Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, vuelve a estar de actualidad. Después de que este diario publicase la investigación sobre la solución extrajudicial entre el Santander y los afectados del Caso Popular, se ha abierto otro frente al recomendar a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que ordene a la Tesorería General de la Seguridad Social que no embargue las prestaciones que reciben los ciudadanos. Éstas llegan en ocasiones de una sola vez y superan el salario mínimo interprofesional (SMI).
Ha sido una denuncia la que ha hecho saltar el mecanismo, al ser víctima de un embargo una ciudadana española, tras recibir de golpe en su cuenta bancaria los atrasos que se le debía de una prestación, superando así el límite del salario mínimo interprofesional.
El Defensor del Pueblo considera, en una nota de prensa, que tendría que existir un límite a los embargos, teniendo en cuenta si éstos pueden evitar que las personas cubran sus necesidades básicas.
Tal y como recuerda el Defensor del Pueblo, los beneficiarios de las ayudas de la Seguridad Social normalmente tiene que afrontar los gastos de luz, agua, manutención y vivienda; realizar un embargo de estas ayudas supone por tanto desvirtuar la razón de la propia ayuda. La sugerencia de Francisco Fernández Marugán es la de devolver la prestación a la ciudadana afectada por el embargo, especialmente si se prueba que recibió todas las ayudas de una vez, y que además se trató de su único ingreso en ese tiempo.
