Una de las consecuencias de la crisis económica, política, social e institucional que nos asola desde hace años es el alto grado de desafección que la ciudadanía española siente por la política. Las causas que están en el origen de esta desconfianza tienen que ver con elementos diversos como la corrupción, la larga lista de promesas incumplidas y los privilegios que la clase política y la élite económica han seguido manteniendo a costa del esfuerzo de la mayoría. El dato, que no es nuevo, se ha acentuado ante la evidencia de que la crisis ha aumentado la desigualdad y que parte importante de la clase política ha sido testigo mudo, cómplice, cuando no responsable, del empobrecimiento de la sociedad.

Cada campaña electoral corremos el riesgo de que la desafección aumente. Durante días asistimos al espejismo de políticos que se bajan del coche oficial y pasean por mercados y plazas y que hablan de problemas reales aunque sin ofrecer soluciones concretas. Espejismo que la ciudadanía percibe como la enésima tomadura de pelo porque la experiencia nos dice que los partidos tradicionales tienden a olvidar rápidamente sus promesas.

El 26 J tiene que suponer un punto de inflexión en esta manera de actuar. La ciudadanía ya no tolera que la clase política siga más preocupada por mantener su posición privilegiada que por resolver los problemas de nuestra sociedad. Hay que volver a situar a las personas en el foco y demostrar que otra manera de gestionar lo público es posible. Para ello, hace falta que de manera urgente adoptemos medidas que contribuyan a la regeneración democrática y devuelvan la confianza en nuestros representantes. Entre ellas, mayor participación ciudadana en las decisiones públicas; transparencia real; cuentas abiertas, para que sepamos cuánto dinero hay en las arcas del Estado, cuanto se debe y cómo se gasta; oficinas para la prevención y lucha contra la corrupción; agendas públicas de los cargos públicos; límites salariales para la clase política; rendición de cuentas periódica, posibilidad de revocación de los cargos públicos.

Sea cual sea el resultado de las elecciones generales, tenemos que afrontar todas estas cuestiones si queremos dignificar la política. Ha llegado el momento de que la ciudadanía vuelva a ser la protagonista de la gestión pública. Ha llegado el momento de que vuelva a creer en sus representantes.

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Aunque nací en Sevilla en 1974, pasé mi infancia y adolescencia entre diversas localidades, destacando Ronda entre todas ellas. Cursé mis estudios de licenciatura y doctorado en la Universidad de Sevilla, donde soy Profesora Titular de Derecho Constitucional. Soy autora de numerosos artículos en revistas científicas y de los libros Las Cortes Generales en la jurisprudencia del Tribunal constitucional, La autonomía parlamentaria en la práctica constitucional española, y La propia imagen como categoría constitucional. He sido asesora del Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, en el Ministerio de la Presidencia. Desde su constitución pertenezco al Consejo Ciudadano estatal de Podemos. En la actualidad, diputada andaluza por Podemos. Tratando de conciliar teoría y práctica, lo que debe ser y lo que es, aprendiendo y desaprendiendo.

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