Ante la inoperancia en la práctica de la Comisión del Pacto de Toledo y las propuestas extemporáneas que se vienen dando, exigimos el compromiso de un debate profundo a corto plazo sobre el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social, con la participación necesaria de las organizaciones que representen a trabajadores y pensionistas, como paso previo al desarrollo de una legislación que garantice el sostenimiento de un Sistema Público de Pensiones que contemple tanto el mantenimiento real del poder adquisitivo de los jubilados como la corrección del impacto negativo que la actual precariedad laboral tendrá sobre el importe de las pensiones futuras – a menor cotización, menor pensión -.

Las Autoridades insisten y presumen que el Sistema de Pensiones Español es uno de los mejores de Europa. Citan la llamada “tasa de reemplazo” (relación entre la pensión y el último salario percibido), pero NO CITAN que el salario mínimo en España está muy por debajo del de los franceses, belgas, holandeses, alemanes e italianos.

La crisis de la Seguridad Social no solo ha sido como consecuencia de la profunda recesión económica desde el año 2008, sino por la falta de voluntad y decisión política para enfrentar la situación. El Gobierno del Partido Popular mantuvo paralizado el Pacto de Toledo en los momentos más críticos para nuestro Sistema de Seguridad Social.

En las reformas de 2011 y de 2013 se despreciaron por completo políticas que aumentaran los ingresos. Las reformas efectuadas han sido regresivas:

  • Aumento del número mínimo de años cotizados para acceder a la jubilación anticipada.
  • Necesidad de más años cotizados para las mismas penalizaciones, tanto por insuficiente carrera de cotización como por adelanto de la edad de jubilación.
  • Disminución de la pensión máxima para las jubilaciones anticipadas.
  • Aumento progresivo de la edad ordinaria de jubilación hasta los 67 años.
  • Aplicación del factor de sostenibilidad que reducía el importe de la pensión.
  • Recorte de las pensiones nuevas para idénticas carreras de cotización.
  • Pérdida importante, acumulada y vitalicia del poder adquisitivo de los pensionistas.

Por todo lo expuesto, se deberían derogar las últimas reformas del Sistema Público de Pensiones.

Tanto la Sanidad como la Educación, por poner solo dos ejemplos, se financian vía impuesto a través de los Presupuestos Generales mientras que las Pensiones se efectúa exclusivamente a través de las cotizaciones sociales, actualmente, claramente insuficientes.

No debería por lo tanto, existir ningún problema para financiarlas o complementarlas con impuestos.

Hacemos algunas aportaciones, para que su posible aplicación pueda generar los necesarios y suficientes recursos para reflotar el Sistema:

  • Efectuar una reforma fiscal que iguale la carga impositiva media europea.
  • Las empresas deberían contribuir en el país donde se producen sus beneficios.
  • Introducir un sistema impositivo que grave (inversamente proporcional a su amortización) a los automatismos y tecnologías, cada vez más frecuentes, que sustituyen la intervención humana directa en los procesos de producción que tienen como objetivo el beneficio empresarial.
  • Eliminación del límite de cotización máxima.
  • Eliminar bonificaciones a la Seguridad Social y exenciones a las empresas.
  • Los Presupuestos Generales del Estado, han de asumir los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, del mismo modo como ocurre con el resto de ministerios.

Defensa del sistema público de pensiones (III)

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