Los portavoces del PSOE, Ciudadanos y Podemos han sido muy claros cuando se les ha preguntado sobre la crisis en el seno del Consejo General del Poder Judicial: “no hay problema. Todo se arreglará cuando llevemos a cabo su reforma”. El Consejo vuelve a vivir una tensa situación tras aprobar, su comisión permanente, el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que había sido revocado por el Tribunal Supremo.

Los vocales progresistas y conservadores apenas no se hablan entre sí. Y echan la culpa de la situación al presidente, Carlos Lesmes. Los progresistas consideran que Lesmes está empecinado en gestionar el máximo órgano de los jueces sin contar con ellos a pesar de que haya tenido el gesto de incluir a uno en la permanente, que se ha convertido en el núcleo ejecutor de decisiones tan graves como apartar del Tribunal Supremo a Margarita Mariscal de Gante, por presentarse por el PSOE el 26-J.

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Y la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del sector progresista del Consejo ha sido la decisión de volver a proponer a Pasqual de Riquelme para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Resolviendo un recurso presentado por la segunda candidata, Pilar Alonso, el Tribunal Supremo había revocado dicho nombramiento “por no estar suficientemente motivado”. Devuelto al mismo al Consejo, este vuelve a proponer a Riquelme por considerar que “tiene más méritos” que Pilar Alonso. En el escalafón judicial, aquél está 1.160 puestos por debajo de ella.

En su día, los vocales contrarios a la designación de Riquelme argumentaron que la decisión “había sido sexista”. En esta ocasión, dos vocales propuestos por el PSOE, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas, se han unido a los conservadores lo que ha generado malestar entre los propios vocales progresistas.

“Cada vez parece más claro que el Consejo General del Poder Judicial tiene un problema estructural y que hay que reformarlo, dice Cesar Luena, del PSOE. En el partido de Pedro Sánchez se señala que todos los males del máximo órgano de gobierno de los jueces proceden de la reforma llevada a cabo por el gobierno del PP y proponen volver a la estructura diseñada en tiempos de Rodríguez Zapatero. El problema es que ni Ciudadanos ni Podemos piensan de la misma manera. Ciudadanos insiste en que la única solución posible es la disolución del CGPJ y el nombramiento directo por las Cortes de un presidente del Supremo que sea, a su vez presidente de los jueces. “Sólo así se acabaría con la politización del Consejo”.

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