacar la picop de dentro del barro. Quique, un joven abogado activista mejicano que venía acompañándonos desde la frontera y que conocía la zona a la perfección y lo acontecido a la comunidad, nos advirtió de los impactos psicológicos que habían sufrido los niños, los ancianos y los impactos en la salud de los desalojados. La advertencia se quedó sumamente corta.

El campamento improvisado por los desalojados estaba montado a lado y lado de un camino de barro que parecía estar secándose después de días de lluvia. Aparentemente las tiendas hechas con plásticos negros, de campaña y alguna más elaborada con maderas y tejados de palma, eran pocas, pero detrás de la primera fila había un laberinto de tiendas que se juntaban las unas con las otras. No podías saber dónde empezaba una familia y terminaba otra. Ropa amontonada, barbacoas improvisadas, hedores de comida se mezclaban con los de suciedad, también de heces por donde corrían los niños descalzos y algunos pollos. Había que tragar saliva mientras pasábamos y los desalojados nos miraban con atención como si hubiera aterrizado allí una nave extraterrestre. Les sonreíamos con timidez para hacerles ver que llegábamos en son de paz dispuestos a echar una mano y a denunciar su situación. No éramos los primeros y nos lo pusieron muy fácil.

Nos improvisaron una “sala de reuniones” con dos tronquitos y una tabla. El líder de la Comunidad, don Servelio, se sentó en una silla de plástico como si de la silla del Alcalde se tratara. Pura dignidad. Empieza la reunión y le pedimos al líder que nos explique la situación: “CONAP nos dice que somos invasores, nosotros no invadimos, estamos declarados como Comunidad, el mismo Gobernador de Petén firmó el reconocimiento de nuestro asentamiento y no entendemos porqué ese documento ya no es válido. Se nos reconoció de forma indefinida. Hemos pedido una mesa de diálogo y no se nos concedió, ellos cerraron el diálogo que habíamos tenido entre 2006 y 2009. Quisiéramos saber dónde está la raíz de este problema, por rumores sospechamos que hay Generales del ejército que tienen grandes fincas y son muy grandes. Está la petrolera PERENCO. En 2006 se nos autorizó a tener diez cabezas de ganado por familia y nos pareció bien, no queremos ser un problema para el medioambiente, pero no entendemos porqué se les permite a los grandes finqueros que ni siquiera viven en la comunidad desforestar por aquí. Queremos que se descubran las cosas pues ellos creen que somos gente ignorante y que es fácil manipularnos, pero en el campo tenemos una sabiduría natural con la que ellos no cuentan”.

El que parece ser el Secretario de la comunidad porque es quien tiene en su poder el archivo de documentos, el censo (hecho a mano) por género y edades y demás registros, nos conmueve a todos con sus ojos empapados por las lágrimas que no puede reprimir al explicarnos que “quemaron nuestras casas, saquearon las iglesias que habíamos construido con nuestras manos y tenemos que soportar que los militares estén viviendo dentro de la escuela que nuestros niños tendrían que estar utilizando y a quienes han dejado sin escolarización”.

Después de la reunión quisimos caminar 2km hasta la Comunidad para ver los destrozos, nos subieron de nuevo a la picop, aunque nos dejaron un rato antes porque el chófer tenía miedo de las represalias, las víctimas del desalojo nos juraban que no nos dejarían pasar pero no fue así.

No imaginaba que la Comunidad serían unas decenas casas hechas de troncos, rama o latón muy separadas las unas de las otras al lado de esa preciosa laguna. No tienen ni agua corriente, solo pozos, no hay electricidad. Podrían decirme que se trata de un camping ecológico con bungalows en un Parque Nacional y me lo hubiera creído.

Empezamos a tomar fotos y videos de lo destruido y pronto fueron apareciendo los soldados momento en el que me adelanté para chocarle la mano al teniente sabiendo que mi cargo podía ayudar a suavizar la situación y ciertamente lo hizo. Estaban al tanto de nuestra visita. Nos invitó a sentarnos y charlar mientras nos conducía hacia la escuela y allí salieron unos 30 militares y otros 30 policías con sus uniformes, también algunos miembros del CONAP. Intimidaban, pero seguimos, no estábamos dispuestos a desaprovechar la ocasión de preguntarles. No nos permitieron grabar la reunión ni hacer fotos a los soldados. Sin embargo, los que escoltaban al teniente cogieron sus móviles y no pararon de hacernos fotos y de grabar. Nos ofrecieron unas cuantas sillas de plástico mientras ellos respondían de pie y “nos miraban desde arriba”. Les preguntamos por la quema de casas y los militares respondieron que no sabían nada. Pero el responsable de Diprona dijo que él había hecho un informe sobre lo sucedido y que lo podríamos consultar en la comisaría. El policía parecía más humano y afectado por lo sucedido por lo que vimos una pequeña luz a la que seguirle la pista. No nos engañó, un día más tarde nos hicimos con el informe. El responsable de CONAP reconoció en ese preciso momento que habían sido “órdenes de más arriba” las que habían seguido para destrozar y quemar las casas.

Laguna Larga ha pasado de ser una Comunidad reconocida que vivía de los recursos naturales de una forma ecológica y sin ninguna comodidad, pero libre, a ser una especie de camping fantasma con bungalows ocupados por militares. No tenemos clara la razón que ha llevado a echar a patadas a centenares de familias de sus humildes hogares sin una alternativa habitacional, sin poder ni si quiera recoger sus pertenencias o sus cosechas. Puede ser Guatecarbón, los intereses de los grandes finqueros, futuros complejos turísticos, el negocio de la tala de árboles, el narcotráfico en connivencia con el Estado, el saqueo de bienes arqueológicos… sea cual sea la razón, el brazo ejecutor de estos desalojos es un gobierno y un sistema judicial deshumanizados capaces de vulnerar los Derechos Humanos más básicos de las personas y los pueblos en nombre de un medioambiente que cotiza en bolsa.

A la vuelta de la visita a la Comunidad quedaba todavía el trabajo institucional más importante: una conferencia de prensa en el Congreso de la República de Guatemala para denunciar la situación, una comparecencia jurada del CONAP promovida por el Diputado, reunión con el Departamento de Agricultura, visitas al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia. Todos nos decían lo mismo, parecía que habían ensayado el patrón: “Nos limitamos a aplicar la ley medioambiental y de protección de la naturaleza”. Cuando les replicabas que por aplicar una ley interpretable desatendían los Derechos Humanos de las personas y los pueblos, simplemente miraban hacia otro lado y respondían con evasivas. La carencia de liderazgo político del gobierno de Jimmy Morales se dejó notar a medida que íbamos hablando con cada departamento gubernamental.

Fue un viaje emocionante, triste, tan enriquecedor como agotador que terminó con una copa de vino chileno en casa de Ramón, una casa antigua de planta baja heredada, que pertenecía a su tía y que está rodeada ahora con alambradas de concertinas. Al llegar nos abrieron la puerta dos policías nacionales que se ocupan de la seguridad de Ramón, a pesar de este servicio varios hombres consiguieron entrar en su casa para intimidarlo. Me hago una idea de qué supone levantar la voz y denunciar los abusos a las comunidades siendo guatemalteco, al fin y al cabo, yo me vuelvo a mi casa sana y salva.

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