Historiadores como Manu Montero, Luis Castells, Antonio Rivera, Pilar Pérez-Fuentes, Txema Portillo o Gaizka Fernández lo denunciaban hace unos días vía manifiesto y conviene extender y dar a conocer dicha denuncia tanto como cada uno de nosotros podamos, no vaya a ser que noticias tan importantes se conviertan en fugaces y hechos tan trascendentales… terminen desapareciendo perdidos entre tanto postureo político, propaganda vacua e intereses varios: en Euskadi se han destruido expedientes judiciales sobre atentados y otras actividades terroristas. Así lo expresó durante unas jornadas celebradas durante el pasado mes de marzo Carmen Alba, excoordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional. El problema de la destrucción de expedientes judiciales, ahora hecho público, lo detectó durante sus trabajos de recopilación.
Tal como se apunta en el manifiesto, “la suerte de este tipo de documentación se regula por el Real Decreto 937/2003. Las autonómicas Juntas de Expurgo son las encargadas de seleccionar los expedientes a eliminar por haber finalizado, prescrito o caducado”. Obviamente, “deben conservarse aquellos que la administración competente en materia de patrimonio cultural reclame por su valor histórico. En nuestro caso, el organismo responsable es la Junta de Expurgo de Expedientes Judiciales de Euskadi, creada en 2004. Según noticias publicadas en prensa, al año siguiente ya había destruido más de setenta toneladas de documentación de los ámbitos civil, penal, social y contencioso-administrativo. Juanfer Calderín señaló en su libro “Agujeros del sistema” (2015) que varios casos de sumarios habían sido destruidos en Euskadi. Destacaba la causa por el asesinato del periodista José María Portell por parte de ETA en 1978, que había sido eliminada el 23 de octubre de 2008. Tal documentación es irremplazable: sin ella, la investigación histórica es casi imposible”.
Por tanto, este manifiesto denuncia unos hechos extremadamente graves: la destrucción de documentos judiciales indispensables para conocer los hechos ocurridos y la historia que dejamos atrás pero debe mantenerse viva y a salvo de quienes prefieren borrar huellas incómodas, tanto para asegurar que quienes vengan por detrás conozcan la verdadera historia como para no repetir los errores cometidos.
Tal como se señala en el artículo publicado en diversos medios de comunicación, “si se eliminan masivamente expedientes judiciales generados en Euskadi durante los últimos cincuenta años, se limitará la posibilidad de hacer historia de manera rigurosa” y “se dará alas a la literatura panfletaria, la escrita por los propagandistas que no consultan ni archivos ni bibliotecas”, esa tan extendida, habitual y peligrosa.
La conclusión es clara: “si una parte de las fuentes judiciales ha sido destruida, será imposible lograr un conocimiento exacto de las páginas más oscuras de la historia reciente de Euskadi. Y se habrá privado, así, tanto a nosotros como a las generaciones futuras, del derecho a la verdad”.
¿Cómo es que ocurren estas cosas? ¿Cómo es que nuestros representantes institucionales no solo no ayudan a salvaguardar la historia de quienes pretenden manipularla o borrarla sino que incluso fomentan la destrucción de fuentes judiciales de extraordinario valor? ¿Quiénes son los responsables de tales hechos? Sin duda, es un hecho de extraordinaria gravedad y, por tanto, me uno a los historiadores firmantes para reclamar la urgente intervención de los responsables institucionales en la materia para detener la eliminación de las fuentes judiciales, así como para elaborar un catálogo completo de la documentación indebidamente suprimida. Y que todo ello sirva además para hacer Justicia.
