La próxima campaña electoral está suscitando controversias entre los distintos partidos políticos. No es para menos, pues los costes -que ascienden a más de ciento cincuenta millones de euros de dinero público- resultan cuestionables cuando hace cuatro meses tuvimos las últimas elecciones.

Felipe de Borbón hizo un llamamiento a la austeridad, con especial hincapié en “no marear” a los votantes en esta convocatoria. Más o menos en esta misma línea se manifestaba el Ministro de Justicia, Catalá, recomendando acortar la duración de la campaña, como si esa fuera la única manera de recortar gastos.

Todas las formaciones coinciden en que es necesario ajustar los costes pero resulta sorprendente cómo algunos han confundido “ahorrar en gastos” con “ahorrar en derechos”. Y es que una cosa es prescindir de carteles, banderolas y propaganda en los buzones y otra muy diferente prescindir de la posibilidad de información, debates y acceso de la ciudadanía a las propuestas de cada formación política.

Llama la atención esa actitud casi paternalista por parte del monarca y de algunos dirigentes -sobre todo del Partido Popular- que parecen preocuparse por nuestro “cansancio” o “saturación”. Como si no pudiéramos elegir libremente consumir o no la información; más valdría que se preocupen por aportar soluciones mucho más necesarias al panorama social tan lamentable (ése sí que nos tiene saturados y agotados).

Durante estos días el debate más reciente está siendo, valga la redundancia, sobre la celebración de un debate entre los líderes de las formaciones políticas. La controversia está de nuevo sobre la mesa: principalmente el conflicto versa sobre los participantes. Esta vez PSOE, Ciudadanos y Podemos coinciden en que no participarán en ningún encuentro si el candidato del Partido Popular rehúsa acudir -como ya sucedió en la anterior convocatoria-. Anuncian que no consentirán un “cara a cara” con atriles vacíos ni con rivales que no estén al mismo nivel (entiéndase “nivel” en cuanto a rango en la candidatura se refiere).

Rajoy, por su parte, ha señalado que “esta boca no es mía” y que no tiene un criterio al respecto porque en estas cuestiones él depende de lo que le diga su comité de campaña. Pero ha dejado claro también que para él eso de debatir es un fastidio; que entiende la necesidad de confrontar ideas durante la campaña, que es necesario en democracia, pero que le cuesta mucho esfuerzo, que es muy complicado.

Que un debate le plantee sufrimiento al principal responsable del país es, por decirlo suavemente, curioso. Que resulte más una obligación que un disfrute, sin duda supone un retrato que plasma a la perfección esa consideración de la democracia que tienen los que nos desgobiernan desde hace cuatro años. Es comprensible que para quien entender su propia letra supone ya un problema, sea otro mucho mayor entender los argumentos de los demás. Se ve que la democracia le cuesta a Rajoy y los suyos. A la vista está su no comparecencia durante el mandato en funciones, atentando seriamente contra cualquier principio que sostiene nuestro Estado Democrático y de Derecho. Aunque se hayan dado cuenta tarde el resto de líderes políticos, es de agradecer que no transijan con esta actitud, aunque no estoy del todo segura si la alternativa -no celebrar el encuentro- es realmente la mejor, puesto que finalmente Rajoy se ahorra el esfuerzo sobre humano de participar donde no quiere hacerlo (puede que alguno también salga beneficiado de no enfrentarse a los demás), y los que finalmente quedamos “in albis” somos los de siempre, los votantes.

Un debate en política es siempre una oportunidad para defender el proyecto propio, para explicar las ideas, para intentar demostrar que tus argumentos (los de tu partido) son más solventes que los de los demás. Es sin duda un disfrute para quien entiende que del diálogo se nutren tanto los que intercambian puntos de vista como quienes contemplan el encuentro.

Se han presentado ofertas de prácticamente todas las cadenas de televisión, radios, periódicos y alguna Universidad para organizar el debate.

Desde mi punto de vista, comparto que la celebración de un hecho fundamental para la democracia de un país conlleve réditos para una empresa privada. Estas cuestiones deberían ser patrimonio exclusivo de la radio-televisión pública, contando siempre con criterios de absoluto equilibrio, rigor y ética periodística. Nada debería interferir -ni si quiera potencialmente- en cuestiones tan importantes como esta (ni anuncios publicitarios, ni búsqueda de audiencia, ni nada que -aunque fuera remotamente- pudiera desequilibrar de alguna manera a los púgiles).

Televisión Española ya ha confirmado la propuesta del debate a cuatro (al que acudirían las opciones más votadas en las pasadas elecciones), y otro debate a siete (donde estarían presentes las opciones que tuvieron acceso al Congreso). Igualmente se anuncian entrevistas y espacios tasados para presentar los programas de las diferentes formaciones.

Siendo esto lo adecuado y necesario, me inclino porque se profundice todavía más: programas informativos sobre el funcionamiento de la Ley Electoral, formatos en los que queden realmente contrastadas las distintas propuestas sobre las cuestiones fundamentales, y (aún corriendo el riesgo de aburrirnos o saturarnos, para desvelo de Felipe), la posibilidad de que hubiera más de un debate. ¿Podría nuestra democracia soportar diferentes debates, en distintos días, planteados por bloques temáticos para profundizar al máximo en las diferentes áreas de especial relevancia para el pueblo español?. ¿Es pedir demasiado? ¿Le supondría a Rajoy un colapso?

Estaremos de acuerdo en que no es lo mismo invertir en información para todos que en carteles que inunden las calles con la cara de los líderes. Se trata de elegir a quienes han de conducir los asuntos de Estado, no de un anuncio de colonia.

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