La Udef no acaba de encontrar las pruebas que verifiquen que altos funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Dinero recibieron dinero a cambio de conceder permisos para poder operar. La Fiscalía les ha dado de plazo seis meses. Si no, se cerrará la “operación Parqué”

Hace un año comenzó esta operación cuando tres supuestos perjudicados por decisiones de la CNMV en su contra pusieron una denuncia en la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía. A partir de ahí comenzaron a investigarse la comisión de posibles delitos de prevaricación y cohecho.

Uno de los denunciantes es la gestora de carteras Vetusta. Su propietario alega que la CNMV le retiró la licencia antes de que se agotase la fase de alegaciones a unas supuestas irregularidades que se habían detectado en 2007. Por su parte, Dracon Partners, empresa de asesoramiento financiero, EAFI, perdió, también, su autorización después de que el regulador detectara irregularidades. El tercer denunciante es muy conocido. José María Castillejo, principal accionista de Zinkia, la firma que creó la serie de dibujos animados Pocoyo, dice que “decisiones irregulares de la CNMV le forzaron a presentar concurso de acreedores”, un proceso en el que acabó perdiendo el control de la empresa.

Las denuncias habrían acabado, ya, en el archivo de no ser porque apareció una testigo, ahora protegida, perteneciente a la unidad de inspección del organismo regulador. Dicha testigo asegura haber recibido presiones de sus superiores para que, al menos en el caso de Vetusta y Dracon, los expedientes se resolvieran con la pérdida de licencia.

Lo peor del caso es que lo que podría ser una prevaricación con perjuicio a terceros, puede convertirse en cohecho al investigarse la posible entrega de dinero a las firmas que se quedaron con las licencias de las que fueron cerradas. Además, está el testimonio de la propietaria de Dracon que dice haber entregado una importante suma de dinero a una colaboradora suya que, finalmente, acabó en los bolsillos de altos directivos de la CNMV.

En total son siete los directivos cuyo patrimonio ha sido investigado. Entre ellos, el ex director general de Entidades del organismo, Antonio Carrascosa, actual consejero ejecutivo del Mecanismo Único de Regulación del Banco Central Europeo,  y Antonio Moreno, actual director del Departamento de Autorización y Registro de Entidades del supervisor. Hasta el momento, el rastreo de sus patrimonios ha dado resultados negativos.

Se van a seguir investigando a otros cargos directivos de la CNMV. Al menos hasta noviembre. Pero si no se encuentran indicios de que ha habido sobornos o de que alguien en el organismo regulador ha recibido dinero a cambio de “favores”, el caso se cerrará.

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