Un fuerte escalofrío sacudió mi cuerpo cuando me enteré que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) quería poner fin a los 60 años de historia del Real Club Náutico de Gandía mediante la adjudicación de sus actuales instalaciones a una empresa construida hace cinco años, pasando a formar parte de ese tremendo agujero negro de pertenencias públicas que ahora están en manos privadas. Decisión que se ha prorrogado seis meses más, dando lugar a un período de negociaciones. Pero aprovechando precisamente este periodo de reflexión, quería arrojar cierta luz sobre el tema que es, a mi parecer, una cuestión relevante a pesar de que se pudiera pensar que es un problema que afecta únicamente a una minoría.
Imagino que el razonamiento que justifica esta acción por parte de la institución valenciana es la creencia de que el deporte de vela es algo correspondiente a unas élites que no necesitan subvenciones públicas, es decir, tomar importantes decisiones sin rigor ni profundidad en el análisis, en base únicamente a estereotipos. Este precario argumento sería válido si obviáramos las siguientes cuestiones:
Los clubes náuticos garantizan el acceso al mar de las personas con economías medias y cumplen la importante misión social de acercar el deporte a todos y todas. Porque en este caso, parece necesario recordar que la vela es un deporte, y por tanto, un elemento a proteger e incentivar por parte de la administración pública. Si se privatizan los clubes náuticos y se da libre albedrío a la ambición económica y el egoísmo de quienes pretenden hacer negocio con ellos, se estará excluyendo a las clases medias de la posibilidad de navegar, estaremos contribuyendo a jerarquizar y reforzar el sistema social establecido que distingue entre ricos y pobres. El deporte es un eje central en el proceso de formación y desarrollo del individuo. Si nos privan el acceso a estas líneas de crecimiento personal, y también social, nos estarán frenando nuestro legítimo derecho a cultivarnos, a convertirnos en mejores personas. Las élites económicas harían de nosotros justo lo que desean, una manada de borregos cuyo ocio consista en ir los domingos al centro comercial para seguir alimentando este sistema individualista, consumista y capitalista. En palabras de Chomsky: “Ellos entendieron que era más sencillo crear consumidores que someter a esclavos”.
El artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) dice que toda persona “tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. El disfrute del tiempo libre, un concepto tan profundamente revolucionario. Basta con leer las tesis de Lafargue o Thoreau para darse cuenta de que el disfrute y aprovechamiento de nuestro ocio es uno de los temas más importantes en la vida del ser humano. Si no podemos elegir en qué disfrutar el tiempo que no dedicamos a trabajar, ¿qué más nos pueden dictar e imponer?, ¿qué nos diferencia entonces de un esclavo?
La dimensión simbólica del consumo de la que nos hablaba Bourdieu en su papel de construcción y reproducción de las jerárquicas sociales es otro aspecto fundamental, en mi opinión. ¿De verdad un gobierno de izquierdas como el de Gandía (y el de la Comunidad Valenciana, que es el que fija el órgano de gobierno de la Autoridad Portuaria) va a fomentar que el punto desde el que miras al mar esté determinado por el tamaño de tu cartera? Jamás quisiera olvidar la imagen de mi padre, que nació en una chabola y logró hacer realidad el sueño de su vida y disfrutar del mar en su pequeño velero. Jamás quisiera olvidar que las jerarquías sociales son el primer elemento a combatir por parte de la izquierda: porque todos debemos tener los mismos derechos. Por eso, espero que la Autoridad Portuaria de Valencia y su gobierno no olviden que trabajan para el pueblo. Y sí, quienes queremos seguir disfrutando el mar y somos clases trabajadoras con poderes adquisitivos medios, también somos pueblo.
