Sin haber dejado un solo día de oficiar misa y otros actos litúrgicos amparado por el Obispado de Córdoba desde que está imputado por un presunto delito de abusos sexuales continuados sobre una niña de diez años, Ignacio Mora, de unos 50 años de edad y actual párroco de la localidad cordobesa de Espiel, se sienta este jueves en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba. El fiscal le pide seis años de prisión y diez años de alejamiento mientras su defensa solicita su absolución.
Los hechos denunciados se remontan a enero de 2015, cuando la buena relación que el imputado mantenía con la familia de la víctima, que ejercía de monaguilla en la parroquia de Villanueva del Duque, facilitó los encuentros entre presunto agresor y su víctima. Este municipio se encuentra a tan solo 35 kilómetros de distancia de Espiel, donde está destinado desde el verano de 2015 tras ser imputado por los presuntos abusos. Mora había llegado a Villanueva del Duque tres años atrás y los padres de la menor denunciaron los hechos a la justicia en abril de 2015.
El relato de acusación del fiscal apunta que
el denunciado, aprovechando la relación de superioridad que tenía sobre la menor, “no solo por la edad, sino también por la estrecha relación que tenía con sus padres y sobre todo del hecho de ser también sacerdote al que ayudaba como monaguilla”, se produjeron varios encuentros entre presunto agresor y víctima en los que el párroco presuntamente le realizaba tocamientos “con intención de satisfacer sus deseos sexuales”.
El Obispado trasladó al acusado meses después de la denuncia a otro pueblo a 35 kilómetros de distancia
Tras prestar declaración y manifestar su inocencia, un juez impuso una orden de alejamiento al denunciado de la iglesia de San Mateo de Villanueva del Duque donde presuntamente se produjeron los abusos. El Obispado de Córdoba, lejos de apartar de sus funciones al párroco señalado por estos graves delitos, lo trasladó casi inmediatamente desde Villanueva del Duque a una población muy próxima, Espiel, de unos 2.500 habitantes, donde algunos de sus vecinos reconocen que “se encuentra perfectamente integrado”. Ambas localidades están a unos 35 kilómetros de distancia.
El Obispado de Córdoba, que asegura haber ofrecido una “plena colaboración a la justicia” desde que saltara el caso a la opinión pública, no explica por qué ha optado por mantenerlo en su puesto de párroco en un municipio muy próximo pese a que también tiene abierto un expediente en el propio Obispado, donde también se investigan canónicamente los hechos denunciados en la vía judicial, sin que hasta el momento hayan trascendido sus conclusiones.
Fuentes del Obispado cordobés dicen desconocer “los detalles” de este caso aunque añaden que “la Iglesia tiene mucho interés en defender, proteger y salvaguardar todos los derechos de los menores y establece el criterio de tolerancia cero para los casos de abusos”. Estas declaraciones de la Diócesis de Córdoba van en consonancia en teoría con el criterio de “tolerancia cero” contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia auspiciado por el papa Francisco desde que asumiera el mando, aunque en la práctica siguen manteniendo una estrategia oscurantista y poco transparente de un caso que ha causado un fuerte impacto entre los vecinos de ambas localidades afectadas.
El cura ahora enjuiciado por abusos sexuales continuados tiene antecedentes penales por otro motivo bien distinto. Con apenas 21 años fue condenado por la Audiencia de Barcelona, y ratificada la sentencia después por el Supremo, por un delito de atentado contra el gobernador civil de Barcelona en 1989, cuando pertenecía al grupo ultraderechista Milicia Catalana. Un paquete bomba desactivado por los Tedax evitó el asesinato del gobernador.
