La polémica creación de una mina de Uranio en un paraje natural transfronterizo con Portugal de la provincia de Salamanca, tras años de oposición de la plataforma Stop Uranio, y con movilizaciones tanto en el país vecino como en España por las graves consecuencias medioambientales que sufriría la comarca, está a punto de irse al traste. Parece que la batalla de David contra Goliat la gana la plataforma Stop Uranio tras descartar el Gobierno de Sánchez autorizar los permisos para su puesta en marcha.
Técnicos de la Diputación Provincial de Salamanca que desaconsejan la concesión de la Licencia Urbanística
Desde que en octubre de 2013 se aprobara la declaración de impacto ambiental para una mina de uranio en Salamanca, los conflictos que rodean al proyecto no han dejado de crecer. El Partido Popular, que por aquel entonces mantenía el apoyo intacto de sus votantes durante más de tres décadas al frente del Gobierno regional, no calculó la oposición que generaría la posibilidad de instalar la mayor mina y planta de concentrado de Europa en torno a un mineral potencialmente radiactivo para la región y sus alrededores.
El PP, con el actual alcalde de Salamanca -Alfonso Fernández Mañueco- y aspirante a presidir la Junta de Castilla y León a partir de las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, se arrojó en los brazos de la multinacional australiana sin importar el impacto negativo que la mina de uranio tendría para la comarca y que podría llegar incluso a afectar a zonas colindantes de Portugal.
Mientras, con ayuda de Fernández-Mañueco, la empresa a través de una intensa y costosa campaña de publicidad ha comprado a la mayor parte de los medios de comunicación de Salamanca para que apoyen la iniciativa y evitar mayor oposición ciudadana.
Pero las cosas le han salido mal una vez más al alcalde de Salamanca -que ya sólo piensa en regir los destinos de Castilla y León con una ambición política sin límites caiga quien caiga- tras anunciar el Gobierno de Pedro Sánchez que no dará los permisos oportunos.
Informe técnico
Además, La Plataforma Stop Uranio ha tenido acceso al informe emitido por técnicos de la Diputación Provincial de Salamanca en el que desaconsejan la concesión de la Licencia Urbanística necesaria para el comienzo de las obras de la mina y planta de Retorcido. Dicha licencia debe ser otorgada por el ayuntamiento de esa localidad, que como es sabido ha carecido de Secretario municipal buena parte de los años 2017 y 2018 por haber renunciado al puesto las personas que lo han ocupado transitoriamente.
Ante la falta de Secretario municipal el ayuntamiento de Retortillo solicitó informe al Servicio Jurídico de asistencia municipios de la Diputación Provincial, el cual determina que no debe otorgarse la licencia solicitada por Berkeley en julio de 2016 en base a dos argumentos.
El primero está referido a que las instalaciones previstas en Retortillo ocupan parte de la carretera SA-322 que es propiedad de la Diputación de Salamanca. Se trata, por tanto, de un bien de dominio público y para proceder a su desafectación se debiera haber construido la variante anunciada por la empresa minera, pero eso no ha ocurrido porque Berkeley no se ha hecho con la propiedad de todas las parcelas afectadas y desistió del procedimiento de expropiación de las que sus dueños no le han querido vender amistosamente.
El segundo es porque la empresa minera no ha presentado un proyecto firmado y visado de todas las instalaciones que pretende construir en Retortillo, únicamente lo ha hecho de los edificios administrativos.
Berkeley sabe que no puede obtener la Licencia Urbanística sin la propiedad de los terrenos y a pesar de ello señalaba en un comunicado reciente que «la documentación está en regla y se trata tan solo de un mero trámite burocrático«.
La empresa ha mantenido parada en la zona la maquinaria que realizó ilegalmente el desvío de la carretera en los terrenos de su propiedad, acción por la que tiene pendiente un expediente sancionador del ayuntamiento de Retortillo, hasta que finalmente esas máquinas han desaparecido de las fincas circundantes a la carretera.
“Ahora sabemos que no sólo tiene pendiente de obtener la autorización de construcción de la planta de tratamiento de uranio por parte del Ministerio para la Transición Ecológica”, explica en un comunicado Stop Uranio, “procedimiento suspendido hasta que informe el Consejo de Seguridad Nuclear, sino que la Licencia Urbanística del Ayuntamiento de Retortillo no la podrá obtener hasta que no ejecute la variante de la carretera comarcal SA-322 a la que se oponen distintos propietarios afectados”.
El descalabro bursátil de la empresa Berkeley era más que previsible ante la falta de rigor de unos directivos que han mantenido una versión de su negocio minero alejada de la realidad.
