El espinoso tema de la ausencia de una climatización adecuada en la inmensa mayoría de los colegios públicos de Andalucía se le atraganta al Gobierno de Susana Díaz, más aún después de las polémicas declaraciones de la titular del ramo, Adelaida de la Calle, tras asegurar que el aire acondicionado “no es idóneo” pese a constatarse aulas donde se superan estos días los 30 grados con facilidad. A esto se suma la reprimenda que el Defensor del Pueblo Andaluz ha hecho llegar a la Administración andaluza tras la reclamación de las asociaciones de madres y padres (AMPA), casi un centenar en la provincia de Sevilla, movilizadas para conseguir una adecuada climatización aunque sea costeándolas de su bolsillo, como así lo han intentado infructuosamente en las últimas semanas.

En un escrito remitido por la Adjunta al Defensor del Pueblo Andaluz, María Juana Pérez Oller, al presidente del AMPA del colegio público Joaquín Turina, asegura que esta institución no puede “admitir que la única respuesta posible sea la de que nada se puede hacer porque no existe previsión en la norma relativa a la colocación de sistemas de refrigeración” en los colegios públicos de Andalucía, más de 2.000 de Infantil y Primaria.

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han reclamado información sobre las condiciones concretas de este citado colegio para comprobar de qué modo se pueden implementar “medidas que palíen los efectos de las altas temperaturas que se soportan en las instalaciones”.

“No podemos admitir que la única respuesta sea la de que nada se puede hacer”, lamenta el Defensor andaluz

Hasta este momento, y pese a las protestas de numerosos colegios, la Junta de Andalucía ha actuado con una notable pasividad, dejando correr los días para que con la llegada del fin de curso en apenas dos semanas este problema crónico se vuelva a olvidar hasta retomarse de nuevo en los primeros meses del próximo. Esta táctica de dilación ha sido precisamente la que el Defensor del Pueblo Andaluz ha afeado al Gobierno de Susana Díaz.

Lo más curioso de este asunto es que mientras a unos colegios se les prohíbe cualquier tipo de iniciativas unilaterales costeadas por los propios padres, en otros centros públicos se han podido colocar sin problemas sistemas de refrigeración que sirven para paliar entre los escolares los efectos de las altas temperaturas, ya que hay aulas donde se pueden alcanzar perfectamente más de 30 grados en las horas lectivas.

La arbitrariedad y la falta de un criterio unificador son absolutas en este asunto mientras las administraciones local y autonómica se cruzan las responsabilidades del tema, ya que la titularidad de los edificios es de los ayuntamientos aunque las competencias en educación son de la Junta.

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