Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido en los últimos días en Huelva a cuatro altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta dentro de una nueva fase de la ‘Operación Edu’ en relación con el presunto fraude de los cursos de formación, que afectan al Gobierno andaluz, según se ha publicado  Confidencial Andaluz.

Los investigadores de la UDEF han constatado un fraude de 2,9 millones de euros por parte de las empresas sobre las que se ha actuado, pero la cuantía total de fondos públicos concedidos en la resolución investigada asciende a 12,1 millones de euros.

En concreto, los detenidos son Eduardo Manuel Muñoz por su actividad como director provincial del SAE, José Martínez como secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo, José Ángel Gil, como jefe de servicio de Formación del SAE y Manuel María Velázquez, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE.

Todos están acusados de la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Esta nueva fase de la operación ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Huelva.

Estos nuevos arrestos suponen una ampliación de la ‘Operación EDU’ (concretamente la que se bautizó como ‘Eduende’) una vez que los jueces que asumieron el caso en cada una de las provincias afectadas han continuado con sus investigaciones en torno a este presunto fraude masivo. Las fuentes consultadas precisan que esta nueva fase afecta ya a los más altos responsables de cada provincia.

Los detenidos son Eduardo Manuel Muñoz por su actividad como director provincial del SAE, José Martínez como secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo, José Ángel Gil, como jefe de servicio de Formación del SAE y Manuel María Velázquez, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE.

La estrategia de la UDEF en esta investigación ha consistido en avanzar de abajo arriba de la ‘pirámide’ del presunto fraude. Los expertos policiales, comenzaron por la base, entrevistándose con miles de alumnos o profesores que participaron en los cursos, también se investigaron centenares de empresas. El resultados de esas averiguaciones ha dado lugar a detenciones que ya afectan a personas que tenían poder de decisión.

En el marco de la investigación, según informó Europa Press, la Policía acusa a Eduardo Manuel Muñoz de manejar el organismo de forma arbitraria y atendiendo a sus intereses personales e incluso apartó a los funcionarios que no comulgaban con sus actividades. La Policía le acusa de controlar directamente a qué empresas se les daba las subvenciones sin tener en cuenta si cumplían los requisitos exigidos por Ley.

Sin embargo, desde la Junta se ha señalado que los citados cuatro cargos públicos de Huelva acudieron el pasado martes voluntariamente a declarar.

Según fuentes de la Consejería de Empleo, que cita Efe, los cuatro fueron llamados el pasado lunes para que se personaran el martes en la Comisaría de Policía de Huelva.

Por su lado, el PP ha exigido a la Junta de Andalucía y al PSOE explicaciones “de manera urgente” sobre estas cuatro nuevas detenciones, porque el silencio es “intolerable”.

En un comunicado, vicesecretario general del PP de Huelva, Juan Carlos Duarte, ha indicado que “el epicentro de la corrupción vuelve a situarse en Huelva, en este caso, en los pasillos de la Junta de Andalucía y del PSOE de Huelva”.

Estas detenciones, ha recordado, se unen a la implicación del vicepresidente de la Diputación y concejal del Ayuntamiento de Huelva, José Fernández, en la trama de los cursos de formación que se investiga en el Parlamento andaluz, o después de que Gonzalo Rodríguez Nevado dimitiera como alcalde de Punta Umbría debido a la investigación judicial de la trama de los cursos de formación.

Según Duarte, “es muy grave lo que está pasando en esta provincia y el PSOE y la Junta de Andalucía, en vez de aclarar lo sucedido a los onubenses, guardan un silencio intolerable pese a las detenciones e investigaciones llevadas a cabo por la policía y por los jueces”

Asimismo, ha recordado que hace sólo unos días el interventor de la Junta de Andalucía en Huelva arrojó luz sobre el cúmulo de irregularidades detectadas en la gestión de estos cursos en la provincia de Huelva y argumentó que “son exigibles responsabilidades, civiles, penales, contables y administrativas por el menoscabo de fondos públicos y el daño real producido al darse todo tipo de irregularidades especificadas por la ley”.

Noticia publicada en el Confidencial Andaluz

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