Hablan de crisis en pasado. El Gobierno del PP insiste en hacernos creer que la situación ha mejorado, que está mejorando, y que más pronto que tarde volveremos a la estabilidad económica por la senda del crecimiento. Pero los datos, por mucho que se cocinen, dibujan una realidad grave, inquietante e incierta.
En los últimos cuatro años el número de ricos ha crecido en 58.000 personas, mientras que la cantidad de pobres se ha elevado hasta 1,4 millones. En términos económicos esto significa que el patrimonio del 0,4 de la población española supera en valor el 50% del PIB, mientras las rentas bajas se desploman y 5,4 millones de contribuyentes ingresan menos de 6.000 euros al año.
Por tanto, la supuesta salida de la crisis conlleva un ensanchamiento de la brecha social que separa de las clases medias y altas a las menos favorecidas económicamente. Duele afirmar que España es el país más desigual de la UE por la escasa efectividad de su sistema redistributivo, lo que provoca que la concentración de la riqueza en pocas manos se esté produciendo de manera simultánea al desplome de las rentas bajas, en las que cada vez más gente ingresa menos dinero.
Pero hay más elementos en la brecha social que alimentan la brutal desigualdad, y una es muy evidente: la diferencia salarial entre hombres y mujeres. En España las mujeres ganan de media un 15% menos que los hombres. Según datos de Eurostat referentes a 2016, en el terreno profesional es donde existen mayores diferencias de sexo. A pesar de que las mujeres alcanzan mayor nivel educativo que los hombres, no ven recompensada de la misma forma su cualificación ni en sus puestos de trabajo ni en salarios. Porque a la diferencia salarial evidente hay que añadir que los hombres ocupan posiciones más altas que las mujeres en los cargos institucionales o empresariales. Un ejemplo, sólo un tercio (33%) de los directivos de la UE eran mujeres en 2016.
Eurostat también constata que a más hijos, mayor es la diferencia en las tasas de empleo entre mujeres y hombres, algo íntimamente relacionado con el hecho de que un tercio de las mujeres ocupadas trabaje a tiempo parcial, sin olvidar que de forma estructural el paro siempre es mayor entre mujeres que entre hombres.
Si a este panorama de desigualdad le añadimos el creciente deterioro de la sanidad y la educación públicas, pilares básicos para fomentar y garantizar la igualdad en las sociedades democráticas, las afirmaciones del Partido Popular sobre la marcha de España resultan indignantes.
Aunque los recortes en el Sistema Público de Salud español se han frenado en los dos últimos años, estamos lejos de recuperar la situación previa a 2010, tal y como indica la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Se acumulan tijeretazos de 30.000 millones de euros entre 2010 y 2015 y los presupuestos para sanidad continuarán a la baja porque el Gobierno se ha comprometido con Bruselas en seguir reduciendo el déficit público. Esto afecta a la percepción que la ciudadanía tiene del deterioro de la sanidad, habiendo pasado la consideración de que funciona bien o bastante bien, de un 73,88% en 2010 a un 66,2% en 2016.
En educación la situación ni es mejor, ni mejorable a juzgar por los datos, que también se ceban en el sesgo de género. Según el informe “Panorama de la Educación 2017” de la OCDE, las mujeres son apenas el 12% en algunas carreras técnicas. En las carreras de ingeniería, producción industrial y construcción sólo una de cada cuatro estudiantes son mujeres, una cifra que se reduce aún a la mitad –un 12%– en las carreras de tecnologías de la información y comunicación. Estamos siete puntos por debajo de la media de la OCDE.
Por otra parte, de ese informe también se desprenden otras conclusiones muy preocupantes para el corto y medio plazo. Tres de cada 10 personas que no han completado la educación secundaria superior están sin empleo en España, frente al 17% de la OCDE. Y un tercio de los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años no tiene completada la educación secundaria, casi el doble que la media de la OCDE. Además, en la franja de los 18 a los 24 años, un 58% está escolarizado, un 18% trabaja y un 23% ni una cosa, ni la otra.
Con todo lo que entraña esta problemática social, si se abordara con perspectiva, sería posible reconducir la situación de una crisis que dura una década. Se desplazarían las banderas nacionalistas del escenario político para alzar las banderas de los derechos fundamentales, la calidad de vida y el futuro próspero de la sociedad española en su conjunto. Sin embargo, asistimos día tras día al ejercicio propagandístico de un Gobierno que proclama la superación de la crisis mientras la oposición calla o se muestra incapaz de introducir los asuntos sociales, laborales, sanitarios y educativos en la agenda política y mediática. Seguimos inmersos en un momento político de espectáculo y el postureo que oculta la realidad social, cada vez más silenciada.
Cuando la necesidad de una alternativa es cada vez mayor, la ausencia de ésta parece más obvia. El tránsito experimentado en los últimos años, que ha llevado a la sociedad española de la indignación a la resignación mientras las opciones políticas del cambio se disputaban espacio en lugar de construir una alternativa a la corrupta política del Partido Popular, merece una respuesta: los motivos para el cambio siguen ahí con peligro de asumirse como necesarios y ese cambio es posible solo a través de la acción.
La izquierda tiene la responsabilidad moral, política e histórica de reconducir y cambiar el drama que unos niegan, que otros conocemos de cerca y de cuya existencia dan testimonio los datos. La mayor parte de la sociedad española sigue sin notar que la crisis haya pasado y merece respuestas que mejoren sus vidas. Por ello, si quienes hoy se consideran parte de esa izquierda responsable no demuestran capacidad, seremos otros los que intentemos actuar con objetivos muy concretos.
