Fernando Martínez Maíllo, el vicesecretario de Organización del Partido Popular, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, ha declarado que «Ahora no sólo le van a decir que no a Rajoy, le van a decir no al Rey». Por tanto, el Partido Popular piensa que el hecho de que el resto de partidos que no van a apoyar a Mariano Rajoy en la investidura es lo mismo que si despreciaran la voluntad del Jefe del Estado. Esto es muy grave, señores lectores, muy grave, aunque no debería sorprendernos teniendo en cuenta el historial de desprecio hacia nuestras instituciones y hacia nuestras leyes que el PP tiene en su haber.

Hay que tener en cuenta un hecho que es capital: el origen político del Partido Popular. Por mucho que quieran vender a los ciudadanos que ellos representan el «centrismo» de UCD, los orígenes políticos del PP se encuentran en la Alianza Popular que fundó Manuel Fraga junto con ex ministros franquistas: Cruz Martínez Esteruelas, Federico Silva Muñoz, Licinio de la Fuente, Laureano López Rodó, Enrique Thomas de Carranza y Gonzalo Fernández de la Mora. Los «siete magníficos» se les llamó en la época. En sus actos fundacionales y en las comparecencias de prensa de presentación de Alianza Popular, Fraga dejó muy claro que ellos representaban a sectores del franquismo que, de no haber existido Alianza Popular, podrían buscar soluciones en la extrema derecha. Muchos dirigentes de AP se opusieron a la Constitución y pidieron el voto negativo en el referéndum. José María Aznar fue uno de ellos, como se puede ver en las hemerotecas. El actual Partido Popular afirma sin rubor que ellos son herederos de la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, cosa que es mentira, ya que UCD nació del Partido Popular fundado por José María de Areilza y por Pío Cabanillas y que nada tenía que ver con la Alianza Popular de Fraga. Por tanto, el origen del PP se encuentra en lo que en la Transición se llamó «franquismo sociológico» y, como tal, lo demuestran en su modo de gobernar y en su modo de entender el respeto por el Estado de Derecho y de las instituciones democráticas.

Esta falta de respeto la hemos visto en tantas ocasiones en que el PP ha gobernado el país, las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos que ya nos parece casi normal, cuando no debería serlo. El modo de gobernar en las legislaturas en que han tenido mayoría absoluta en el Parlamento se acerca más al autoritarismo que a otra cosa. Han pervertido la separación de poderes convirtiendo las Cortes en un mero notario de lo que dictaba el Gobierno, es decir, que el Poder Legislativo estaba al servicio del Poder Ejecutivo cuando, en realidad, debería ser al revés. Han aprobado leyes y reformas que iban en contra de las necesidades y los intereses reales de los españoles para favorecer a las élites que les sustentan del mismo modo en que Franco lo hizo en los casi cuarenta años de dictadura. Han derogado de facto libertades que en cualquier Estado democrático son indiscutibles con la Ley Mordaza o con la persecución a la libertad sindical. Han aprobado leyes y reformas que se están demostrando día a día que son inconstitucionales. Han creado una red clientelar de corrupción en todas las instituciones que han gobernado, del mismo modo en que Franco permitía la corrupción para tener contentos a quienes podían ser sus adversarios. El último ejemplo lo tenemos en las tasas judiciales de Gallardón, pero hay muchos más. Implementaron un régimen de dictadura parlamentaria con la aplicación del famoso «rodillo».

El último caso de «ciscarse en la Constitución» lo vimos con el modo en que quiere Mariano Rajoy su investidura, aceptando el encargo del Jefe del Estado pero condicionando la celebración de la Sesión de Investidura a si tiene o no tiene los apoyos suficientes de los grupos parlamentarios. Realmente, el Partido Popular no se ha enterado aún de que la situación ha cambiado y que lo que ellos pretenden, una investidura a cambio de nada, es imposible porque nadie quiere subirse a un barco que tiene la línea de flotación podrida, que es el responsable principal de la crisis social que hay en este país. El PP quiere la sumisión total de sus adversarios políticos y que le apoyen para continuar gobernando del mismo modo en que lo han hecho siempre: imponiendo y matando el consenso. Si Rajoy ha aceptado el encargo del Jefe del Estado tendrá que asumir esa responsabilidad y no esperar a que el Parlamento le aclame.

Lo afirmado por Fernández Maíllo es un reflejo de ese sentimiento de posesión del poder por la gracia de Dios. Afirmar que decir «no» a la investidura a Rajoy es decir «no» al Jefe del Estado es pretender que el Congreso actúe como lo hacían las Cortes franquistas en las que votar «no» a cualquier medida que se planteara era decirle «no» a Franco. ¿No estamos en la misma situación que en marzo cuando Pedro Sánchez se presentó a la investidura? ¿Acaso entonces el «no» de Rajoy no fue decirle «no» a Felipe de Borbón? Evidentemente, para la mentalidad «pepera» el caso no es el mismo, entonces sí que se podía rechazar la investidura del secretario general socialista.

Votar «no» a Rajoy no es despreciar al Jefe del Estado. Votar «no» a Rajoy es ser coherente con el propio sistema democrático.

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