Tras años de luchas del Defensor del Pueblo, el gobierno ha escuchado las peticiones que este tiene en torno a las altas tarifas de luz que pagan los españoles y la vulnerabilidad de muchas familias, que en temporadas clave como verano e invierno se ven con el suministro interrumpido por impago.

Así, el pasado viernes, el Consejo de Ministros estableció la renta como criterio para acceder al bono social, que no es más que una ayuda para aquellos que se encuentren en situación de indefensión y no puedan costearse la factura de la luz.

Además de este bono social, se contempla la situación donde no se corte el suministro por impago sin antes verificar con los servicios sociales la posible situación de vulnerabilidad de los consumidores afectados.

Para el Defensor del pueblo este paso es importante, ya que se lleva años recomendando entablar unas relaciones sanas y comunicativas entre el oligopolio de las eléctricas y los servicios sociales. Además Francisco Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo ha hecho otras recomendaciones al gobierno como apoyar la protección de colectivos susceptiblemente más vulnerables.

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