La infertilidad es definida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Se trata de una enfermedad del sistema reproductivo definida como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de doce meses o más de relaciones sexuales sin protección. Esta definición proviene de los múltiples efectos que genera esta situación tanto en la salud física como psicológica y social en las parejas que la sufren. Es una causa de depresión, disminuye la calidad de vida del que la padece, y tiene importantes consecuencias sociales, culturales y psicológicas, que van desde el sentimiento de culpa, miedo y aislamiento social, hasta la pérdida de dignidad e incluso la muerte por violencia y suicidio.

La esterilidad afecta aproximadamente al 15% de la población en edad reproductiva de los países occidentales, es decir, a una de cada seis parejas, y experimenta una evolución creciente.

Estamos ante un problema médico, cuya asistencia y tratamiento, según el presidente de la SEF, Federico Pérez (en la presentación del Libro Blanco Infertilidad en España: Situación Actual y Perspectivas) no se trata de un lujo o capricho fruto de la presión social, sino de una necesidad para poder dar respuesta a un trastorno o enfermedad frecuente en nuestro país” Según Pérez, hay que “desterrar la idea de que los tratamientos de reproducción asistida son extraordinariamente caros”, ya que cuestan menos que las cesáreas o la asistencia a un parto con complicaciones. En concreto, en una clínica privada el ciclo de reproducción asistida puede estar entre los 3.000 y los 8.000 euros, si hablamos de fecundación in vitro, mientras que en una pública el coste sería menor a los tres mil euros.

En este sentido, también hay que tener en cuenta que el impacto sobre la salud de las personas que sufren este problema, impacta a su vez en la economía y el gasto del sistema sanitario, pues no son poco frecuentes los casos de depresión seguidos de bajas laborales, consumo de antidepresivos, ingresos hospitalarios por ansiedad, etc. No se puede desatender a las parejas o mujeres infértiles, aproximadamente 1.000.000 en España.

Aunque la infertilidad puede tener diversas causas, y estas ser masculinas, femeninas o mixtas, es cierto que uno de los factores más importantes consiste en retrasar el momento de la procreación: nuestra sociedad moderna ha supuesto que la mujer anteponga sus necesidades de estudio, laborales, y de desarrollo profesional a las de tener hijos, por lo que es frecuente que inicien la búsqueda del embarazo después de los 35 años, momento en el que inicia el declive en la capacidad fértil. Como consecuencia han aumentado las parejas y madres solteras que necesitan tratamientos de reproducción asistida para cumplir su deseo de ser padres. En este aspecto podemos decir que el Estado es copartícipe en la situación, y por ello debería sufragar los gastos ocasionados a los afectados por este problema, ya que las posibilidades laborales, de vivienda y desarrollo profesional que se ofrecen a los jóvenes, hacen que éstos deban trabajar la mayoría de las veces como becarios durante años con escasa remuneración, y seguir completando sus estudios, hasta obtener un salario al menos suficiente para cubrir sus necesidades básicas, con el que poder plantearse la opción de tener descendencia. Ello unido a las bajas perspectivas de conciliación familiar y laboral que ofrece nuestro sistema, desalienta el hecho de comenzar a buscar descendencia a una edad biológicamente viable.

Actualmente, del número total de centros que realizan Técnicas de Reproducción Asistida en España, los centros públicos representan aproximadamente un tercio del total. Es decir, es un problema médico que se trata principalmente en clínicas privadas, con el enorme coste económico que supone para los que lo padecen.

Entre las Comunidades Autónomas existen diferencias significativas en cuanto acceso a tratamientos, personas excluidas del acceso a los mismos, listas de espera, etc. Por ejemplo, todas las CC.AA, menos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, disponen de centros públicos en los que se realizan técnicas de Inseminación Artificial y FIV/ICSI. En cambio, la Ovodonación, únicamente se practica en algunos centros públicos situados en Valencia, Madrid, Galicia, Euskadi, Canarias y Andalucía, y con fuertes limitaciones, puesto que los tratamientos con gametos donados se ven condicionadas por la disponibilidad de gametos en el centro público de referencia, bien a través del propio banco del centro o de un banco de gametos acreditado. En la práctica, se recurre a la denominada donación cruzada, que supone trasladar la responsabilidad del centro público de conseguir donantes o gametos, a los pacientes, que tienen que “buscarse la vida” para conseguir una donante, que se asignará a otra pareja (para mantener el anonimato) con la consecuencia de excluir a muchos pacientes que no pueden conseguir una donante adecuada o son incapaces de pagarle una compensación económica adecuada por las molestias. Por su parte, las clínicas privadas, están presentes en todas las comunidades y en todas ellas, con un mayor o menor número de centros ofrecen todas las opciones de tratamiento.

Se hace necesario que el Estado promulgue una Ley de armonización con el fin de homogeneizar las diferentes normativas autonómicas que producen una desigualdad en el acceso a las prestaciones relacionadas con la reproducción asistida. Es inconcebible que, por ejemplo, las ciudadanas de Ceuta y Melilla tengan que ser derivadas a hospitales de Valencia o Cádiz, y que unas mujeres estén excluidas del tratamiento en una Comunidad y sean aceptadas en otra, como en el caso de las mujeres solteras o las parejas homosexuales.

La realidad de la reproducción asistida en España, es la falta de medios materiales, estructurales y personales, para que se cubra la demanda creciente de estas técnicas. Se ha llegado al punto hace unos años, de que el Jefe de Servicio de un hospital público, el Gregorio Marañón, haya tenido que dimitir, junto a una de las ginecólogas, hartos de solicitar más medios para poder hacer frente a la demanda existente. El sistema vigente no sólo es ineficaz sino también ineficiente. Las listas de espera repercuten negativamente en el éxito de la técnica, puesto que la edad de la mujer es un factor importante en la calidad ovocitaria y embrionaria. Es decir, cuanto más se tarda en aplicar un tratamiento, peor es el pronóstico de embarazo y por tanto se aumenta la necesidad de repetirlo, con el consiguiente gasto.

Esta falta de medios públicos para estos tratamientos ha supuesto que se establezcan una serie de criterios de exclusión en la legislación de reproducción asistida, como son: el límite de edad de la mujer entre los 38 y 40 años como máximo (según la técnica), el fallo ovárico precoz, la limitación del número de ciclos, pudiendo ser un solo ciclo si el pronóstico no es bueno, etc. Ello supone que, debido a las listas de espera de dos o tres años en algunos casos, algunas mujeres que cumplen todos los requisitos para someterse a un tratamiento, cuando les llega el turno ya han cumplido los 38 o los 40 años, con lo que automáticamente quedan excluidas del tratamiento. En el caso de mujeres con fallo ovárico precoz, que en muchos casos son mujeres menores de 35 años, se las envía directamente a ovodonación, pero como la mayoría de los centros públicos no cubren este tratamiento, o no existe disponibilidad de gametos donados, también quedan excluidas de estas técnicas.

De otra parte, nos encontramos con una serie de problemas éticos que se reflejan en la legislación, e impiden avanzar en las nuevas técnicas de reproducción. Por ejemplo, ya existe la posibilidad de recomponer un óvulo dañado mediante la donación de células mitocondriales, lo que supone un aporte genético de menos de un 1% del donante al futuro embrión, pues se sustituye solo una mínima parte de su ADN. Esta técnica se ha aprobado recientemente en Reino Unido pero sólo es aplicable a determinados casos de enfermedad, pues existe un debate ético sobre la realidad de que un embrión tenga una carga genética de tres personas, siendo considerado eugenesia en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, en este mismo país se acepta la donación de óvulos que supone que el embrión lleve el 50% de los genes de un donante, en este caso no anónimo. Son contradicciones que es necesario llevar a debate e investigaciones que tienen que seguir su curso y generalizarse en la práctica de la reproducción asistida una vez se hayan descartado riesgos para la salud. El hecho de que diferentes países cuenten con distintas legislaciones, más o menos tolerantes e inclusivas, con temas como la donación de gametos, el acceso de parejas homosexuales a las técnicas de reproducción asistida, o la gestación subrogada, debe llevarnos a pensar que se hace necesario un consenso al menos a nivel europeo sobre la reproducción asistida y el derecho a la maternidad y paternidad, que pase por respetar los derechos de todos los individuos implicados y por soluciones avanzadas y satisfactorias en esta materia.

Ante estas circunstancias, se hace necesaria una actualización de la legislación sobre Reproducción Humana Asistida, que data del 2006, con el fin de adecuarla a la realidad actual, ampliando las coberturas a todos los pacientes que la necesiten, y armonizando las disposiciones de las distintas Comunidades Autónomas con el fin de evitar la desigualdad que se está generando en la práctica.

Se requieren más medios públicos para el tratamiento e investigación sobre esterilidad e infertilidad, con el fin de tratar y paliar este problema de salud que afecta a tantas mujeres y parejas, entre ellos, la inclusión de asistencia psicológica a los pacientes, que ya existe en la mayoría de las clínicas privadas, y se hace necesaria debido a los conflictos emocionales que surgen en estos casos y que afectan a la salud. Por otro lado, es igualmente importante que se dote de la información necesaria a los pacientes oncológicos y a las mujeres que tengan que aplazar su maternidad, sobre las posibilidades de ser padres con su carga genética una vez superada la enfermedad. En este sentido, el conocimiento de la posibilidad de vitrificación de óvulos y de la criopreservación de espermatozoides es esencial para este tipo de pacientes.

Nuestra cultura ejerce cierta presión sobre el concepto de la procreación, especialmente en las mujeres, lo que fomenta que este tipo de cuestiones sobre la infertilidad y los tratamientos de reproducción asistida sigan siendo un tabú. Esta situación no ayuda a las mujeres o parejas que pasan por este episodio a afrontarlo con facilidad y conlleva a aumentar más los sentimientos de frustración. Es necesario un plan de educación que incluya la materia de la reproducción asistida, para que desde el colegio se entienda el funcionamiento de estas técnicas, las posibles causas de la infertilidad, las consecuencias sobre la planificación familiar, y este tipo de problemas se puedan afrontar desde una edad más temprana, mediante diferentes posibilidades, como una mejor planificación de la maternidad o paternidad, preservación de la fertilidad mediante técnicas de crioconservación, etc.

Igualmente hay que considerar el impacto que las técnicas de reproducción asistida tienen sobre los hijos, puesto que están relacionadas con su salud y los riesgos de consanguinidad. En este sentido, no es entendible que aún no se haya puesto en marcha el Registro Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones, pendiente desde hace más de 25 años según las previsiones de la Ley 35/1988. Este instrumento serviría para que datos tan importantes como el número de nacidos hijos por donante (que está limitado por la ley), características de los donantes, datos de los receptores, etc, estuvieran controlados por el Ministerio de Sanidad y no por las clínicas privadas, que hoy día son los que manejan estos datos y voluntariamente los ceden o no a la Sociedad Española de Fertilidad, que es una asociación no dependiente del Estado. Igualmente daría garantías a los usuarios de las técnicas de que los donantes se encuentran en óptimas condiciones de salud, de que sus datos van a ser conservados en un registro oficial, y puedan estar disponibles por si en un futuro es necesario conocerlos, en caso de que surgiera algún problema de salud en los hijos nacidos fruto de donación de gametos.

No se entiende que la reproducción hoy día se haya convertido en un negocio de las clínicas privadas, y que las autoridades públicas no garanticen a los pacientes el derecho a estas técnicas mediante la dotación de medios suficientes en la sanidad pública. La maternidad o la paternidad es un derecho, y las personas que necesitan acceder a técnicas de reproducción asistida no pueden seguir sufriendo un deterioro en su economía y en su salud, porque el Estado no asuma sus responsabilidades en materia sanitaria.

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