La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo para solicitar su intervención en la renovación del título nobiliario del Ducado de Franco con el que el 26 de noviembre de 1976 Juan Carlos de Borbón reconoció los méritos de la hija del dictador Francisco Franco para ostentar un título nobiliario como reconocimiento.
Según la ARMH la tramitación de la sucesión del ducado por parte del Ministerio de Justicia atenta contra el honor de las víctimas de la dictadura franquista y supone la participación en un gesto de enaltecimiento de la dictadura y de la corrupción, el saqueo y la agresión a los Derechos Humanos que encabezó el dictador Francisco Franco.
En su respuesta el Defensor del Pueblo asegura no tener competencias para llevar a cabo ningún tipo de actuación y dirige a la ARMH hacia la Corona, que es quien puede detener la sucesión del título. En su escrito el Defensor del Pueblo asegura que:
“Dicha facultad de otorgamiento (o supresión de un título) se ejerce por el Rey y se materializa a través de una Real Carta, que surte efectos frente a terceros una vez que se publica en el Boletín Oficial del Estado el correspondiente Real Decreto. Como el resto de las atribuciones que ostenta la Corona y que le han sido atribuidas a la Jefatura del Estado por nuestra vigente Constitución, la supervisión de su ejercicio queda fuera del ámbito de competencias que esta institución tiene asignadas, por lo que no resulta posible intervenir en el asunto planteado en su queja conforme al marco competencial que tiene atribuido el Defensor del Pueblo y que ha quedado más arriba descrito”.
La ARMH va a continuar con sus denuncias de un hecho que enaltece a la dictadura con la colaboración de la administración pública de una democracia. Ya lo ha hecho ante la Fiscalía General del Estado, que archivó el caso. Ante la Oficina del Defensor del Pueblo, que ha hecho lo mismo; y lo seguirá haciendo en busca de un acto de justicia, defensa de los Derechos Humanos y de un trato digno por parte de las instituciones del Estado hacia las víctimas del dictador.
