“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para derogar la reforma laboral que el Partido Popular impuso en la X Legislatura, y abrir un proceso de diálogo social que, desde el acuerdo, culmine con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere su naturaleza originaria de carta de garantía de los derechos laborales”. Así ha solicitado el PSOE la derogación de la legislación laboral del PP.
La medida ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Ciudadanos y Partit Demòcrata Català (PDC), la antigua CiU. ¿Por qué se han abstenido? Porque no se han aceptado sus enmiendas. Toni Roldán, de Ciudadanos, ha ido más allá: “No sé muy bien para qué sirve [el paso del PSOE], porque si es para volver al modelo anterior de Zapatero, con un 25% de paro, probablemente no es la solución”.
La declaración de Roldán deja claro, por si no era suficiente la abstención, que el grupo naranja no jugará con los socialistas contra el PP.
La Proposición No de Ley es una propuesta sin capacidad legislativa alguna y más bien una declaración de intenciones. Sin embargo, sí contiene una exposición de motivos donde se recuerdan los efectos dañinos de la última reforma laboral: Reducción de salarios, quiebra de la negociación colectiva, temporalidad, pobreza de los trabajadores o la brecha salarial. La tozudez de algún miembro del PSOE ha impedido que, como batalla simbólica contra el Gobierno por parte de la oposición, haya unanimidad. Rafael Simancas ha sido el principal responsable de no obtener un mayor consenso. Simancas se ha negado a modificar la palabra “derogar”.
Pero… negociará
La cuestión de la palabra “derogar” no es baladí. Ni para el PSOE ni, en menor medida, para Podemos.
Durante las dos campañas electorales, Pedro Sánchez insistió en la derogación de la Ley laboral. También Pablo Iglesias se comprometió a lo mismo. Pero el líder de la coleta añadía un dato “morado”: Tampoco les sirve la reforma del PSOE. Es decir, que el órdago socialista y el de Podemos tienen un nudo irreconciliable: El propio PSOE, cuya legislación laboral tampoco convence los de Iglesias.
¿A qué asistimos, pues, en esta “recomendación” al Gobierno de Rajoy? ¿Es una obra de teatro cuyos actores ni siquiera se reconocen en escena?
La Gestora del PSOE está necesitada de efectos mediáticos como éste, como comentan desde el propio partido. Necesitan enfriar los ánimos de la militancia, muy crítica con el giro a la derecha de la Gestora y la entrega del Gobierno al PP. Por ese motivo y aunque después se negocie con los populares, los socialistas necesitan mantener el término “derogar” a toda costa. Necesita esa victoria moral frente a la rebelión interna, y justificar que están cumpliendo con el programa electoral.
Exactamente lo mismo sucede con la Ley Mordaza y con la LOMCE. ¿Más teatro o sencillamente política de ubicación?
Cambiar las leyes laborales ¿para qué?
Mariano Rajoy es completamente consciente de que tanto la LOMCE como la Reforma laboral podrían aparecer como sus dos talones de Aquiles parlamentarios. Por este motivo, ha dado orden a los distintos equipos ministeriales y parlamentarios de negociar y consensuar las distintas fórmulas de cambio. En el acuerdo con Ciudadanos, existe ya un punto en este sentido, pero el jefe del Ejecutivo sabe que esos cambios sólo pueden resultar fructíferos con el PSOE. Como hizo con el techo de gasto o la subida del SMI, acordará primero con el PSOE para luego sumar al acuerdo, con las debidas enmiendas, al partido naranja y a partidos regionalistas y nacionalistas.
El PSOE, pese a las voces grandilocuentes en el Parlamento, expuso en su programa electoral la derogación con matices de la legislación laboral del PP: “Derogar, con carácter inmediato, los aspectos de la reforma laboral del Partido Popular que establecen un modelo de empleo precario y de bajos salarios y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios”. Esto es, no derogar toda la reforma laboral. Básicamente la posición del PSOE se concreta en los siguientes aspectos.
- Aprobar con base en el Diálogo Social un nuevo Estatuto de los Trabajadores que, concebido como una Carta de derechos de los trabajadores, incluya, junto a las condiciones laborales clásicas conquistadas, nuevos derechos de seguridad y salud en el trabajo, secreto de las comunicaciones, o propiedad científica e intelectual.
- Incrementar el número de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social de forma progresiva, hasta alcanzar los 3000 efectivos. Y elaborar un plan de lucha contra la explotación y precariedad laboral.
- Recuperar la fortaleza de la negociación colectiva como instrumento de igualdad y de equilibrio de poder entre los trabajadores y el empresario.
En el acuerdo de investidura que alcanzó con Ciudadanos ya se planteaban propuestas similares. Algunas concreciones se materializaron en el Contrato Estable Progresivo, calificado como “tramposo” por algún experto en la materia, como Carlos Miguel Sánchez García. Suponía una menor contraprestación por despido de facto.
Siguen presentes en la propuesta socialista la recuperación de la Negociación Colectiva, la reforma del Estatuto de los Trabajadores y el aumento de inspectores de Trabajo. Esta última práctica se ha implementado en el gobierno de Canarias, aumentado los cambios de contrato, pero según la oposición del PP de Canarias, puede suponer un factor de menor contratación a medio plazo.
Podemos
Por su parte, Podemos es mucho más contundente en su programa: “Para ello, derogaremos las dos últimas reformas laborales y adoptaremos medidas que favorezcan un crecimiento suficiente de los salarios y la recuperación de su capacidad adquisitiva. También reforzaremos el papel de la negociación colectiva mediante la derogación de las medidas incluidas en la última reforma laboral, incrementaremos el salario mínimo y terminaremos con los recortes salariales en el sector público”. Pero siguiendo la línea marcada por el PSOE en ciertos aspectos de la reforma que se pretende.
- Aseguraremos el pleno cumplimiento de la normativa laboral y reduciremos el fraude en la contratación, principalmente en los contratos temporales, mediante una mayor dotación de medios y facultades a la inspección de trabajo y un mayor nivel de implicación por parte de la representación de los trabajadores
- Los contratos de obra o servicio determinado deben convertirse de manera automática en contratos indefinidos cuando su duración sea superior a un año, o cuando se concatene una sucesión de estos contratos durante dicho periodo.
Aunque confrontan duramente con los socialistas en:
- Reformaremos el despido por causas económicas, productivas, técnicas y organizativas, para lo que reforzaremos la causalidad, incluiremos la obligación de la autorización gubernamental preceptiva para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y garantizaremos la efectividad del proceso de negociación.
- Reformaremos o regularemos las relaciones de trabajo paralaborales, para lo que reconduciremos todo tipo de prácticas en empresas a contratos en prácticas o de formación, eliminaremos el contrato para emprendedores y ajustaremos la figura del trabajo autónomo económicamente dependiente en el Estatuto de los Trabajadores.
Tanto en los ERE como en los contratos de Formación o Prácticas el PSOE, PDC, PNV o Ciudadanos no convergen con los morados. De esto es consciente Rajoy y por ello quiere atraer a los socialistas a la negociación.
En el Gobierno, y en la oposición, saben que una PNL sólo es una declaración de intenciones
Rajoy ha permitido esta victoria simbólica al PSOE con la intención de asegurarse la negociación en un futuro próximo. En el Gobierno, y en la oposición, saben que una PNL sólo es una declaración de intenciones. Pero al PSOE le viene bien como cortina de humo declarar que se ha pedido la derogación de la reforma del PP para sus cuitas internas. Aunque sea falso que la aprobación de la PNL vaya a servir para algo más que sentarse a negociar. Y a Rajoy la PNL le puede servir como justificación ante su electorado y los poderes fácticos sobre la necesidad de sentarse a negociar cambios. Cambios que no transformarán por completo el actual sistema de relaciones laborales.
