La macrofiltración de los papeles del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca ha levantado una ola de indignación que, como ha venido sucediendo con otras anteriores, producirá una leve oscilación sobre las arenas de la playa sin mayores consecuencias. Son las ventajas de la delincuencia de Estado y de quienes se suman a ella, que conocen perfectamente el límite de la línea de costa que resultará afectado por la pleamar, de forma que colocan siempre sus enseres fuera del alcance del agua.

Cierto que se están generando movimientos mediáticos y ciudadanos que apuntan a la exigencia de explicaciones a quienes aparecen como destacados beneficiarios de este paradisíaco entramado de empresas, cuyo fin último no era otro que el de eludir obligaciones fiscales; detrás suyo asoman personajes que circulan por carreteras, utilizan aeropuertos, requieren atención sanitaria, o demandan cualesquiera otros de los servicios públicos que se sostienen con los impuestos que paga el conjunto de la ciudadanía. Esto es, que mientras mantienen a buen recaudo sus millonarias cuentas lejos del control de la Hacienda redistribuidora, usan y abusan de prestaciones que graciosamente les regalamos ese resto de contribuyentes que ni aparecemos en las páginas del Hola, ni somos requeridos para apadrinar mercadillos solidarios, ni encabezamos meritorios eventos deportivos vinculados a causas benéficas. Sepulcros blanqueados, puede leerse en algunos textos.

Seguro que en Islandia la indignación y la justicia irán de la mano, y que la primera llegará allí donde no consiga alcanzar la segunda. Aquí no. Aquí la indignación no irá mucho más allá de líneas como éstas, que darán paso a la frustración y a la melancolía, como ocurrirá con el activismo virtual, e incluso con las buenas intenciones de jueces, fiscales e inspectores de hacienda que acabarán estrellándose contra el muro del secreto bancario y de la diplomacia de encubrimiento.

¿Y por qué tan desoladora conclusión? Pues verán, la categoría de un defraudador no se acrecienta en función de la distancia, y lo que hoy se desvela con gran aparato en Panamá es lo que llevamos viendo desde hace años en Génova, y aceptándolo con insólita naturalidad. Y si no repasen algunos de los nombres, genoveses de origen, que han buscado refugio en las cálidas aguas del Caribe y del Pacífico: Ignacio González (ático mediante), Francisco Correa (el gran financiador), Noós (el cuarteto Urdangarin-Matas-Camps-Barberá), Luis Bárcenas (¡sé fuerte!), Gómez de la Serna y Arístegui (con Trillo y Pujalte, dechados de diplomacia mediadora verbal), o el mismísimo Arias Cañete (la compatibilidad familiar hecha arte, del negocio privado con la responsabilidad pública).

Si vamos tragando con la doble imputación por delito fiscal del partido político que sustenta al Gobierno en funciones, si nos parece asumible el borrado de pruebas a martillazos, si la simulación y el diferido no nos escandalizan, si los Jaguar, los áticos de lujo o los Louis Vouiton pueden ser admitidos como sencilla muestra de una sana amistad, si el pitufeo mediante billetes de quinientos no es sino prueba de una generosidad mutua entre los afiliados y la organización… Vamos, si hasta nos puede resultar enternecedor que los de Ikea o los fontaneros vayan dejando maletines con millones de euros encima de los armarios de las casas que visitan, ¿creen ustedes de verdad que puede ocurrir en Panamá lo que no ocurrió en Génova?

1 COMENTARIO

  1. Creo que podrías haber completado el análisis con alguna referencia a Andalucía y los ERE. Entiendo que para ti no sea importante o preocupante el caso pero, créeme, para miles de andaluces sí.

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