El cupo vasco, centro de todas las miradas esta semana, es la cuantía que paga anualmente el País Vasco al Estado para financiar todos los servicios que están centralizados pero de los que también se benefician los ciudadanos vascos, que técnicamente se denomina cargas no asumidas. Como Euskadi recauda sus propios impuestos, tiene que pagar luego su parte de los servicios centralizados.

Para calcular la cantidad, se estima el gasto realizado por el Estado para todas las comunidades autónomas y, se aplica un coeficiente para ver qué parte de la financiación le corresponde al País Vasco, este coeficiente es la relación de la renta de la región sobre el total de la renta nacional. En este caso, se ha establecido el 6,24%. El resultado final de este cálculo son casi 11.620 millones de euros, que sería la estimación del coste de los servicios públicos financiados por el Estado y de los que también se benefician los ciudadanos vascos.

Sobre la cantidad fruto de los cálculos anteriores se realizan multitud de ajustes que una vez aplicados, resulta el cupo líquido que tiene que pagar Euskadi cada año. Lo que ha acordado el Gobierno vasco con el Ministerio de Hacienda es que la cuantía final sea de 1.300 millones de euros.

Es cierto que la transparencia en el cálculo de la cantidad que tiene que recibir Euskadi por parte del Estado, se ha utilizado como herramienta política para conseguir acuerdos y apoyos en el Congreso y es por eso que muchas voces alertan sobre un posible pacto entre PNV y PP de cara al apoyo de los próximos Presupuestos Generales del Estado que, a priori, se les plantea complicado a los populares.

Desde la aplicación del artículo 155, fuentes del PNV manifiestan a Diario16 que ese apoyo no se va a producir y que ni está encima de la mesa.

De todas formas, el artículo 155 y su aplicación se esfumarán una vez celebradas las elecciones catalanas el 21D, veremos entonces si el PNV decide apoyar o no al Gobierno y si el cálculo “beneficioso” para unos y “justo o precario” para otros, influye en la postura que adopten los vascos en la votación de la Ley de PGE.

El PP, PSOE y el PNV ya han votado a favor; Ciudadanos y Compromís, en cambio, lo hicieron en contra. EH Bildu ya ha manifestado que apoyará el Concierto Económico, pero que abogó por la abstención crítica en lo que se refiere al Cupo.

Por su parte, Albert Rivera, Presidente de Ciudadanos,  ha avisado al Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que el cupo vasco “es un fraude a nuestra Constitución, la cual reconoce en el artículo 138 la foralidad pero advierte que ninguna autonomía puede tener privilegios económicos ni sociales”.

En la misma línea continuó Rivera su intervención en el Congreso durante el debate sobre el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, diciendo que “El “cuponazo” es un amaño político para dar más dinero a quienes deben aportar y no responde a criterios técnicos”, además de censurar que el Gobierno lleve tres años incumpliendo la Ley de Financiación Autonómica, “mientras nos traen con carácter de urgencia la tramitación de un cupo vasco que es completamente injusto”.

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