Refiero a continuación, denominación y definición usual del término discapacitados: “Ciudadanos que sufren de manera permanente o temporal, de manera congénita o sobrevenida, algún tipo de diversidad funcional, movilidad reducida o capacidades cognitivas especiales”.
Refiero también a continuación, no por definición usual, sino por intencionada voluntad, el término incapaces: “Resto de ciudadanos, mayormente de la clase política dirigente que en las cuatro últimas décadas no han sabido aplicar las medidas legislativas necesarias para que más de cuatro millones de españoles abandonen su calidad de ciudadanos de segunda clase”.
Fijados antecedentes, me refiero de manera solemne a lo manifestado por la Asamblea General de la ONU el día 21 de Octubre de éste mismo año, en el sentido de recordar que en 1992 proclamó el día 3 de Diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad, haciendo al mismo tiempo un llamamiento a los estados miembros para que destacaran la celebración del día, con miras a fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidad. Así, este Día Internacional brinda una oportunidad única para promover actividades encaminadas a lograr el disfrute pleno y en igualdad de oportunidades de los derechos humanos y la participación en la sociedad de las personas con discapacidad, según lo establecido en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982.
Creo que acabo de desperdiciar un cuarto de folio en transcribir una parrafada que a tenor de los resultados obtenidos en la materia después de casi 35 años, cuando menos debe provocar sonrojo y llegado el caso incluso indignación.
Frente a recortes producidos en los recursos dedicados al Sistema Nacional de Dependencia de más de 2.000 millones de euros y frente al incumplimiento de co-financiación por parte de la administración central que ha dejado de aportar solo en Andalucía 508 millones de euros en los cuatro últimos años; urge la elaboración de una Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad que recoja la creación de una Secretaría General de la Diversidad Funcional y atención a la Dependencia. Punto fundamental de la pretendida ley debe de ser un claro apoyo integral a la figura del cuidador familiar y a las condiciones laborales del mismo.
De la misma manera requiere de la más absoluta prioridad la promoción de un Pacto de Estado por los Servicios Sociales dialogado y consensuado con las CCAA en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible, mejorando su financiación en el ámbito de un nuevo modelo de financiación autonómica, siempre asegurando que los recursos económicos utilizados sean suficientes, equitativos y de calidad.
Dotar de agilidad instrumental las implementaciones legales pretendidas implica también de forma ineludible conferir carácter Legislativo y Permanente a la actual Comisión Parlamentaria de Políticas Integrales para la Discapacidad.
Manifestaciones bien intencionadas aparte, se presentan sentimientos mucho más inmediatos, ligados siempre a condiciones primarias del ser humano. Nuestros conciudadanos “discapacitados” deberían de estar exentos de luchar y reivindicar su integración en el mundo de los que no padecemos su condición especial.
Deberíamos de ser nosotros, el “resto”, los que en atención a personas con evidentes desventajas en su vida cotidiana, los que sin dilación, sin condicionantes socioeconómicos y por supuesto sin buscar ventajismos políticos, los que de una vez por todas nos pongamos a trabajar para que se produzca en los discapacitados una plena inclusión social en todos los ámbitos de la vida, en igualdad de oportunidades y en igualdad de derechos, reales y efectivos.
