El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en calidad de vicepresidente de la EMVS, ha presentado en la mañana de hoy, en la sede del Tribunal de Cuentas, una demanda dentro del proceso civil que este tribunal ha abierto con motivo de la venta de vivienda protegida de la EMVS al fondo de inversión FIDERE.

La demanda, por posible perjuicio económico a las arcas municipales, estará dirigida contra la alcaldesa en el momento de la venta, Ana Botella, y todos los miembros de su Junta de Gobierno, además del entonces consejero de la EMVS, Fermín Oslé. 

Tal y como José Manuel Calvo ha aclarado, lo que se reclama es una restitución del valor económico que las arcas municipales dejaron de ingresar por la venta de estos inmuebles “entendemos que como mínimo, lo que el Ayuntamiento de Madrid ha dejado de percibir asciende a 55 millones de euros. Aunque si atendemos al valor real de tasación, la cifra estaría muy por encima de esa cantidad, entre 250 o 300 millones de euros”.

Además, Calvo ha recordado que como la reclamación es “contra los particulares que en aquel momento eran los responsables de tomar esta decisión, por parte de la EMVS, el consejero delegado, y por parte de la Junta de Gobierno, la alcaldesa y todo su equipo de gobierno, la restitución patrimonial correspondería a estas personas en concreto.”

La demanda se centra en dos operaciones: Por un lado, la enajenación de 34 viviendas y 2 plazas de garaje a las sociedades Avellanar Inversiones, S.L. y Madrid Town Inversiones S.L., por un precio total de 2.072.246,32 euros y por otra parte, señala la enajenación de 18 promociones completas de vivienda protegida, (un total de 5.315 inmuebles) a las sociedades Fidere Vivienda, S.L.U. y Fidere Gestión, S.L.U. por un precio global de 128.500.000 euros.

Los fondos de la EMVS son fondos públicos, tal y como reconoce la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, el daño causado sobre los fondos de la EMVS afecta también a las cuentas públicas del Ayuntamiento, dada la vinculación absoluta que existe entre el patrimonio de ambos.

La demanda por alcance tiene como objetivo exigir responsabilidad contable a las personas que, por su participación en las dos operaciones citadas, causaron un daño cuantificable e individualizado a los fondos  públicos, puesto que las ventas de los inmuebles se realizaron por un precio muy por debajo del que hubiera sido razonable.

Esta demanda persigue que el Ayuntamiento pueda obtener el reintegro del daño que se le ha causado a las arcas públicas.

 En concreto, la demanda cita como responsable contable directo, demandado por todos los conceptos, a Fermín Oslé Uranga, Consejero Delegado de la EMVS en el momento en que se produjeron los hechos. Además, por la venta de las 18 promociones, también cita a los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, entonces. Esto es: Ana Botella Serrano, María Concepción Dancausa,  José Enrique Núñez Guijarro, Diego Sanjuanbenito Bonal, María de la Paz González García, María Dolores Navarro Ruíz, y Pedro María Corral Corral.

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

2 Comentarios

  1. Pero a alguien le importa que Ana Botella pudiera cometer una ilegalidad? Si es española con bandera al cuello. Nada, nada, puede seguir robando…

  2. Arruinar a familias hasta colocarlas al borde del abismo, y de forma ilegal y pendenciera, no es lo mismo que no sentirse español. Dónde vas a parar!

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × tres =